La batalla legal de dos padres uruguayos para ver a sus hijos
Pablo espera hace 14 años y Sebastián hace tres
Pablo Carrasco es un peluquero de Pocitos que aguarda desde hace 14 años por volver a ver a su hijo: la madre se lo llevó a Buenos Aires sin su consentimiento cuando tenía un año.
A mediados de 2007 se peleó con su mujer, una psicopedagoga argentina. En 2013 Carrasco inició acciones legales para intentar retomar contacto con el pequeño. En 2016 la Justicia argentina dispuso iniciar la revinculación, pero eso no ha sido posible por la oposición de la madre e incluso derivó en una denuncia penal contra la mujer, por la que fue imputada.
“Esto me pasó a mí, pero le puede suceder a cualquiera. No importa si sos hombre o mujer”, dijo Carrasco a El País.
Sebastián Vieira, en cambio, es un médico salteño que dejó de ver hace tres años a su niño y está en un duro y mediático conflicto con su exmujer en Paraguay, la médica Saudy Villalba. Ella se quedó en diciembre de 2017 en la localidad paraguaya de Fulgencio Yegros, tras un viaje de visita familiar. Vieira reclama traer de regreso al menor.
En ambos casos intervino el departamento de Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Educación y Cultura. El año pasado intervino en unos 20 casos de restitución de menores, entre pedidos de la Justicia uruguaya y casos solicitados desde el exterior. Se trató de un número bajo y en eso incidió la pandemia. Lo habitual es que se tramiten entre 30 y 40 pedidos de menores de 16 años.
En 2020 el MEC intervino en unos 20 pedidos de restitución; otros años hay hasta 40 solicitudes.
“Esto me pasó a mí, pero le puede pasar a cualquiera, sea hombre o mujer”, afirma Pablo Carrasco.
Dos batallas legales en el exterior. Pablo Carrasco aguarda desde hace 14 años por volver a ver su hijo: la madre se lo llevó a Argentina cuando él tenía un año. Sebastián Vieira, en cambio, dejó de ver hace tres años a su niño y está en un duro y mediático conflicto con su exmujer en Paraguay.
La bandera de Uruguay, en la puerta de la peluquería Il Barbiere, se ve desde lejos en la esquina pocitense de Juan María Pérez y Benito Blanco, a dos cuadras de la rambla de Montevideo. Es una de esas peluquerías bien tradicionales, que parecen sacadas del túnel del tiempo. Su dueño, Pablo Carrasco, invita a pasar, se sienta en un sillón, respira hondo y empieza a contar su historia. “Mirá que parece de película”, avisa este peluquero de 47 años, mientras en la vuelta está Blücher, un juguetón pastor alemán de 11 meses que es su gran compañía y lleva el nombre en honor al mariscal Gebhard Leberecht von Blücher, quien dirigió al ejército prusiano en la histórica batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815.
Esta es su peluquería pero también su casa: él vive al fondo del local. Arriba de una mesa hay tres voluminosas bolsas que contienen las fotocopias de los expedientes de lo que ha sido la gran razón de su vida en los últimos años: intentar el reencuentro con su hijo, al que dejó de ver cuando el niño tenía un año de edad allá a mediados de 2007.
Hace casi 14 años que Carrasco espera el reencuentro. El muchacho cumplirá 15 años el próximo 16 de mayo.
—Él vive en Argentina, pero hoy no sé cómo es ni dónde está —dice Carrasco y empieza a mostrar fotos. Las pocas que tiene, no más de siete u ocho, donde el bebé aparece en sus brazos o en los de otros parientes.
Después va hasta el fondo y vuelve con una gastada edición del Código Civil Argentino.
—Lo tengo más que estudiado. Ya soy casi abogado —dice y se ríe.
