TEMAS QUE LA CAMPAÑA PONE EN DISPUTA
Seguridad. Son 33 los artículos relativos a la seguridad pública que se pretenden derogar. Entre ellos, los que han tenido más relevancia en la opinión pública son las normas penales como la ampliación de la legítima defensa —que especifica los espacios de una vivienda o predio rural en los que la defensa se puede ejercer— y el nuevo delito de agravio a la autoridad policial. También se pretende derogar artículos relativos al proceso penal, a la legislación profesional policial, normas sobre estupefacientes, sobre adolescentes privados de libertad y sobre la gestión de la privación de libertad.
Educación. La LUC trajo cambios en la estructura de la educación pública. Eliminó los Consejos de Educación Primaria, Secundaria y Técnico Profesional, y en su lugar comenzaron a regir direcciones generales. Fenapes se opone a este cambio, que “rompe con una tradición histórica en los gobiernos colectivos en la educación uruguaya”, reclamaron desde el gremio. En febrero, cuando se implementó el cambio, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) Robert Silva, sostuvo en diálogo con Telenoche: “Salimos de una lógica de varios Consejos para tener una lógica de un único Consejo en donde todo el sistema educativo se integra para resolver en clave sistémica”. En total, se pretende derogar 34 artículos relativos a la educación.
Economía. Las modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera despertaron debates acalorados en el Parlamento. Hoy son, entre otros, los artículos relativos a la misma los que se pretenden derogar. La posibilidad de negociar el método de pago entre empleador y trabajador (quitar la obligatoriedad del pago a través de una entidad bancaria) fue uno de los artículos que causó más rechazo en la bancada opositora. En total, la Comisión Pro Referéndum propone derogar 16 artículos relativos a la economía: entre ellos, los que modifican la regla fiscal, el mercado del petróleo y el control de las sociedades anónimas con participación estatal.
Vivienda. La LUC introdujo cambios en los que se habilita el “arrendamiento sin garantía”. Este nuevo régimen posibilita que los propietarios de inmuebles y los inquilinos firmen un contrato de arrendamiento con un plazo y un precio, sin necesidad de garantía. Para el oficialismo se trata de “libertad para arrendar”, pero desde la Comisión Pro Referéndum consideran que esto provoca una “precarización de la vivienda” y habilita un “desalojo exprés”. Además, se ha hecho hincapié en las causales y margen para efectuar el desalojo que introdujo la nueva ley. Estas son: arrendatarios malos pagadores, inmuebles expropiados o fincas ruinosas. En total, la Comisión apuesta a derogar 34 artículos vinculados a la vivienda.
Adopciones. Una de las promesas de campaña del presidente Luis Lacalle Pou fue agilizar los procesos de adopción. Esto se plasmó en la LUC, con artículos que modifican el proceso de selección de la familia adoptante volviendo más cortos los plazos, y con un artículo que habilita a un Juez de Familia a resolver la situación de un niño o adolescente solo con el visto bueno del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en casos excepcionales. Las nuevas normas generaron malestar en organizaciones sociales vinculadas a la adopción. Desde la Comisión Pro Referéndum sostienen que se “precariza” el sistema de adopciones, pero el gobierno asegura que los trámites de adopción se agilizarán sin vulnerar los derechos de los niños. Los artículos que pretenden derogarse son dos.