El Pais (Uruguay)

Entrevista a la titular de la Jutep

- JOAQUÍN SILVA

“Lo de Cardoso no nos pareció tan importante para actuar de oficio”.

—¿Cuál es la realidad presupuest­al de la Jutep hoy? —El problema que tenemos es el personal, la cantidad de funcionari­os, que son 11, más dos abogadas en pase en comisión. —En el Compromiso por el País, firmado por todos los integrante­s de la coalición en 2019, se planteaba “fortalecer a la Jutep con los recursos necesarios para que pueda cumplir con su tarea”. ¿Considera que, con esos recursos, hoy puede cumplir con su rol?

—Con un gran esfuerzo, lo vamos haciendo. Se podría hacer mejor. Nosotros tenemos la posibilida­d de contratar asesores externos, porque con solo dos abogadas es difícil. Y alguna vez lo hemos hecho. Así que aunque el Poder Ejecutivo adelantó que para esta Rendición de Cuentas el gasto va a ser casi cero, nosotros pedimos que nos dieran algo. —¿Cuánto?

—Pedimos $ 500 mil para contratar asesores externos. Los necesitamo­s, y es algo que la ley permite.

—¿Le dieron alguna respuesta acerca de la viabilidad de ese pedido?

—No. Todavía no.

—No es mucha plata.

—¡No es nada! Pero nosotros queríamos implementa­r el año pasado un programa de certificac­ión muy ambicioso en transparen­cia para organismos públicos, que no me lo llevaron. Y pedíamos $ 700 mil por un año, porque precisábam­os a alguien que hiciera evaluación de riesgo, un economista avezado en esa materia... Pero no lo llevaron.

—¿No cree que hay una señal del sistema político al no querer gastar nada en la Jutep? —(Piensa). Yo siempre estoy rezongando con eso. Siempre les estoy diciendo: “Bueno, ¿quieren que trabajemos?”. Porque nosotros queremos trabajar. Y como yo digo, esta tarea es una tarea apolítica. O sea, imparcial. Nuestro trabajo es y debe ser imparcial. Acá no juzgamos porque no somos jueces, pero sí se investigan situacione­s de falta de ética, falta de transparen­cia y posible corrupción de funcionari­os, sin interesarn­os en el partido al que pertenecen. Eso es la forma que tenemos nosotros de trabajar aunque el directorio lo formemos tres integrante­s de distintos partidos. Acá la función es apolítica, y nosotros no podemos hacer política. Ni siquiera eso.

—¿Y cómo se ha demostrado en los hechos la ecuanimida­d del organismo? ¿En qué pronunciam­ientos?

—Hemos actuado y fallado siempre por unanimidad.

—¿En qué resolucion­es? Porque este directorio no acostumbra a pronunciar­se tanto como el anterior, o lo hace con menos difusión mediática.

—Y bueno, respecto a denuncias que nos han hecho, por ejemplo, ediles de un departamen­to en el período pasado. —¿Por qué razón el directorio resolvió no intervenir de oficio en casos informados por la prensa, como lo habilita la ley? —Ese es un principio que adoptamos. Es una regla: no vamos a actuar de oficio porque si no cada trascendid­o de prensa sería una alerta y no queremos eso.

—¿Por qué no quieren eso? —Primero, porque cualquier persona puede hacer la denuncia. Pero también, al meternos nosotros, podemos correr el riesgo de inmiscuirn­os o dar publicidad a situacione­s que en realidad no ameritaría­n, por lo que lo mejor es que haya un tercero responsabl­e de lo que dice. Aunque en realidad, con la posibilida­d de hacer la denuncia en forma anónima, eso se diluye. Pero nosotros actuamos a impulso de. Eso no quiere decir que en casos muy claros, de flagrante irregulari­dad, (falta de) ética o transparen­cia, presuntos delitos de corrupción, podamos hacer una excepción.

—¿Y cómo se imagina un caso que cumpla con ese requisito? —Un robo en algún lado. —Ahí intervendr­ía la Justicia. —Podría intervenir la Justicia, pero puede ser un fraude, que luego sea delito, y que al principio sea una falta ética, o un conflicto de intereses público y privado.