La historia, esa que parece de película, es larga y compleja. La contaremos más adelante. Pero podría resumirse así: a mediados de 2007 él se peleó con su mujer, una psicopedagoga argentina que vivía en Montevideo, y ella se llevó al bebé a Buenos Aires sin su consentimiento. Los nombres de ambos, del niño y de la madre, no se mencionarán para preservar sus identidades. En 2013 Carrasco inició acciones legales para intentar retomar contacto con el pequeño, que por entonces tenía siete años de edad. En 2016 la Justicia argentina dispuso iniciar la revinculación, pero eso no ha sido posible por la oposición de la madre e incluso derivó en una denuncia penal contra la mujer, por la que fue imputada.
—Esto me pasó a mí, pero le puede suceder a cualquiera —dice Carrasco, quien habla lento, como si meditara cada palabra, como si supiera que cada paso en falso puede ser usado en su contra—. No importa si sos hombre o mujer.
El médico Sebastián Vieira vive a 574 kilómetros de Il Barbiere, en la localidad salteña de Belén. El caso que lo involucra ha tenido ribetes mediáticos en Paraguay, el país donde ocurrieron buena parte de los hechos. Vieira espera hace menos tiempo que Carrasco: tres años y tres meses. Pero ha seguido un camino distinto. No confía en acordar un régimen de visitas y quiere traer a su hijo de regreso al país. Su expareja, la médica paraguaya Saudy Villalba, se quedó en diciembre de 2017 en la localidad paraguaya de Fulgencio Yegros, tras un viaje de visita familiar. Lo hizo sin la autorización del padre y allí empezó un largo y sinuoso camino legal que dejó en el medio al pequeño, que en aquel entonces tenía cinco años. Hoy tiene nueve.
Esta historia también parece de película. Se ha incumplido una sentencia de un tribunal paraguayo que ordena la restitución del niño, aunque una posterior medida interpuesta por la mujer trancó el proceso. “Nosotros ya golpeamos todas las puertas”, dice Vieira, de 33 años, en días complicados porque el COVID también llegó al interior salteño. Desde Asunción, donde trabaja, la madre — también de 33 años— asegura que para su ex el hijo de ambos es solo “un trofeo”.
En este caso, al igual que en la historia que se relata al inicio, intervino el departamento de Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Es la oficina encargada de este tipo de trámites. El año pasado intervino en unos 20 casos de restitución de menores, entre pedidos de la Justicia uruguaya y casos solicitados desde el exterior. Se trató de un número bajo y en eso incidió la pandemia, dice el abogado Daniel Trecca, jefe de Cooperación Civil Internacional. Lo habitual es que se tramiten cada año entre 30 y 40 pedidos de menores de 16 años (ver aparte).
DE CUBA A PARAGUAY. Vieira y Villalba se conocieron estudiando medicina en Cuba y se enamoraron. Ella quedó embarazada y tuvo a su hijo en Paraguay. Luego retornó a la isla junto al bebé para reunirse con Vieira. Ya recibidos, se instalaron en Salto y comenzaron a trabajar allí. Pero la relación se fue desgastando y, cuatro años más tarde, se separaron. La custodia quedó a cargo de la madre: se acordó un régimen de visitas y un convenio que establecía que ambos podrían viajar sin solicitar autorización de la otra parte por un período máximo de 15 días. Pero eso no se cumplió cuando Villalba se fue a Paraguay y no volvió más.
Ahí empezó la batalla del padre para pedir la restitución del niño al país (que no implica la tenencia, eso se debería negociar aparte). Una batalla que tiene varios capítulos. El primero fue un fallo de una jueza en el juzgado del departamento de Caazapá, que rechazó la restitución. Se basó en una supuesta violencia psicológica y física denunciada por la madre del niño y en el principio de interés superior del menor.
