La marihuana y los registros
El debate político de estos días ha estado marcado por la polémica en torno al acceso al registro de clubes y autocultivadores de marihuana. Una polémica bastante extraña, en un momento de pandemia, crisis económica e incertidumbres a todo nivel. Pero que muestra la forma cada día más singular en que muchos periodistas y políticos marcan la agenda pública.
El dilema es simple: la ley 19.172 de 2013, festejada por mucha gente, y promovida como una movida revolucionaria del gobierno de entonces, fue una ley mala, liberticida, dirigista, y que solo prolongó con otro tenor político (y muy de acuerdo al interés de fundaciones extranjeras) una mirada higienista del consumo de drogas. Particularmente de la marihuana, una droga de uso extendido en Uruguay, cuya persecución por parte de la justicia y la policía estaba casi en desuso, debido al foco puesto en sustancias que afectan de manera más grave la convivencia, como la pasta base o la cocaína.
Esta ley, en vez de reconocer que el Estado no tenía fuerzas ni ganas de salir a reprimir un consumo que, además, estaba despenalizado en Uruguay, se iba a enfocar en atacar el gran tráfico de drogas verdaderamente peligrosas. Y que en tanto no se perjudicara a terceros, cada persona era libre de hacer lo que quisiera con su vida, incluyendo plantar o asociarse para plantar marihuana.
Por el contrario, la estrategia fue considerar al adulto que opta por usar esa sustancia como un enfermo que merece la tutela estatal hasta en el más mínimo de sus detalles. Y para eso, con el verso de la famosa “regulación” se creaba un organismo plagado de burocracia para que tutelara todos y cada uno de los aspectos relativos a esta planta. La fantasía erótica de todo socialista: controlar la vida de la gente, y gastar dinero ajeno para crear burocracia inútil.
Dentro de toda esta burocracia inservible, se incluía un foco peligroso, tal como se advirtió muchas veces desde este espacio. La necesidad de que todo aquel que quisiera plantar, solo o en asociación con algunos amigos, debía registrarse ante el Estado. Una cuestión ridícula, pero además riesgosa, ya que en Uruguay esa información eventualmente iba a circular por todos lados, y con cualquier cambio de gobierno, los registrados iban a quedar expuestos sin solución.
Y esto último es lo que ha pasado ahora, con el requerimiento del ministerio del Interior de tener acceso a esa información, con el supuesto objetivo de enfrentar el creciente problema del robo y violencia sobre estas plantaciones.
Se trata de una medida absurda, sin pies ni cabeza, y que el ministerio no debería pedir. Pero el pecado original es directamente que exista ese registro, como que exista el Ircca y las decenas y decenas de funcionarios dedicados a la improductiva tarea de controlar desde el porcentaje de contenido químico de cada variedad de planta de marihuana que se cultiva en el país, hasta el hecho de si un consumidor quiere cambiar un “club”, por otro.
Desde el momento que la sociedad decide terminar la persecución de este hábito, que ha demostrado no ser más dañino que tantos otros con los que la misma convive de manera pacífica, todo lo demás pierde razón de ser. Un país que no tiene recursos para dar medicamentos a sus enfermos graves, vivienda a su gente que no tiene hogar, seguridad en las calles, resulta que gasta miles de dólares al mes para tener gente que recorra
Un país que no tiene recursos para dar medicamentos a sus enfermos graves, ni vivienda a quien no tiene hogar, gasta miles de dólares al mes para tener gente que recorra jardines viendo qué y cuantas plantas de qué tiene un ciudadano que paga sus impuestos.
jardines viendo qué y cuántas plantas de qué tiene un ciudadano que paga sus impuestos. ¡Ridículo!
Como también es ridículo todo el sistema estatal de plantación y distribución de marihuana en farmacias. Tan estúpido es, que se impuso una variedad de marihuana con tan poco contenido activo, que la venta en farmacias se ha caído a la mitad, y las empresas que invirtieron y apostaron, ahora van a precisar un subsidio o un apoyo para compensar estas pérdidas que están sufriendo.
De nuevo, el problema de fondo acá no es si el ministerio del Interior debe tener acceso o no a esos registros. Eso es una frivolidad que esconde el problema de fondo que muchos no vieron, y otros optaron por no ver. Había mucho dinero de fuera en la vuelta para todos los involucrados en este tema, que hacían estudios, publicaban libros, daban conferencias, etc. Y ese problema de fondo es que al tambor batiente de fundaciones extranjeras, Uruguay fue usado como laboratorio para imponer una ley mala, mal enfocada, reñida con la libertad individual, y que traía el germen de mil problemas, algunos de los cuales recién empezamos a darnos cuenta ahora.