¡Cien palos!
Durante su intervención en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del pasado 8 de junio, el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust reveló —al pasar— que en diciembre de 2020 el Tribunal de Cuentas de la República informó a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, de la existencia de gastos a su entender ilegales realizados por Antel entre octubre y diciembre de 2019.
Según Lust, en esa comunicación el Tribunal de Cuentas le informa a Argimón que en ese período, en el que los uruguayos fueron dos veces a las urnas para elegir el nuevo gobierno, Antel habría realizado gastos ilegales por la friolera de 100 millones de dólares.
Los gastos, de acuerdo a lo advertido por el Tribunal de Cuentas, fueron observados oportunamente por ese órgano de contralor, pero Antel los hizo de todos modos sin cumplir con el procedimiento que determina que, para insistir en el gasto, deben fundamentar las razones de esos actos ante quien realizó la observación.
¿Por qué el Tribunal de Cuentas trasladó esta comunicación a Argimón? Porque la inobservancia de la normativa vigente por parte de Antel debe ser tratada por la Asamblea General, la misma que la vicepresidenta de la República preside.
¿Qué pasó con esa comunicación en el Poder Legislativo? ¿Reunió la vicepresidenta Argimón a la Asamblea General para tratar algo tan grave como un gasto aparentemente ilegal por 100 millones de dólares realizado por una empresa pública en apenas dos meses? No hasta el momento. ¿La va a convocar? Es una buena pregunta, que en los tiempos que vivimos merecería una respuesta.
En su breve intervención, Lust dijo que la comunicación del Tribunal de Cuentas debe ser remitida a la Asamblea General y tratada por la misma. Y le asiste razón.
Pero, ¿eso será todo? ¿No merecen los contribuyentes una explicación acerca del destino de esos 100 millones de dólares que, en dos meses y mientras los uruguayos miraban para otro lado, realizó Antel?
¿Qué era tan importante, que debía gastarse pese a las observaciones del Tribunal de Cuentas (al que, digámoslo, nadie le lleva el apunte desde hace años) y sin tomar siquiera cuidado en cumplir con las normas, fundamentando adecuadamente el gasto que se insistía en realizar?
¿Cien millones de dólares? ¿Acaso se ha puesto alguien a pensar que es casi lo mismo que el Estado, que somos todos, ha puesto para comprar las vacunas que nos están sacando de la peor pandemia de la historia?
¿Cuándo va a llegar el día que se asuma responsabilidad por la forma en que utilizan los dineros de los contribuyentes?
Con lo que nos cuesta cumplir con todas nuestras obligaciones tributarias, ¿cuándo nos daremos cuenta los contribuyentes de que cada vez que se desoye un pronunciamiento del Tribunal de Cuentas nuestro dinero es el que se va por la ventana?