Los más vulnerables
Sin aumento de impuestos, destinando 980 millones de dólares este año para el apoyo sanitario, social y económico del Fondo Coronavirus y con la prioridad en el combate a los asentamientos y la ayuda a la primera infancia, el gobierno acaba de enviar su proyecto de Rendición de Cuentas 2020 al Parlamento.
El anuncio fue realizado por la ministra de Economía Azucena Arbeleche —que será nuevamente interpelada por la oposición frentista esta semana— y significa la puesta en marcha de dos promesas electorales de la campaña del presidente Lacalle Pou y consensuada luego en las bases de la coalición republicana.
Tras quince años de gobiernos frenteamplistas, enarbolando y agitando permanentemente las banderas de la justicia social como sus grandes reivindicadores, a finales de 2019 existían en el país más de 650 asentamientos (sobre todo en Montevideo, Canelones y Artigas) donde vivían unas 200.000 personas. Ni el Ministerio de Vivienda de aquellas épocas, ni el Ministerio de Desarrollo Social (por donde pasaron personajes tan “sensibles” como Marina Arismendi y
Daniel Olesker), dieron la mínima señal de hacer algo.
El humanismo y la justicia social frenteamplista se limitaron a mirar y dejar que familias, mujeres, hombres y niños, convivan en ranchos de lata, hacinados en una pieza, rodeados de aguas servidas y pozos negros como si fueran parias sociales. No les preocupó que guetizarlos en zonas donde carecen de servicios mínimos, campea el malandrinaje y solo pueden sobrevivir en la lucha del día a día, sea una afrenta a los ciudadanos de este país.
¿De qué inclusión social, empezando por la educación, se puede hablar en esas condiciones y en ese contexto? Ni siquiera cubrir necesidades mínimas, propias de cualquier ser humano que vive en una nación civilizada. No se trata de hablar, sino de hacer y en esa materia el Frente Amplio fue el campeón de la nada de nada. Apenas feudos de narcotraficantes o fábrica de delincuencia: el padre es delincuente, el hijo es delincuente y el nieto dentro de diez años va a ser delincuente; y, si faltaba algo, el tío es delincuente, el sobrino también y de los vecinos mejor callar.
Este gobierno propone en la Rendición de Cuentas que los fondos destinados al Instituto de Colonización para la compra de nuevas tierras (actualmente cuenta con unas 600.000 hectáreas, y 400.000 son de su propiedad) se destinarán a un fideicomiso para el programa de asentamientos. Son unos 20 millones de dólares al año que se incorporarán al plan del Ministerio de Vivienda para erradicar esas construcciones y cambiarlas por viviendas dignas (y humanas).
El segundo punto que anunció Arbeleche también es parte de las políticas sociales: la niñez, los niños de 0 a 3 años que nacen y viven en condiciones de vulnerabilidad. El 40% de los niños que vienen a este mundo lo hacen en un contexto adverso para su pleno desarrollo y es ahí donde apunta el gobierno que destinará 50 millones de dólares para atender a la primera infancia en ese segmento de edad.
Como lo explicó la ministra “tiene que ver con transferencias monetarias, con un Estado presente que acompaña a la embarazada, a la madre, o al padre que se hace cargo de los primeros meses de vida de su hijo, tiene que ver con una asistencia que ASSE ya viene dando a los niños y vamos a reforzar y tiene que ver con intentar que estos niños vayan a los centros educativos, sean de ANEP o de CAIF: el
El humanismo frenteamplista se limitó a mirar y dejar que familias, mujeres, hombres y niños, convivan en ranchos de lata, hacinados en una pieza, rodeados de aguas servidas y pozos negros como si fueran parias sociales.
que podamos ofrecerle para que ese niño reciba educación y reciba contención”.
Estos dos temas priorizados en el Presupuesto Nacional primero y concretados ahora, marcan nuevas y muy concretas prioridades en el manejo de las políticas sociales. Antes y durante años fue época de mero asistencialismo y cero preocupación por cambiar la realidad. Ahora se va a hechos concretos para hacerlo y se empieza desde el principio: como dice el artículo 45 de la Constitución de la República: “Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”.
Y se toman esas medidas no en una época de bonanza económica como se disfrutó hasta hace poco, sino con la economía en picada que heredó este gobierno y con una pandemia que apareció de sorpresa, mata y exige luchar sin escatimar gastos para vencer.
Pero, siempre queda la posibilidad de que el Pit-cnt y el FA empiecen a juntar firmas para promover un referéndum que haga trizas estas iniciativas. Está visto, “cuanto peor, mejor”.