AMBIENTE: FUTURO VICEMINISTRO NO TOMA AGUA DE OSE

—¿La pandemia en curso ha afectado las cadenas alimenticias?

—En la primera etapa, de emergencia, la concentración estuvo puesta en que la gente que estaba confinada pudiera acceder a los alimentos. Esa fase funcionó muy bien en todo el mundo. Los países estaban abastecidos, habían adaptado los ciclos productivos y se pudo construir protocolos de bioseguridad. Incluso la movilidad de alimentos requería una protocolización.

—¿Pero se vio afectada alguna cadena?

—No quiero decir que no haya habido casos (según el Centre for Mathematical Modelling of Infectious Diseases hubo al menos 21 eventos de supercontagio en plantas procesadoras de alimentos). Pero mientras la gente no salía de sus casas, los camiones de alimentos no dejaron de movilizarse porque el humano necesita comer. En ese sentido, el ministro de Ganadería uruguayo, Carlos María Uriarte, jugó un papel clave en la reunión de ministros del Cono Sur explicando que los mercados debían funcionar, que no todo se podía paralizar y que había que mirarse intrarregionalmente para satisfacer el acceso a los alimentos.

—¿Ya se pasó a una segunda fase?

—Sí. Eso pasó cuando nos dimos cuenta que, superada la disponibilidad de alimentos, debía hacerse foco en las posibles disrupciones de centros de distribución. En Perú aconteció que había una circulación comunitaria del virus y eso llevó al cierre de ferias, de mercados. En este sentido, en esta fase es que se empezó a notar la recesión, el impacto macroeconómico. Hay una caída de la producción para el año de 9,2%. Entonces ya no es solo la disponibilidad de alimentos, sino el acceso a los mismos. La reducción del PIB, lleva a un incremento de la pobreza y eso conlleva al hambre.

—¿Es hambre asociada a la pandemia?

—Previo a la pandemia, la región ya venía demostrando un crecimiento de la pobreza. Pero COVID-19 aceleró ese proceso. Hay que evitar que la crisis sanitaria lleve a una alimenticia. COVID-19, a su vez, puso sobre la mesa una oportunidad de transformación: la apuesta hacia sistema productivos más saludables y sostenibles. Uruguay puede capturar esa oportunidad. Ya tiene esfuerzos en ganadería inteligente, en la adaptación al cambio climático, en reafirmar el decreto de etiquetado de alimentos para que la población tenga acceso a la información sobre lo que consume.

—Usted dice que podría verse afectada la demanda, ¿cómo afectará a un país agroexportador como Uruguay?

—La evolución del comercio internacional muestra que las cifras de exportaciones (o las compras de los países más importantes para América Latina) han decrecido un 20% en el primer semestre. Pero cuando se entra al detalle, y se analiza por sectores, en la exportación de alimentos hubo un crecimiento del 8%. ¿Qué quiere decir? Los países están queriendo garantizar el acceso a alimentos. Y lo relevante ahora es que efectivamente todos, independientemente de la caída de los ingresos, accedan a los alimentos.

—¿Cómo podría hacerse?

—Estamos impulsando un salario mínimo y que haya un bono para la alimentación. Los resultados del estudio de la Seguridad Alimentaria muestran que una dieta adecuada para un poblador de Uruguay son US$ 3 diarios. Eso incluye porción de frutas, hortalizas, carbohidratos y todo lo necesario en proporciones adecuadas.

—¿Los problemas alimenticios serán por falta de alimentos o exceso de alimentos más económicos y menos saludables?

—En el cortísimo plazo, en una emergencia, la preocupación está en el acceso a los alimentos y no tanto en qué tipo de alimentos. Pero existe una tendencia, no nueva y que viene de la mano, al consumo de alimentos multiprocesados, envasados que son los más baratos en la compra, pero los más caros en el tratamiento sanitario posterior. Por eso es bueno que Uruguay haya discutido cómo se alimenta su población, que hayan surgido experiencias de más de 120 ollas populares en las que han intervenido nutricionistas y donde se va complementando la alimentación.

—Entonces, ¿son positivas las ollas populares?

—El arte de hacer política pública es el arte de los incentivos. Los incentivos no deben ser eternos, sino tener una periodicidad que permitan dar los saltos cualitativos. Estas ollas no solo permiten el acceso inmediato a alimentos, sino que fortalecen un principio de solidaridad. Es increíble como muchos productores uruguayos han aportado a ese principio de solidaridad. Otra economía es posible siempre y cuando haya una corresponsabilidad de los actores involucrados en el sistema alimentario. Pero está claro que ese incentivo, la olla, no puede ser eterno. No es el mercado el que lo soluciona todo, sino que el Estado tiene que intervenir en estos incentivos.

—¿A qué se refiere?

—Europa se ha dado cuenta que no le ha errado en su proteccionismo al sector agrícola. Eso le permitió que, aun habiendo tenido hospitales desbordados en algunos países, nunca faltó el alimento. Los europeos te venden el libre mercado, pero en la agricultura han impulsado el programa verde, la inteligencia y la protección de sus productos. El mercado no fue suficiente para resolver el problema de COVID19. Sí funcionó, en cierta medida, la globalización.

—Uriarte decía que en la faena de vacunos en Uruguay la producción se concentra, en un 80%, en menos de cinco multinacionales. ¿Eso podría complicar el futuro acceso en Uruguay?

—La concentración de empresas quedó en evidencia en la pandemia, es un problema en la formación de precios y la distribución. Uruguay tiene un consejo consultivo del arroz, eso permite principios de economía de escala, mejorar los márgenes, la ayuda mutua. El ministro uruguayo ha sido muy enfático en eso.

—Naciones Unidas criticó la cantidad de gases que causan el efecto invernadero que emite el sector agropecuario. Uruguay se defendió. ¿Usted qué opina?

—En la última cumbre de cambio climático el sector agropecuario era el malo de la película, el gran contaminante. Pero si algo dejó claro la pandemia es que el sector agropecuario es el bueno en esta historia. ¿Imaginan esta pandemia sin alimentos?

—¿Qué llegó para quedarse con COVID-19?

—Los circuitos cortos de comercialización que vienen acompañados del desarrollo de plataformas tecnológicas. Los servicios, como la maquinaria agrícola, se van uberizando (por usar una desviación del término Uber). También llegaron para quedarse las prácticas de bioseguridad, los protocolos.

—¿Uruguay qué puede hacer?

—Uruguay, que tiene un gobierno nuevo, tiene una oportunidad de una ley modelo de seguridad alimentaria. ¿Por qué? En parte por su estabilidad institucional que es única. Me refiero a una ley modelo en incorporar las buenas prácticas, en el fomento de la alimentación saludable, en las nuevas formas productivas.

Es bueno que Uruguay haya discutido cómo se alimenta la gente”

Dieta balanceada le cuesta, a un uruguayo, unos US$ 3 diarios”