Las auditorías hacen falta
Esta semana, la candidata oficial a la Intendencia de Montevideo, la economista Laura Raffo, volvió a poner el dedo en la llaga frenteamplista con su habitual agudeza. Y no es la primera vez que genera olas en la vereda de enfrente. Sucedió al hablar de quitarles impuestos a los comercios de barrio o en los tiempos pre Covid, tras comenzar a recorrer y mostrar en qué vergonzosa situación se encuentran muchas zonas de Montevideo, luego de una treintena de años de conducción municipal del Frente Amplio. Contra el argumento de que si han estado tantos años al mando, por algo será, es evidente que se ha aplicado exitosamente el antiguo “panem et circenses” (el pan y circo), del poeta romano Juvenal, (100 AC), quien describía ácidamente la relación entre el poder y el pueblo.
Raffo no hizo más que declarar su intención, de ganar los comicios, de auditar la gestión de las anteriores administraciones. Baste recordar el caso Bengoa, un protegido del Cr. Astori. Uno de los pocos que de milagro salió a la luz en épocas del primer gobierno de Vázquez, cuando se alertó de que los casinos del Estado, contra toda lógica, perdían plata. Y máxime siendo tan grande la cantidad de dinero que pasa por las arcas del Municipio, con una recaudación diaria de unos dos millones de dólares. Si no hay alternancia en el poder los riesgos de peculado o mala asignación de fondos que parecen no ser de nadie, aumentan. Por ejemplo, ¿quién no recuerda los polémicos bancos instalados en la Plaza Zabala que al final se retiraron en gran parte, gastándose en la aventura, medio millón de dólares?
Lo de Raffo es una medida natural en el comienzo de un nuevo gobierno departamental. No debería generar ningún sobresalto, a no ser que haya temor de que aparezca una sarta de abusos, despilfarros, muestras de desorden y situaciones equívocas con olor a corrupción, ya sea de orden monetario o político. Tal lo acontecido apenas se empezó a investigar el funcionamiento del Mides luego del cambio de autoridades.
El Ministerio de Desarrollo Social surgió tras el colapso económico del 2002 a instancias del presidente Jorge Batlle y tuvo el respaldo de todos los partidos. Su implementación se produjo durante el primer tramo del gobierno del Frente
Amplio, bajo la batuta de la ministra Marina Arismendi, (hoy aparentemente en la Rep. Checa), dirigente del Partido Comunista local largamente conducido por su padre Rodney, hasta que misteriosamente huyó hacia la URSS, en plena dictadura.
Como si de abrir la Caja de Pandora se tratara, los nuevos administradores se toparon con los frutos de una absoluta desidia respecto de las responsabilidades en el uso de los recursos, en una institución cuyo principal cometido es la ayuda a los más carenciados. Se encontraron con toda clase de alimentos desperdiciados y vencidos; kilos de leche en polvo, pañales y toda una variedad de comestibles y hasta dos containers donados por el Rotary de Vancouver, Canadá y su contraparte montevideana, repletos de insumos sanitarios, sillas para discapacitados, bicicletas, etc. abandonados sin destino desde hacía un montón de tiempo.
Pero las irregularidades van mucho más allá en esta cartera que desde su modesto nacimiento ha ido creciendo sustancialmente en los montos de dinero que administra, los cientos de contratos que ejecuta y los miles de personas que trabajan allí, de forma directa o indirecta.
Si no hay alternancia en el poder los riesgos de peculado o mala asignación de fondos que parecen no ser de nadie, aumentan. Por ejemplo, ¿quién no recuerda los polémicos bancos instalados en la Plaza Zabala, aventura que costó como medio millón de dólares?
En este respecto se encuentran cientos de ONG cuyo funcionamiento y manejo de los fondos que reciben de la institución resultan bastante turbios. Empezando porque están por fuera del control que debe ejercer el Estado en la utilización de los dineros del erario público. Sin ir más lejos, se detectó la fuga de unos $ 10 000 000 por el impago de alquileres de refugios que debían hacer las ONG.
El Mides les vertía el dinero pero luego no cumplían con el propietario. El cual por su parte, no demandaba ya que por otro lado, el Mides, como era garante de la operación, le saldaba lo adeudado. El organismo pagaba dos veces el precio del arrendamiento. Se encontraron casi 30 inmuebles con escasos controles en el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis); unos $ 4 millones en multas por incumplimiento de Uruguay Trabaja, con el BPS. Y como sorprendente detalle, una oficina de la empresa Otis de ascensores, más allá de que hubiese un solo elevador en funcionamiento, así como 2 camionetas de alta gama casi nuevas. Las evidencias del uso discrecional en favor de las ONG compañeras rompe los ojos y los resultados de las políticas sociales dejan demasiado que desear.