Pero un tribunal de apelaciones de segunda instancia le dio la razón a Vieira el 13 de noviembre de 2018 y ordenó el regreso del niño a Uruguay. En la sentencia se argumenta que “no quedó demostrada la supuesta violencia, ya que no se presentaron pruebas como informes médicos, ni procesos penales contra el agresor”. Y se dice que no queda demostrado que el padre sea un “peligro para el niño”. En conclusión, se resuelve que estos argumentos son “a todas luces inconsistentes”. La madre se encadenó frente al Palacio de Justicia en Asunción y el caso fue seguido por la prensa de ese país. Luego interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que fue rechazado a mediados de 2019. “Yo estaba, no te digo que resignada, pero sí mal porque él tenía que volverse y contra su voluntad”, dice Villalba. “La mayoría de los niños viven con su madre, salvo que se demuestre que la madre sea loca o una drogadicta, lo cual nada que ver conmigo”.
Hubo tres intentos para que el niño volviera al país y todos fracasaron. El primero fue a fines de 2019. Ese día a Vieira se le rompió la camioneta en el camino y avisó que llegaba tarde. Según su versión, arribó 15 minutos después de lo acordado y no lo dejaron ingresar. La madre, en cambio, dice que nunca arribó.
Segundo intento de entrega: la familia de Villalba propuso un acuerdo que implicaba desistir de todas las demandas y procesos iniciados, mantener la custodia a favor de la madre y fijar un régimen de visitas amplio. Hubo una reunión de las dos familias con el niño. Vieira lo aceptó, aunque luego dio marcha atrás y dijo que se había sentido presionado.
“¿Sabés cuál es el tema?”, pregunta desde Belén. “Ella se fue de acá con un permiso para viajar con el niño por no más de 15 días, sin permiso de radicación. Y no volvió. ¿Qué garantías tengo yo de que eso se cumpla y que venga en vacaciones?”. Luego de ese hecho, estaba prevista una instancia de entrega en la que, según la madre, él no se presentó. Vieira dice que no fue porque Villalba había “comprado” a su abogada y sin una profesional no podía retirar al niño.
El tercer intento fue el 5 de marzo de 2020, unos días antes del inicio de la pandemia. Vieira llegó con custodia policial y, unos minutos antes, ella pidió postergación porque dijo que se había enfermado: tenía dengue. Entonces el padre fue al domicilio de la familia en Yegros, con la Policía. Según se ve en un video al que accedió El País, decenas de personas lo recibieron con gritos e insultos. Hubo algunos golpes también y la Policía debió intervenir. El hombre volvió a subir a la camioneta, cuando apareció la madre y le pidió que bajara la ventanilla.
Entonces ella inició un largo discurso, mientras era vitoreada por los presentes, que eran vecinos, familiares y amigos.
—Hace dos años que no nos deja vivir por capricho. Por enfermo, él y su mamá hicieron que yo viniera corriendo de su país —dijo a los gritos y cubriéndose del sol con un paraguas.
Vieira escuchaba en silencio desde adentro del vehículo.
—Tu hijo se está por enfermar por tu culpa. ¿Y vos te lo querés llevar contra su voluntad? Sos un hipócrita, desgraciado.
Hubo aplausos y gritos de festejo, como si fuera un partido de fútbol.
—Magistradas de mierda, son cómplice de esto. La Justicia divina les pagará muy caro. ¿Eso quiere la Justicia paraguaya? Sobre mi cadáver se llevarán a mi hijo. ¿Qué madre de este país o del mundo va a abandonar a su hijo?
Hubo más gritos y aplausos. El auto se fue y los manifestantes se dispersaron. La abogada de Vieira, María Stephanie Mezza, dice que la Justicia paraguaya no hizo más nada: “Tenemos una hermosa sentencia ganada, pero Paraguay no la ejecuta”. Tras este violento hecho, los abogados de la madre pidieron otra vez una audiencia con la jueza de primera instancia para que escuchara al niño. Él declaró que no se quería ir e intentaron demostrar que tenía su arraigo allí. Entonces interpusieron una medida cautelar de permanencia en el país para suspender los efectos de la sentencia anterior: Caazapá resolvió que el niño no debía irse. El padre apeló pero no tuvo éxi
to. “Así resolvieron una situación que en todo caso debería haberse resuelto antes y con eso nos trancaron”, explica la abogada del padre, que ahora prepara una demanda contra el Estado paraguayo por incumplimiento de los tratados internacionales. “No le queremos sacar al hijo: es un padre que quiere recuperar el vínculo”, dice. “Son tres años perdidos”.
