Cae una banda que falsificaba libretas de conducir
Seis personas procesadas con prisión
■■ La Fiscalía y la Policía desbarataron una organización de falsificadores de libretas de conducir, carné de salud y carné de manipulación de alimentos.
Por las libretas de conducir, la banda pedía $ 30.000, mientras que los carnés de manipulación de alimentos valían $ 4.500. La organización estaba integrada por el dueño de una escuela de conducir y una funcionaria municipal de Treinta y Tres, entre otras personas. El papel de la funcionaria era otorgar los resultados de las pruebas teóricas a los interesados, quienes no daban los exámenes prácticos. En la Jefatura olimareña, la banda sacaba certificados de domicilio truchos.
Seis personas fueron procesadas con prisión.
Una organización desbaratada por la Fiscalía y la Policía de Canelones otorgaba libretas de conducir y carnets de salud y de manipulación de alimentos, y lo hacía en base a documentos de la intendencia y de la Jefatura de Treinta y Tres.
La maniobra era sencilla. Personas con problemas para renovar sus libretas de conducir porque tenían deficiencias de visión, no aprobaban los exámenes o se les habían retirado por circular en estado de ebriedad, se contactaban con un sujeto que oficiaba de nexo con la banda en Treinta y Tres.
Este individuo le trasmitía a los interesados los precios de los “servicios” de la organización: $ 30.000 por una libreta de conducir y $ 4.500 por un carnet de manipulación de alimentos, el que tiene validez en todo el país. No trascendió el costo de un carnet de salud. En cambio, una libreta apócrifa de Maldonado valía $ 15.000.
Luego de acordar los precios, los interesados debían dirigirse a Treinta y Tres. Allí los recibía el propietario de una academia de conducir olimareña. Dicha empresa contaba, a su vez, con los “servicios” de una funcionaria municipal que les daba a los interesados los resultados de la prueba escrita.
En ocasiones, los interesados eran trasladados a la Jefatura olimareña donde les hacían un certificado de domicilio para poder recibir la libreta en ese departamento. Así lo relataron a El País los abogados de dos detenidos, Marcos Pacheco y Martín Frustaci.
Pacheco explicó que, por esa razón, la fiscal de Las Piedras, María Cecilia Bonsignore, pidió a la Justicia que impute a seis detenidos por los delitos de asociación para delinquir, cohecho (coimas) y falsificación de certificado público y documento falso.
Por su parte, el jefe de Policía de Canelones, Víctor Trezza, dijo a El País que los principales integrantes de la organización eran estos seis, y entre ellos hay una funcionaria de la Intendencia de Treinta y Tres.
Trezza afirmó que no tenía información sobre que la banda tuviera vinculaciones con policías, aunque señaló que para sacar la libreta de conducir se precisa un certificado de domicilio emitido por la Jefatura. “Es posible que ese tema haya surgido en la Fiscalía”, explicó.
La organización tenía otras ramificaciones. Una psicóloga de una clínica privada, contratada por la Intendencia de Treinta y Tres, avalaba los tests psicológicos de los aspirantes captados por la banda.
Por otro lado, la academia de choferes, vinculada a un inspector de tránsito de Treinta y Tres, señalaba que el aspirante a la libreta había recibido clases de manejo. “Posteriormente, la libreta la imprimían en la misma intendencia”, dijo Pacheco.
A PRISIÓN. Tras una larga audiencia, las seis personas, entre ellos la funcionaria municipal, fueron procesadas ayer por la Justicia de Las Piedras. Posteriormente, la fiscal pidió una prisión preventiva por 180 días para los seis imputados y las defensas reclamaron que éstos debían aguardar el juicio en libertad.
Finalmente, la Justicia decretó la prisión preventiva por 90 días para los procesados.
Frustaci dijo que los argumentos esgrimidos por la fiscal sobre que los imputados iban a obstaculizar la investigación “no son de recibo” y agregó que la prisión preventiva debe ser la última medida a adoptar según el Código de Proceso Penal.
Frustaci, Pacheco y otros abogados apelaron el fallo.