Firmas y mentiras
La recta final de la campaña de recolección de firmas para realizar un referéndum en contra de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), ilustra el talante opositor de la izquierda.
En primer lugar, la multiplicación de mentiras acerca de la LUC no es una estrategia nueva de parte del Frente Amplio (FA) y sus aliados sociales y sindicales. Los más memoriosos recordarán aquella campaña que terminó en el referéndum de diciembre de 1992: procuró, también con mentiras, infundir el miedo en la población, ya que se decía, por ejemplo, que vendrían piratas extranjeros (inversionistas) a llevarse las joyas de la abuela (empresas públicas). Suponer que una izquierda políticamente educada en las miserables propagandas estalinistas es capaz de sostener, tanto en 1991 como en 2021, argumentos racionales y de buena fe, es de una ingenuidad infantil.
En segundo lugar, la decisión proselitista que procura convencer de ir a un referéndum para que “el pueblo decida” es la mentira más grave de todas las que se habrán dicho en estos meses. El pueblo ya decidió votando tres veces en 2019, y dio su apoyo mayoritario a representantes que, cumpliendo con sus compromisos electorales, aprobaron esta LUC. Además, el pueblo tuvo la ocasión de votar nuevamente en las departamentales de setiembre de 2020: de forma indirecta podría haber sancionado a los partidos que impulsaron esa LUC, justamente por haberla promovido. Lejos de eso, en 17 de los 19 departamentos del país, les ratificó su mayoría popular.
El proyecto de ley fue presentado en enero de 2020, antes de asumir la presidencia, al FA y a la opinión pública en general, de manera de fomentar una amplia discusión. Nada fue secreto. Nadie fue acallado. Eso sí: cuando llegó el momento, la mayoría hecha de seis partidos en Diputados (57 en total, más que la mayor representación del FA de 2005) y de 18 integrantes en el Senado, votó. Pero, además, 3 de los artículos cuya derogación hoy promueve, fueron votados por el mismísimo FA.
La calidad del debate democrático se da en el Parlamento, donde se plantean matices, se reforman proyectos de ley —como fue el caso de la LUC—, y se argumenta para alcanzar mayorías. Esa calidad es mucho mejor que un sí o un no en bloque, en una lógica de referéndum de democracia directa. Y todo eso, que es bien sabido por todo el mundo político y académico, a la izquierda no le importa nada: su problema sustancial es que no acepta haber perdido las elecciones.
Su preocupación no es democrática, para que “el pueblo decida”. Su motivación tampoco es mejorar las políticas públicas. El real objetivo del FA y sus aliados es impedir que el gobierno votado por la mayoría en elecciones libres, plurales y justas lleve adelante el programa para el cual fue elegido. Es un objetivo autoritario y antidemocrático que además utiliza, a sabiendas, feroces mentiras.
Aún resta enfrentarse al problema mayor: es muy probable que llegado el plazo los promotores de esta campaña presenten una cantidad de firmas insuficientes, pero que salgan a decir que ellos juntaron más de 700.000 voluntades. Intentarán así presionar a la Corte Electoral con nuevas mentiras.
Agitación y propaganda: nada nuevo bajo el sol leninista de sus resentidas almas.
La calidad del debate democrático se da en el Parlamento, donde se redactan proyectos de ley.