60% GANA MÁS DE $ 100 MIL
tuto”, lo que implica un segundo salario de $ 87.550.
Al enterarse, el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte —que es quien designó a Cabrera y a los otros dos delegados del Poder Ejecutivo en el directorio de Inavi, que por su naturaleza jurídica es de derecho público no estatal—, rechazó la resolución y pidió explicaciones.
“Este gobierno no está de acuerdo con el aumento de sueldos en este contexto que estamos viviendo. Esperemos la respuesta. Si es así, habrá que corregirlo”, dijo Uriarte en una rueda de prensa. “A la misma vez, estamos pidiendo realizar una auditoría de lo sucedido” y a raíz de una serie de denuncias en el instituto, agregó.
“No hemos recibido ninguna notificación formal”, replicó Cabrera a El País. “Sin embargo, considero imprescindible aclarar que esta administración, que ingresó el 25 de mayo de este año, hace tan solo dos meses y medio, es auditada por el Tribunal de Cuentas y la Auditoria Interna de la Nación, y cuenta además con una auditoría externa obligatoria. Si el ministerio considera de orden realizar una nueva auditoría, ofreceremos como corresponde toda nuestra colaboración para garantizar la transparencia del proceso”.
A su vez, Cabrera hizo llegar a Uriarte una carta en la que argumenta que la doble función del presidente del instituto ya había sido resuelta por el organismo en 2011, por lo cual a su juicio no se “innova” y por tanto es “errónea” la afirmación de que se decidió “aumentar el sueldo”. De todas formas, este viernes en una sesión extraordinaria el jerarca planteó al directorio su “absoluta disposición a percibir la remuneración exclusiva al cargo de presidente”. El directorio difirió la resolución del asunto para una próxima sesión.
“No tengo motivos para arrepentirme”, escribió Cabrera a El País. El Inavi “cuenta con total autonomía patrimonial en cuanto a disposición de sus recursos, y amplias facultades discrecionales en materia de determinación de sus salarios o remuneraciones de sus funcionarios en relación de dependencia”, recalcó.
Y ese es, justamente, uno de los temas que tiene disconformes a bodegueros. En el Inavi hay 70 funcionarios, de los cuales 41 (casi el 60%) cobran más de $ 100.000 nominales. “Son sueldos de gerentes de buenas bodegas”, se quejan. Varios creen que el instituto malgasta sus fondos en “una estructura enorme e ineficiente”, aunque lo dicen de forma anónima por temor a las represalias que vienen dadas —aseguran— en forma de inspecciones, multas y sanciones.
“La gente tiene mucho miedo, tanto bodegueros como viticultores, porque el Inavi se ha convertido en un organismo en el que a quienes no están de acuerdo y critican (la gestión), se los cobra. Se ha vuelto un organismo de fiscalización y control”, opina otro actor de la industria.
En los últimos 10 años unas 50 bodegas han sido sancionadas por incurrir en prácticas prohibidas, como agregar agua o azúcar al vino. Hay quienes creen que las sanciones reflejan cierta animosidad contra las bodegas más chicas. Varias han recurrido a la Justicia sin éxito. Las multas pueden ascender a 2000 UR (más de $ 2 millones) por mercaderías de $ 20.000.
“Algunas multas han estado bien asignadas, pero muchas han sido injustas y han llevado al cierre de empresas”, dice Atilio Quercini, que estuvo al frente de la bodega Finca Punta de Brujas, que cerró en 2017 por no poder afrontar los costos de la habilitación de higiene ambiental que le exigía Inavi; hoy asesora a dos bodegas como enólogo.
Quercini es, en este informe, el único que se atreve a hablar con nombre y apellido. Fue parte del directorio de Inavi entre 2009 y 2016 como delegado de la Asociación Nacional de Bodegueros. Su principal interés es que se aclare por qué en 2012 se habilitó un traspaso de al menos $ 8 millones de las arcas de Inavi al Centro de Viticultures sin haberse discutido en el directorio (que él integraba), para lo cual reclama una auditoría (ver recuadro).
Sobre las sanciones, plantea que por falta de protocolo para la venta de vino a granel, hubo sanciones a bodegas compradoras cuando las que le agregan agua son las vendedoras. Menciona un caso puntual en el que incluso se tomó una muestra de un camión antes de que la producción llegara a destino, e igual así se sancionó a la bodega receptora. También señala “doble criterio” en el uso de colorantes: dice que a una sidrería se le impidió, mientras que a una empresa que hacía “vino azul” se le dio vía libre.