Además, Vieira envió el 24 de marzo una carta al presidente Luis Lacalle Pou: “Solo nos queda que él nos escuche a ver si existe un camino para solucionar el tema”. En cambio, Villalba afirma que su expareja debe “dejarse de joder con los temas judiciales” y pensar en el niño. “Esto es un capricho de él, lo considera un trofeo y tomó esto como una guerra a ver quién es más fuerte, quién gana. Está equivocado. Yo pensé que con el tiempo se le iba a ablandar el corazón”.
CATORCE AÑOS DE ESPERA. La historia de Pablo Carrasco se parece más a una guerra fría, sin enfrentamientos directos. Pero para contarla hay que retroceder al Montevideo de inicios de 2002. Él regresó de Europa, donde vivía, y abrió una peluquería en Avenida Brasil y Obligado. Fue ahí que conoció a la que sería su pareja: una empleada la atendió mal y ella se fue molesta. Él la corrió y la convenció de volver a entrar. Se pasaron los teléfonos, la invitó a salir y nació un romance.
Tiempo después buscaron un hijo y quedó embaraza. Lo tuvieron en Buenos Aires: el 16 de mayo de 2006 nació el bebé en la lujosa Clínica Suizo Argentina. Volvieron a Montevideo, pero la relación ya
La defensa de Sebastián Vieira demandará ahora al Estado paraguayo y envió una carta a Lacalle Pou.
venía mal en ese entonces. Según la versión que ella daría ante el juzgado en Argentina varios años después, él la amenazó para que “no volviera a Uruguay” con el niño. En Montevideo la mujer presentó denuncias contra él por violencia, lo que Carrasco niega.
Lo cierto es que se separaron. Y, mientras se tramitaba un régimen de visitas, ella desapareció, según la versión de Carrasco. La última vez que él vio a su hijo fue a mediados de julio de 2007, cuando el niño tenía poco más de un año. Luego no supo más nada: se los había tragado la tierra. Mucho tiempo después sabría que salieron en un Buquebus el 29 de julio rumbo a Buenos Aires. La mujer, en cambio, declaró que volvió a Argentina “con total conocimiento de él”.
Carrasco viajó a Argentina, sin suerte. No los encontró. Entonces se dedicó a la peluquería pero eran épocas difíciles.
—Toqué fondo, tanto económica como emocionalmente, pasé una etapa negra —dice y y muestra cierta angustia—. ¿Viste cuando en los dibujitos el Pato Donald quiere agarrar los platos y se le caen todos? Me pasó eso.
Cuenta que en 2010 se fundió, hizo terapia y en 2011 se volvió a levantar: abrió el actual local en Juan María Pérez. Más estable a nivel económico y emocional, a inicios de 2012 se decidió a intentar retomar el contacto con su hijo. El niño ya tenía seis años. Una noche soñó con sus abuelos fallecidos, quienes le decían “tenés que ir a Buenos Aires, andá a Buenos Aires”. Así lo cuenta él: “Es creer o reventar”. Entonces inició gestiones con Autoridad Central del MEC y, un año después, se determinó que el niño vivía con su familia en Vicente López. Volvió a viajar y le pusieron un defensor.
Carrasco se asesoró: “Acá tenés dos alternativas. Intentás extraditarlo o gestionás un régimen de visitas”, le dijeron y le recomendaron la segunda opción. Era la pacífica y decidió no ir a la guerra:
—Acá el que sufre es el niño y él a mí no me conoce, lo tengo claro.
