Efectos del impuesto global
Especialistas en tributación explican los retos del acuerdo del G7 y su efecto en Uruguay
Especialistas tributarios
■■ consultados por El País analizaron el acuerdo al que llegaron las principales economías más desarrolladas del mundo sobre un impuesto mínimo global a las multinacionales y gigantes digitales. Según evaluaron, el acuerdo puede afectar a Uruguay en términos de quitarle atractivo a los regímenes promocionales, como las zonas francas, que ofrece el país para atraer inversión extranjera.
Las economías más desarrolladas del mundo acordaron implementar un impuesto mínimo global para ajustar la manera en la que tributan las compañías multinacionales los impuestos a la renta empresarial.
En el marco de una reunión en la que participaron los ministros de Finanzas del G7 (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia y Japón), los países tomaron dos decisiones importantes: por un lado, imponer un impuesto que obligue a las grandes empresas y a los gigantes digitales a tributar donde obtienen sus beneficios económicos y no donde las compañías deciden declarar sus ganancias; y por otro lado, se comprometieron a promover un acuerdo global para una tasa mínima de impuestos a las compañías de al menos un 15%.
Según explicó a El País Juan Troccoli, socio de Andersen en Uruguay y director del departamento fiscal y contable de la firma, el interés sobre un impuesto global no es nuevo, pero “la diferencia sustancial” es la nueva postura que adoptó Estados Unidos con la administración de Joe Biden. “La administración (del expresidente Donald) Trump tuvo una posición contraria, bloqueando cualquier medida común para gravar la economía digital e incluso retirándose de las negociaciones con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, explicó.
En línea con esto, el fundador de la firma FBM Advisory, Fabián Birnbaum, señaló que el acuerdo se logró porque además de la nueva postura de Estados Unidos, también influyó “la crisis económica que surgió a partir del COVID-19 que implicó un esfuerzo gubernamental muy grande” dado que eso hizo “que la cuestión de la recaudación de impuestos sea esencial y por eso se pone el foco sobre sectores de gran importancia económica como la economía digital y las multinacionales”.
Para el director del postgrado de Tributación Internacional de la Universidad de Montevideo, Carlos Loaiza-keel, lo que hace que este proceso sea diferente “es el impulso que le está dando el secretario general de la OCDE, el australiano nacido en Bélgica Mathias Cormann, o el hecho de que haya apuntado nada menos que a su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, como encargada de dirigir este esfuerzo con el G7, el G20 y la OCDE, sin dejar de estar implicado personalmente en el tema como se ha podido ver”.
Además, Loaiza explicó que “ahora la OCDE vuelve a empoderarse como no lo estaba” desde el año 2009. “Los astros de nuevo se han alineado”, señaló.
Pese a que se llegó a un acuerdo, este debe ser confirmado en la reunión del G20 del mes de julio y además luego debe ser negociado de forma más extensa en la órbita de la OCDE.
Entre los aspectos que estarán en juego en esa negociación, el profesor de Fiscalidad Internacional del postgrado de Especialización Tributaria de la Universidad Católica y socio del estudio Brum/costa, Leonardo Costa, manifestó a El País que “claramente el problema estará en fijar el límite mínimo del impuesto, será 15% o lo elevarán para tomar en cuenta el tipo promedio en la OCDE (entre 20 y 25%)”, explicó.
Asimismo, Costa señaló que también se deberá “analizar la estructura del impuesto: deducciones, exoneraciones, regímenes de promoción de inversiones, entre otros, ya que “ello determina la tasa efectiva que es más relevante que la tasa nominal”.
Por su parte, el abogado y socio de Guyer & Regules, Juan Manuel Albacete manifestó que “lo que se conoce (del acuerdo) aún es aún muy imperfecto” y señaló que se “deberá profundizar exhaustivamente en cómo será su aplicación en las distintas jurisdicciones, respetando la soberanía tributaria de cada uno de los países porque no todos tienen los mismos intereses”.
De acuerdo con Loaiza “estamos a meses, sino años, de poder contar con un marco normativo nuevo que refleje estas intenciones, y por eso la discusión de momento tendrá necesariamente un cariz político, de alta política, pero político al fin”.
Los países del G7 consideran que es fundamental reformar el sistema comercial mundial y “al mismo tiempo establecer una nueva arquitectura fiscal global que contravenga la llamada ‘carrera hacia el fondo’, que supone que algunos países rebajen sus impuestos de forma unilateral para atraer inversiones”, indicó Loaiza.
A su entender, la faceta comercial y fiscal son las dos que “van a marcar el compás de las negociaciones futuras”.
Según el abogado Guzmán Ramírez, integrante del Departamento Tributario de Bergstein Abogados, otro de los desafíos de las próximas negociaciones “será el de intentar conseguir otro aliado: China. El ‘gigante del este’ ofrece regímenes fiscales preferenciales (de baja o nula tributación), especialmente a través de Hong Kong. No mucho tiempo atrás Hong Kong integraba la lista de ‘paraísos fiscales’ de la Dirección General Impositiva (DGI)”, explicó.
Para Birnbaum son tres los principales temas en los que se van a centrar las negociaciones: en primer lugar determinar si el acuerdo se refiere a tasa nominal o efectiva, en segundo lugar establecer cómo se miden las ganancias y por último, definir cómo van a controlar “la real cooperación entre los países” dado que “no existe un órgano global que pueda dictaminar, asesorar y sancionar, tal como lo hacen las administraciones tributarias locales”, comentó.
En tanto, Troccoli indicó que se deberá definir qué empresas van a estar comprendidas en la regulación. “El plan original de la OCDE abarcaba empresas relacionadas con servicios digitales automatizados y empresas orientadas al consumidor. La propuesta de la administración Biden es más amplia y refiere a empresas que operen en la economía global. También se han fijado definiciones respecto al total de ingresos de la multinacional para entrar en esta regulación. Habrá que ver si eso será definitivo o se disminuirá gradualmente hasta comprender a un universo mayor de empresas”, explicó. Además, señaló que se deberá determinar cómo será el reparto de los tributos globales que se aplicarán. “Ahí se juega el partido más importante para cada país. La OCDE estima una recaudación entre US$ 50 millones a USD 80 millones por esta tributación adicional”, indicó.
“Creo que todavía hay un largo camino por recorrer”, reflexionó Birnbaum.