Ya sea por el costo de las habilitaciones, como por tener que pagar multas o propiamente por falta de rentabilidad, en los últimos 10 años cerraron, según estiman en el sector, la mitad de las bodegas que había. El expresidente de Inavi se refirió a esto en mayo de 2019 ante la comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados, aunque lo concibió como un problema de más largo aliento. Informó que 25 años atrás, el sector ocupaba unas 12.000 hectáreas y contaba con 439 bodegas. Según dijo, el año pasado las hectáreas de viña eran 6.141 y las bodegas, 165.
Francisco Zunino, que se desempeñó como tesorero y luego como secretario ejecutivo de Inavi entre 1987 y 2007, y cuyo nombre sonó como posible candidato para presidir el organismo a principios de este año, dio una entrevista el 7 de mayo a Informe Granjero, de radio Cristal, en la que criticó duramente la gestión de Lez. “Como decía Damiani, los números no mienten: la gestión no fue buena”, afirmó. Mencionó que actualmente hay 60% menos de viticultores, 50% menos de bodegas, 40% menos de venta en 15 años, y creció la venta de vino importado.
Algunos se quejan de que el instituto no destina fondos para contribuir a la rentabilidad de los que se han ido fundiendo pero “sí tiene la billetera abierta para otras cosas”, como los “sueldos disparatados”.
En paralelo, denuncian las fuentes, se reafirma la existencia de un “oligopolio” supuestamente fomentado por Inavi: “Rompe los ojos de quienes estamos en el sector: mientras decenas de bodegas cierran, algunas pocas crecen y crecen”.
UN CÍRCULO DE PODER. Inavi tiene, desde hace varios años, una política de apoyo a la exportación que genera resistencias porque está basada en la cantidad: es un reintegro de dinero por litro de vino exportado, que en opinión de algunos productores —especialmente los de vino fino— favorece a quienes venden a bajo precio y no a quienes procuran vino de calidad a mayor valor.
“Estamos convencidos de que esa es una visión totalmente errónea porque el interés que tenemos es hacer un negocio sustentable y fomentar a las empresas que agregan más valor; no a las empresas que están exportando commodities a bajo precio por debajo del costo”, dijo el año pasado a El Observador Manuel Bouza, que hasta unos meses presidía la Asociación de Bodegas Exportadoras (ABE).
En la línea de Bouza, otros entienden que esa política responde a un “modelo cortoplacista” que no va en consonancia con el plan estratégico que Inavi diseñó con CPA Ferrere en 2016, y que no ayuda a posicionar a Uruguay en el mercado internacional. “El argumento es: si sacamos el incentivo, se funden todos. Bueno, trabajemos en un plan para sacarlo de forma progresiva y hacer sustentables a los menos desarrollados”, opina un bodeguero.
Otros van más allá y denuncian que el incentivo a la exportación termina siendo una especie de “Robin Hood pero al revés”, porque hasta las chicas aportan para que unas pocas grande, que exportarán de todas formas, salgan favorecidas.
Las cifras de exportación de vino embotellado en 2019 podrían avalar este razonamiento: de un total de $ 43 millones que aportó Inavi a los exportadores (8,3% del presupuesto del organismo), el 70% fue para tres de las 40 empresas que recibieron
el reintegro: Agroland (propiedad del argentino Alejandro Bulgheroni), Vinícola Aurora (brasileña que exporta vino para vender en Brasil, y recibe el incentivo porque lo hace desde Uruguay) y Grupo Traversa. Las tres son bodegas poderosas y con espalda económica; las últimas dos venden a bajo costo, lo cual es visto con malos ojos por parte de la industria.
“Depende de cómo se analice”, dice un miembro del directorio. “Aurora les compra a 30 o 40 bodegas uruguayas que no tienen capacidad de exportar, de modo que se logra una exportación indirecta”. Desde Inavi sostienen que el incentivo se desparrama en todo el sector: bodegas, viticultores y vitivinicultores. “Es un tema social para proteger a todo el mercado, no solo a un grupo”, defiende Cabrera.
Las exportadoras que integran ABE, así como la Asociación de Turismo Enológico de Uruguay (ATEU) y los grupos CREA de viticultores han pedido, sin suerte, participar del directorio al menos como oyentes. Algunos miembros de estas asociaciones entienden que no se les permite porque de esa forma se mantienen decisiones que no los favorecen y se perpetúa lo que consideran un “círculo de poder” en torno a las bodegas que venden más volumen (y, por ende, mantienen a más viticultores), en detrimento de las empresas familiares que elaboran de sus propios viñedos.
“Todo esto es parte de una campaña de escrache de operadores políticos que querían ir a Inavi”, desliza el director anónimo. Varios coinciden. Sin embargo, aprovechan la coyuntura para hacer sus descargos, con la esperanza de que la próxima vendimia sea verdaderamente buena.