¿Y la Justicia?
Ocupar terrenos ajenos se ha puesto desde el año pasado de moda en Maldonado. La usurpación de tierras no para. En Playa Verde y el Sauce de Portezuelo. En Santa Mónica y en el Balneario Buenos Aires. En Punta Negra, en Laguna del Sauce y en Punta Colorada.
La escena se repite, con llamativas similitudes. Primero llega alguna gente. No se trata de personas en situación de vulnerabilidad. No son uruguayos que no tienen un techo para su familia. Nada de eso. Desembarcan en los terrenos previamente identificados y lo hacen en autos de alta gama o en camionetas 4x4 en las que trasladan los primeros materiales.
Desde entonces todo sucede con una rapidez digna de mejores causas. Si hay alguna construcción, la tiran abajo. Si hay algún cartel, desaparece. Y pronto aparecen las primeras familias que, sin demora y después de haber llegado a un acuerdo económico con los capitalistas que promovieron la usurpación, comienzan a levantar sus precarias viviendas. Para cuando las autoridades toman conocimiento de la maniobra y llegan al lugar, ya hay familias con niños que reclaman que no se les desaloje. Que hablan de su derecho a contar con un lugar para vivir. Que piden que, si los van a sacar de allí, el Estado les ofrezca una reparación económica o una vivienda. Y no tarda el aparecer el abogado que los representa. Todo calcado. Casi guionado.
El delito de usurpación está tipificado, con claridad meridiana, en el artículo 354 del Código Penal. Puede perseguirse incluso de oficio y hasta se considera un agravante el usurpar un terreno en una zona balnearia. Sin embargo, las ocupaciones avanzan y los que las alientan se están llenando los bolsillos, sin que los particulares que resultan damnificados y las autoridades departamentales encuentren en el Poder Judicial la diligencia debida.
¿Por qué los fiscales no hacen cumplir la ley? ¿Por qué no hay consecuencias para quienes están detrás de la industria de las ocupaciones ilegales de tierras, considerando que están lucrando con la necesidad de muchos y afectando los derechos de tantos?
¿Por qué, ante denuncias concretas presentadas por la Intendencia de Maldonado o los particulares que ven cómo se les usurpan sus tierras, el Poder Judicial no avanza? ¿Por qué se formaliza tan poco?
La Intendencia de Maldonado ha llevado el caso al mismísimo Fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien el año pasado visitó algunos predios ocupados. ¿Por qué no se ha bajado desde la Fiscalía de Corte una instrucción clara a los fiscales para actuar conforme a la ley?
¿Por qué no se investiga a quienes promueven estas ocupaciones ilegales, siendo que no son pocos los que aseguran que hay vehículos y rostros que se repiten en el inicio de cada usurpación?
¿Por qué no se persigue a los particulares o las organizaciones que están dentro de estas ocupaciones cuidadosamente planificadas? ¿Por qué no se investiga la venta de los terrenos que usurpan a personas de escasos recursos, utilizando las necesidades de algunos para llenarse los bolsillos?
¿Qué es? ¿Temor de proceder, desidia o algo más?