Hubo una primera audiencia de conciliación, sin acuerdo. Él dijo que quería tener un vínculo con su hijo y se mostró dispuesto a respetar los tiempos que el niño necesitara. Ella se opuso en forma terminante y argumentó que “había sido víctima de violencia emocional y física” cuando eran pareja. Contó que una vez le golpeó la cabeza con un espejo y que el propio bebé padeció “castigos psíquicos y físicos”. El padre “le gritaba” cuando lloraba y “rompía cosas en un estado de absoluto descontrol”. Dijo que padecía alcoholismo y “un trastorno psiquiátrico”. También marcó que él se había desinteresado “en forma material y moral” por la vida de su hijo durante cinco años.
El informe que escribieron una psicóloga y una trabajadora social para la jueza detectó claras “inconsistencias” en algunos de los comentarios de la mujer.
Carrasco niega las acusaciones, no el alcoholismo. De hecho, acudió a Alcohólicos Anónimos en 2003 y relata que la propia madre del niño lo ayudó en su momento a recuperarse. Pero dice que ella usó ese tema para decir que él era “agresivo y violento”.
Y reclama:
—Yo podría ser un delincuente, que no lo soy, pero mi hijo tiene derecho a ver su padre.
Entonces empezó una batalla mucho más larga de lo que imaginó. Se dio intervención al equipo técnico para encarar tratamientos terapéuticos con las dos partes. La madre no llevó al pequeño a la primera entrevista. Su falta de compromiso con el proceso de revinculación se repetiría innumerables veces en los años siguientes. Muchas veces Carrasco viajó desde Montevideo, pero la otra parte no estaba presente, según consta en el expediente del caso.
El equipo técnico informó a la jueza que la madre tenía “una actitud defensiva que dificulta el trabajo de revinculación y no posibilita que su hijo logre la confianza necesaria para llevar a cabo el proceso”. Se detectaron contradicciones: por un lado manifestaba su deseo de llevar a cabo la tarea y al mismo tiempo reclamaba peritajes para Carrasco. La negativa del niño “parece responder a la importante influencia de la familia materna”, dice un informe del juzgado de familia.
A ella se le pusieron varias multas por no comparecer sin una causa justificada (lo que coincidió, además, con muchos cambios de abogado en poco tiempo). Aún hoy tiene embargado el sueldo desde aquel momento. En un escrito presentado ante el juzgado, ella afirmó que esas multas afectaban sus ingresos: “Son el alimento de mi hijo, alimentos que su padre jamás aportó desde su nacimiento”.
Una psicóloga que tuvo varias sesiones a solas con el niño dictaminó que pasaba por “stress postraumático” y que la situación ponía en riesgo su “salud biopsiqui-cosocial”.
En junio de 2015 la madre abrió una cuenta en Twitter para denunciar que el juzgado de familia ejercía “violencia de género”. Entonces el niño tenía nueve años. “Ya tuve seis abogados y el juzgado destroza la vida de mi hijo”, reclamó.
El 21 de noviembre de 2016 la jueza Gabriela Paladín ordenó la revinculación y resolvió hacer lugar a la solicitud de régimen de “comunicación internacional” entre Carrasco y su hijo, un día al mes en las instalaciones del Centro de Investigación, Prevención y Asistencia de Menores en Riesgo (Cipamer). La idea era ir ampliando el régimen, de acuerdo a las evaluaciones de la institución.
La jueza también intimó a la madre a “dar estricto cumplimiento” con lo dispuesto, bajo apercibimiento de “tomar todas las medidas que aseguren su cumplimiento, incluido el uso de la fuerza pública y la sanción prevista en el artículo 700 del Código Civil”, que es quedar privado de la responsabilidad parental.