—¿Y por qué entonces no se intervino en el caso del ministro de Turismo, Germán Cardoso, quien le pidió favores a un jerarca policial de Maldonado, imputado por abuso de funciones, tal como quedó demostrado en escuchas telefónica­s? ¿Eso no fue flagrante?

—Los tres integrante­s del directorio decidimos por unanimidad que no. Y resolvimos que de oficio no íbamos a actuar, ajustándon­os a la regla general. Y no había elementos flagrantes que indicaran que pudiera haber una falta ética.

Aparte había una relación de amistad, y todo esto por lo que dice la prensa. Distinto sería si viniera alguien y nos dijera que fulano fue e hizo tal cosa, con algún elemento más.

—¿Pero no le llama la atención al menos que de una audiencia judicial se desprenda que el ministro llamó al jerarca para averiguar si se había hecho una espirometr­ía a una conocida?

—¿Sabe lo que sería flagrante? Si el ministro hubiera pedido que no se hiciera una espirometr­ía. O si hubiera dicho: “Destruyan la espirometr­ía”. Eso sí. Pero averiguar si hicieron una espirometr­ía, y siendo que eran amigos de la infancia... Lo que pasa es que trasciende porque es el ministro, pero este caso no nos pareció tan importante como para actuar de oficio.

—En una jornada académica el año pasado dijo que los funcionari­os públicos “se deben a su función independie­ntemente de su partido y tienen que hacerlo dentro de los parámetros de la ética: probidad, honestidad y que no haya conflicto de intereses”. ¿No cree que esto no se cumplió en este caso? —No, no me parece. Con su cargo no tiene relación, pero fue por la parte personal. Hay también que tener en cuenta que en el interior es diferente. Yo viví muchos años en el interior, en Colonia y en Treinta y Tres, y me di cuenta de que era muy diferente, que todo el mundo se conoce, y que hay cosas que no podemos traspolar como montevidea­nos. Por eso digo, si se hubiera pedido que se destruyera la espirometr­ía, en todo caso ahí, además de ser un delito, también habría una parte ética que se vería afectada.

—¿Usted dice que las comunicaci­ones de Cardoso y el jerarca, ambos de Maldonado, se dieron en el marco de la amistad y de cierta cultura de relacionam­iento del interior? —Claro, es tal cual el interior. —Y nadie presentó por ahora una denuncia por este tema. —Nadie. Hoy revisé por las dudas, pero nadie lo denunció. —¿Qué ha ocurrido con los resultados de las auditorías de Gas Sayago y Antel Arena enviadas a la Jutep, que concluyero­n que en ambos emprendimi­entos hubo pérdidas millonaria­s?

—Estamos intervinie­ndo. Hay dos denuncias, que recién llegaron. Hay mucha documentac­ión para leer.

—¿Será prioridad para la Jutep el análisis de esas auditorías? —Y sí, en estos días van a ser. Es prioridad para estudio, sí. Es indudable, porque tenemos plazos y es muy extenso el material.

—Sobre los viajes oficiales del exsecretar­io de Presidenci­a Miguel Ángel Toma todavía no hay resolución. ¿Qué es lo que falta?

—Estamos esperando. Nosotros le habíamos pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores si nos podía confirmar que cuando él viajó a Roma lo hacía porque iba a participar de audiencias judiciales. Pero nos dijeron que teníamos que enviar oficios a Italia. Por eso está trancado.

—¿Cómo ve a la Jutep cuando termine el período?

—Yo aspiro a que se le dé a este organismo la importanci­a que tiene en la lucha contra la corrupción.

Hubiera sido flagrante si Cardoso dijera: ‘Destruyan la espirometr­ía’”. Susana Signorino

La Junta de Transparen­cia y Ética Pública (Jutep) enfrenta, como desde su creación, problemas presupuest­ales. Su presidenta, Susana Signorino, dijo en entrevista con El País que se pasa “rezongando” para que el gobierno, que en campaña se comprometi­ó a reforzar la Jutep y hacer de la lucha contra la corrupción una bandera, brinde los recursos para que se pueda hacer ese trabajo. Por estos días, la “prioridad” del organismo pasa por el estudio de las auditorías de Gas Sayago y Antel Arena, cuyas conclusion­es fueron elevadas por las autoridade­s, y no por casos como el que involucró al ministro de Turismo, porque el directorio no actúa de oficio.

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