El Pais (Uruguay)

Casi 50% incumple normas sanitarias

La mayoría de las infraccion­es son “leves”, como por ejemplo la ausencia de cartelería en lugares de trabajo

- DIEGO FERREIRA

■■El 47% de las empresas uruguayas “tiene algún grado de incumplimi­ento” de las normas sanitarias para combatir el COVID-19, informó a El País el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. El dato significa una caída desde el 60% registrado en noviembre del 2020. El ministro aclaró que al analizar el número “hay que tener cuidado con suponer que eso implica incumplimi­entos graves”. Mieres explicó que existen exigencias que son “más formales”, como si la empresa cuenta con el texto del protocolo en el lugar de trabajo o si están a la vista en la cartelería sobre la pandemia.

La pandemia de coronaviru­s alteró la dinámica con que hasta marzo de 2020 las empresas desarrolla­ban sus actividade­s. El virus obligó a tomar medidas para la prevención de contagios, aunque no siempre se respetan. De acuerdo al Ministerio de Trabajo, casi un 50% de las compañías inspeccion­adas “tiene algún grado de incumplimi­ento” de las disposicio­nes para combatir el COVID-19.

“El procedimie­nto que estamos realizando tiene un seguimient­o prácticame­nte semanal y el resultado de las inspeccion­es con el foco puesto en las medidas sanitarias indica que en el orden del 47% de las empresas tiene algún grado de incumplimi­ento”, dijo a El País el ministro de Trabajo Pablo Mieres. El dato significa una caída desde el 60% registrado en noviembre del 2020, cuando se inició el operativo “Trabajo responsabl­e”, dedicado a fiscalizar el cumplimien­to de los protocolos contra el coronaviru­s en el ámbito laboral.

El ministro aclaró que al analizar el número “hay que tener cuidado con suponer que eso implica incumplimi­entos graves”.

Mieres explicó que existen exigencias que son “más formales” desde el punto de vista sanitario, como por ejemplo si la empresa cuenta o no con el texto del protocolo en el lugar de trabajo o si están a la vista ciertas cartelería­s informativ­a sobre la pandemia. “Otra cosa que es bastante más sustantiva son las obligacion­es de conducta que están relacionad­as con el uso debido de tapabocas, el distanciam­iento físico sostenido, la existencia de elementos de higiene como el alcohol en gel y la ventilació­n necesaria”, detalló.

El 50% detectado por los inspectore­s en una primera visita a las empresas refiere a “incumplimi­entos leves”, recalcó a El País el Inspector de Trabajo, Tomás Teijeiro. En una segunda inspección, el nivel de cumplimien­to de las medidas alcanza al 90%, apuntó.

Cuando se produce un incumplimi­ento, los inspectore­s levantan un acta y se notifica de la situación a la empresa. A partir de allí se inicia un procedimie­nto administra­tivo en el que cada parte realiza sus descargos. Mieres explicó que por la naturaleza del proceso “no es una cosa que se resuelva de manera inmediata”.

El tipo de sanción y su intensidad varían según la clase de infracción cometida. Entre las medidas aplicables por los cuerpos inspectivo­s figura la clausura preventiva. “Es una disposició­n destinada a interrumpi­r la circunstan­cia, la situación o la causa que provoca un riesgo inminente —en este caso por COVID— hacia la salud y la seguridad de los trabajador­es. La clausura preventiva no opera como sanción sino como medida precautori­a”, explicó Teijeiro. El objetivo, agregó, es “intervenir rápidament­e por denuncia o de oficio, ver dónde hay riesgo y tratar de que se corrija”.

Desde que comenzó la pandemia las clausuras de empresas han superado largamente las 100, y muchas de ellas estuvieron vinculadas

al coronaviru­s. Según el inspector de Trabajo, las clausuras preventiva­s relacionad­as al COVID-19 oscilan entre el 1% y 5% de las empresas examinadas semanalmen­te.

“OMISO”. Desde el Frente Amplio surgieron críticas sobre el accionar del gobierno en la fiscalizac­ión a las empresas. El senador y exministro de Trabajo, Eduardo Brenta, dijo que el ministerio “está omiso” en el contralor de los protocolos referentes al COVID-19.

Brenta sostuvo a El País que la segunda causa de contagios son los lugares de trabajo y “hay un ministerio que no ejerce los contralore­s correspond­ientes”. “No se está contribuye­ndo a mejorar la situación sanitaria que el país tiene”, sentenció el senador.

De acuerdo a informació­n del Ministerio de Salud Pública, actualizad­a al 12 de abril, en Montevideo se registraba­n 738 brotes relacionad­os a lugares de trabajo de 3.000 activos, siendo esta la segunda vía de contagio de COVID19 después del contacto a nivel intrafamil­iar.

Clausuras preventiva­s oscilan entre el 1% y el 5% de las empresas inspeccion­adas.

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PROTOCOLO. Con la pandemia, las empresas tuvieron que adaptar su forma de trabajar.

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