El 53% ve ineficiente la forma como gasta el Estado

Se apoya presencia del Estado, pero se estima ineficiente y que debería ajustar su gasto

En las próximas semanas seremos testigos de la discusión del presupuesto nacional. Este complejo conjunto de asignaciones de gastos será el resultado de diversas consideraciones, políticas, económicas, ideológicas y filosóficas. Al final del día, lo que se está decidiendo afecta el grado de participación del Estado en las actividades económicas, las áreas que deben ser prioritarias para la asignación de los recursos públicos y, en definitiva, las actividades a través de las cuales se retribuye a los ciudadanos por el pago de sus impuestos. En esta nota nos centraremos en las opiniones de los uruguayos sobre el rol del Estado en la provisión de servicios a través del gasto del gobierno, a partir de preguntas sencillas a los ciudadanos que hemos hecho en las últimas semanas, sin entrar en detalles técnicos o exhaustivos sobre la temática.

En lo que respecta al tamaño del Estado y las actividades que realiza, las opiniones están divididas. Casi la mitad tiene la sensación que el tamaño es el adecuado (48%), al tiempo que un 29% entiende que es más grande de lo que debería (hace más cosas de las que debería) y un 23% piensa que es más chico de lo que debería (hace menos cosas de las que debería). Los resultados son heterogéneos, es decir, los grupos de ciudadanos con peores indicadores socioeconómicos (en general los jóvenes, las personas del interior y las mujeres), son de la opinión que el Estado debería ser más grande y debería hacer más cosas de las que hace.

Una mayoría absoluta entiende que el Estado gasta en forma ineficiente y una amplísima mayoría estima que es necesario introducir ajustes en la forma cómo se gasta. Un 53% de la población piensa que el Estado gasta en forma ineficiente y que “se requieren ajustes en la mayoría de las áreas” o “gasta en forma muy ineficiente y se requiere una reestructura profunda”. Un 40% dice que el Estado “gasta en forma eficiente” pero que, sin embargo, “se requieren ajustes en algunas áreas”.

De lo anterior, un 93% entiende que debe revisarse la forma en la que el Estado gasta sus recursos. Estos resultados están en línea con el camino que debería tomar el gobierno para mejorar su situación fiscal; una amplísima mayoría, 85% de la población, entiende que el gobierno debe

“achicar gastos” para mejorar sus cuentas (en lugar de “subir impuestos” o “subir impuestos y achicar gastos”, con el 15%). Así, cuando se incorporan las actuales restricciones presupuestales del sector público al análisis, es probable que aumente la proporción de quienes opinan que el Estado es mayor de lo que debería.

La salud, la educación (primaria y secundaria) y la vivienda, en ese orden, son las principales áreas en las cuales la ciudadanía entiende que debe priorizarse la asignación presupuestal. La coyuntura actual, signada por la pandemia, puede haber llevado a la salud al primer lugar, al tiempo que la educación y la vivienda quedan en los primeros lugares reflejando problemas estructurales.

Es interesante el hecho de que estos bienes no son bienes públicos desde el punto de vista económico. Hablamos de aquellos que presentan no rivalidad en su consumo (pueden ser consumidos por distintas personas a la vez) y cumplen el principio de no exclusión (es difícil excluir consumidores). Cuando se dan estas características, un agente privado no tiene incentivos a proveer este bien, puesto que le sería casi imposible cobrar por su uso. En este caso, no habría oferta y por tanto se produciría un fallo de mercado, siendo útil que el Estado se encargue de la oferta. Un ejemplo clásico es el de un faro o un semáforo. A falta de privados que emprendan en esos negocios, es más beneficioso para todos que el Estado se encargue de dicho mercado. Pero este no es el caso de la salud, la educación o la vivienda, que son bienes privados desde el punto de vista económico. Sin embargo, hay otros criterios para justificar la participación del Estado. Por ejemplo, la educación primaria puede ser considerada como bien preferente, es decir, se considera conveniente incluso obligar a los particulares a su consumo.

A partir de las prioridades elegidas, es claro que para los encuestados, el Estado no debería limitarse a subsanar fallos de mercado u otras anomalías como monopolios naturales o mercados incompletos, sino que también estarían primando criterios sociales, como de acceso o equidad.

Otro resultado interesante es que, al momento de recortar, la población se inclinaría por reducir el gasto en algunos bienes que son bienes públicos o, dicho de otra forma, bienes que a ningún privado le sería rentable prestar en forma independiente, como la seguridad exterior. En efecto, las áreas más nombradas para una eventual reducción, son las de seguridad exterior, inversiones en infraestructura y planes sociales. También es interesante que “planes sociales” quede entre los primeros lugares, estando también entre las áreas a priorizar, reflejando un claro disenso de la población en este tema. En cualquiera de los casos, puede existir la percepción que el Estado está gastando más de lo necesario, que no se perciba o valore el beneficio social de las actividades o problemas de ineficiencia.

Finalmente, ¿el gasto público debe asignarse a quienes más lo necesitan o, por el contrario, de forma de alcanzar la mayor cantidad de individuos posible? Las opiniones de los uruguayos están divididas. Algo más de la mitad piensa que es preferible gastar en aquello que llegue a la mayor cantidad de gente posible, al tiempo que algo menos de la mitad está a favor de que reciban los recursos los que más lo necesitan. La primera alternativa se asemeja a la posición utilitarista, es decir, el bienestar de la sociedad mejora si mejora la situación de al menos un individuo, sin importar su situación relativa inicial. La segunda alternativa, por el contrario, resume la posición del rawlsianismo (el bienestar general mejora sólo si mejora el de quienes peor están).

En suma, los uruguayos tienen la opinión que el Estado debe tener una participación no menor en la actividad económica, pero deben realizarse ajustes en diversas áreas, más si ello es necesario para evitar una suba de impuestos. Para priorizar las áreas en las que debe gastarse, priman criterios de oportunidad, acceso y equidad, por un lado, pero también de eficacia y eficiencia, por otro. Es imperativo que el Estado gaste mejor, se reduzca la

burocracia, se limiten los problemas de agencia y los derivados de la economía política.

Fácil decirlo, difícil hacerlo; sin embargo, este es un asunto de vital importancia para aspectos tan diversos como asegurar la sustentabilidad de la deuda, mejorar la productividad de la economía y, en definitiva, que los ciudadanos reciban por parte del Estado servicios acordes a los impuestos que con esfuerzo pagan.

(*) Alejandro Cavallo, Director Consultoría Económica de Equipos Consultores.