Pero la madre impidió la revinculación, incluso a los técnicos de Cipamer les costó encontrarla y, cuando lo hicieron, ella dio un teléfono falso. Se inició una denuncia penal, con la cual ella fue imputada.
El 10 de setiembre de 2019 el muchacho, que ya tenía 13 años, dijo ante la jueza que aceptaría hablar con el padre por teleconferencia. Pero, una vez más, no fue posible.
Un año más tarde la madre dijo a la abogada de oficio que el adolescente vivía ahora con su madrina, pero que ella no tenía teléfono para contactarlos. También que de lunes a viernes era imposible hacer teleconferencia porque él tenía colegio y muchas tareas para realizar.
Respecto a la causa penal, en noviembre de 2018 se abrió una amnistía y se ejecutó lo que se llama suspensión del juicio a prueba, para darle la oportunidad a la madre de propiciar la revinculación. Dos años después, el 15 de diciembre de 2020 se revocó la suspensión debido a los repetidos incumplimientos, en este caso para realizar la videollamada. La audiencia penal decisiva será el 21 de mayo.
Pero ahora en el juzgado de familia no saben dónde vive la familia. La defensa de Carrasco solicitará que se pida a Interpol que los ubiquen.
—Es como empezar de nuevo, ¿entendés? Y yo estoy en esto desde 2013 —dice Carrasco, sentado en el living de su peluquería—. Al principio tenés odio, ahora lo saqué porque el odio no te alimenta, no sirve de nada, es todo negatividad. Pero sigue la bronca e impotencia.
El abogado argentino Alejandro Mischutin, quien vivió mucho tiempo en Montevideo y es amigo de Carrasco, lo aconsejó en su momento sobre el camino legal a seguir en la vecina orilla. Hoy admite que no recuerda un caso así: “Que un padre quiera tener integración con su hijo y que la madre dé vueltas y vueltas y la jueza se conforme con aplicarle multas y nada más... Yo no le encuentro una explicación lógica”. Mischutin perdió la cuenta de la cantidad de veces que su amigo viajó a Buenos Aires y volvió sin resultados concretos.
Carrasco sigue pensando que hoy es inviable traer a vivir a su hijo acá, porque el muchacho no lo conoce y ya ha sido “adoctrinado” diciendo que es “lo peor”. —El daño puede ser mayor —admite. —¿Qué sabe de él?
—Me dijeron que es más alto que yo, que le gusta mucho el fútbol, es muy inteligente y capaz. Pero no tengo ni una foto y eso que busqué en redes. Nada, es como que lo metieron en una burbuja —cuenta y, como otras veces, hablará del “niño” y luego se corrige. Ya es un adolescente.
Sueña con que el reencuentro está cada vez más cerca y dice que lo ha ayudado mucho la terapia y el deporte (va al gimnasio y hace bicicleta).
—Pero no es fácil. A veces me cuesta levantarme y por momentos te quebrás mal —dice y hace un silencio.
—Si pudiera verlo, ¿qué es lo primero que haría?
—Lo primero que hago es llorar... Cuando lo vea, me voy a desarmar. Voy a llorar. Está en la tapa del libro. Los sentimientos no se gobiernan. Luego me encantaría abrazarlo, pero voy a ver cómo reacciona. Tampoco lo quiero atomizar. De la madre no le voy a hablar mal porque no corresponde, me interesa el vínculo. Luego le entregaría una carta.
Esa carta ya está escrita, desde cuando él tenía 13. Ahí cuenta: “No sé cómo es tu cara, pero cada 16 de mayo festejo tu cumpleaños, deseando poder verte (…) Tendrás muchas preguntas para hacerme, yo siempre te diré la verdad”. Le dice que le encantaría que —salgún día— pudiera visitarlo: “Siempre rezo pidiéndole a Dios para que llegue ese día”.
“Sobre mi cadáver se van a llevar a mi hijo”, dijo Saudy Villalba, una de las veces que el padre lo fue a buscar.