Justicia obliga a Bolsonaro a informar sobre la pandemia
El STF dispuso que el gobierno vuelva al sistema de datos consolidados
El Supremo Tribunal Federal (STF), el máximo organismo judicial de Brasil, obligó ayer martes al gobierno de Jair Bolsonaro a restablecer los datos completos sobre la evolución de la pandemia del coronavirus en el país.
Luego de este fallo judicial, el Ministerio de Salud informó que Brasil registró 1.272 nuevas muertes por COVID-19, con lo que el número de víctimas ascendió hasta 38.406, así como 32.091 nuevos casos, que elevó el total de contagios a 739.503.
Esto confirma a Brasil como el segundo país con más casos de la COVID-19 en el mundo después de Estados Unidos (1.973.803 contagios) y ya muy lejos del tercero (Rusia, con 483.630), así como el tercero con más muertes después de Estados Unidos (111.751) y ya muy cerca de Reino Unido (40.968), según la Universidad Johns Hopkins.
En una declaración publicada ayer martes en el sitio web del STF, el juez Alexandre de Moraes ordenó al Ministerio de Salud “restablecer completamente la divulgación diaria de datos epidemiológicos sobre la pandemia de COVID-19, incluso en el sitio web del organismo, en los términos presentados hasta el jueves pasado”.
Para el magistrado, el no adoptar medidas reconocidas internacionalmente como “la recolección, análisis, almacenamiento y difusión de datos epidemiológicos relevantes necesarios” puede “traer consecuencias desastrosas para la población”.
El manejo de las cifras oficiales en los últimos días, con cambios constantes en su difusión e informaciones contradictorias, había puesto un manto de duda sobre el verdadero número de muertes y contagios por coronavirus en Brasil.
Desde que comenzó la crisis por la pandemia en Brasil, el Ministerio de Salud venía divulgando día a día las cifras consolidadas de infectados y fallecidos, pero en los últimos días optó por cambiar el método.
Primero retrasó el horario de publicación del boletín oficial hasta pasadas las 22.00 horas y después decidió no incluir el número total de casos y muertes por la enfermedad, publicando apenas las cifras registradas en las últimas 24 horas.
La nueva metodología levantó polémica y fue rechazada por las secretarías de Salud de los 27 estados de Brasil y por líderes políticos que acusaron al Gobierno de querer alterar las cifras y actuar de forma poco creíble, e incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió que los datos se continúen comunicando de forma “coherente y transparente”.
Esta no es la primera vez que el STF sale a zanjar una polémica entre el Ejecutivo de Bolsonaro y los gobernadores estaduales. En abril, el Supremo reafirmó que los gobiernos regionales y municipales tenían autonomía para imponer cuarentenas y restricciones que ayudaran a evitar la propagación del virus, en medio de la presión del Gobierno para retomar las actividades.
Bolsonaro defiende desde un primer momento la reactivación de la economía brasileña e insta a que la gente salga a las calles a trabajar porque “el país no puede parar”.
Para Acacio Miranda, experto en Derecho Constitucional del IDP y con una maestría en Derecho Penal Internacional de la Universidad de Granada, la Justicia brasileña ha tenido que intervenir en las decisiones porque el Gobierno de Bolsonaro no ha realizado un buen manejo de la situación.
Según dijo el experto a EFE, la pandemia ha traído de por sí cosas negativas para el Gobierno que han terminado por “desgastarlo”, lo que ha hecho que el Ejecutivo acabe tratando el tema con “inseguridad” y hasta “improvisando”, por lo que “cabe a la Justicia reparar esas circunstancias”.
La crisis del coronavirus también ha llevado a la Justicia a pronunciarse en algunas regiones del país donde las medidas adoptadas por los gobernadores frente a la pandemia han sido modificadas por jueces.
Tal ha sido el caso de Maranhao, en el empobrecido noreste, que a comienzos de mayo se convirtió en el primer estado brasileño en decretar el confinamiento total de la población, tras una decisión judicial.
El llamado “lockdown” fue ordenado en su capital, San Luis, y en su zona metropolitana, tras un pedido de la Fiscalía para evitar un colapso en el sistema de salud.
Río de Janeiro, el segundo mayor epicentro de la pandemia en el país, también ha estado en el ojo de la Justicia, que esta semana derogó parte de los decretos por los que la Alcaldía y el Gobierno regional iniciaron procesos de desescalada de las medidas de distanciamiento social.
Según el nuevo boletín del Ministerio de Salud, San Pablo, el estado más poblado con 46 millones de habitantes, es también el más afectado por la pandemia, con 150.138 casos y 9.522 muertes. San Pablo registró ayer un nuevo récord de muertes, con 334 fallecimientos en las últimas 24 horas.