Choque entre empresa portuaria y el gobierno
Un decreto genera acusaciones cruzadas de “ilegalidad” entre Montecon y el ministro Heber
La empresa Montecon, que opera en los muelles públicos del puerto de Montevideo, salió al cruce del ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber que la había acusado de actuar en forma “ilegal”.
La operadora portuaria (que tiene como accionistas a la chilena Ultramar y la canadiense Atco) contraatacó ayer con un comunicado y dijo que Heber hizo afirmaciones que “no son exactas, que cuestionan sin fundamento la legitimidad de las actividades de Montecon y con las que se justifican decretos que a nuestro juicio son ilegales”.
Todo esto se debe al lío generado en el puerto, tras un acuerdo entre la empresa belga Katoen Natie —propietaria del 80% de Terminal Cuenca del Plata (TCP), la única especializada en contenedores— y el gobierno para evitar un juicio de esta contra el Estado uruguayo por US$ 1.500 millones. En el acuerdo, Katoen se comprometió a desistir de la demanda y el gobierno a aplicar —de acuerdo a cómo la interpreta— a la ley de Puertos y sus decretos reglamentarios.
Así, el Poder Ejecutivo emitió un decreto en el que establece que los buques portacontenedores deberán operar únicamente en TCP, salvo que la terminal esté llena, en cuyo caso serían derivados a los muelles públicos. Esto es un “monopolio de hecho” como reconoció el prosecretario de Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés ante la comisión de Transporte del Senado.
Ante ello, Montecon respondió ayer que “el régimen de libre competencia en las actividades portuarias existía al tiempo en que se licitó y se adjudicó la terminal a TCP, ella declaró conocer esta normativa y se sometió voluntariamente a ella. Un régimen de libre competencia no admite que se establezca un privilegio en favor de un competidor, como lo es el que por decreto de autoridad se fuerce a las líneas navieras a atender sus naves prioritariamente en la terminal de TCP y se le conceda a esta empresa la exclusividad del movimiento de contenedores del puerto”.
HEBER VS. MONTECON. En la comparecencia ante la comisión de Transporte del Senado, Heber afirmó: “la actuación en los muelles públicos llevada a cabo por otra empresa (N.der.: alude a Montecon sin nombrarla) era ilegal”.
El ministro argumentó que el “artículo 11 de la ley de Puertos” establece que “otorgar concesiones, permisos o autorizaciones a personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, a los fines de que realicen servicios portuarios necesariamente debe tener la aprobación del Poder Ejecutivo” y “esto no fue lo que sucedió con una empresa que actuaba en los muelles públicos, ya que los permisos eran otorgados por la Administración Nacional de Puertos (ANP)”.
Montecon contestó que “fue habilitada por el Estado como operadora portuaria de conformidad a la ley de Puertos y a su decreto reglamentario 413/992, según consta en resoluciones de la propia ANP del año 2000 y 2003 ambas aprobadas por el Poder Ejecutivo. Esas habilitaciones le permiten prestar servicios de transferencia de toda clase de cargas en el Puerto de Montevideo, particularmente contenedores, usando parte de su infraestructura, sin exclusividad ni privilegio alguno, y pagando
lo que el Estado exige por ellas”.
Heber había señalado también que Montecon “en forma irregular porque no fue el Poder Ejecutivo el que le dio esos permisos” realizó en los muelles públicos, “en la vía de los hechos, una terminal de contenedores porque así se vendía la empresa, estableciendo contratos que iban más allá del año aunque los permisos eran de 90 días”.
La empresa respondió que “ha venido operando por espacio de más de 20 años, período durante el cual jamás autoridad alguna cuestionó la legitimidad de sus actividades y, por el contrario, se le ha permitido participar en las licitaciones públicas de áreas de almacenamiento para permitir el mejor desarrollo de las actividades del puerto”. Agregó que “Montecon ha pagado a la ANP más de US$ 100 millones por el uso de áreas de almacenaje, permisos, concesiones y tasas por transferencia de contenedores, ascendiendo en los últimos años a aproximadamente US$ 14 millones anuales. Además, Montecon ha invertido más de US$ 90 millones en obras de infraestructura portuaria”.
El ministro había señalado en la comisión, sin nombrarla,
que Montecon tiene con permisos 16.740 metros cuadrados (m2) en el puerto, “pero, en este momento, explotan 150.000. Por tanto, 133.260 m2 son sin concesión y sin permiso. Por eso hablamos de notorias irregularidades. Esta situación es irregular porque los permisos y las concesiones fueron otorgadas a esta empresa por un valor aproximado de entre US$ 19 y US$ 26 el m2. En cambio, por los 133.260 m2 que no tienen permiso ni concesión, hoy se paga entre US$ 3 y US$ 6 el m2”.
La operadora negó esto. “Montecon utiliza, además de sus áreas permisadas y concesionadas (por un total de 16.700 m2), un área para operación de contenedores en régimen de almacenaje de 32.800 m2, no 150.000 m2 como se ha dicho, que representan apenas 22% del total de áreas de uso común que también son usadas en el mismo régimen por otros operadores y depósitos del puerto de Montevideo”, afirmó en el comunicado. “Montecon paga por el uso de esta infraestructura portuaria en régimen de almacenaje de contenedores una tarifa de US$ 7,16 el m2, no US$ 3 y US$ 6 por m2 al mes como ha manifestado erróneamente el ministro de Transporte”, añadió.
Heber sobre Montecon: actuaba en forma “ilegal” e “irregular”.