Gobierno pidió a los intendentes reforzar la fiscalización de eventos
Se autorizan hasta 80 personas en los lugares cerrados
■■ Desde el lunes pasado están habilitadas las fiestas, los espectáculos públicos y eventos, pero son varias las limitantes que fueron comunicadas ayer a la mesa del Congreso de Intendentes. El protocolo establece un aforo máximo de 80 personas en espacios cerrados y de 100 en espacios abiertos.
El protocolo fue presentado ayer por el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, el ministro del Interior Luis Alberto Heber y el subsecretario de Salud Luis Satdjian, a la mesa de los intendentes integrada por Carmelo Vidalín (Durazno), Andrés Lima (Salto) y Richard Sander (Rivera).
El aforo máximo es el 30% de la capacidad de los lugares en donde se realicen los eventos. Además, deberán garantizar la calidad de aire ya sea instalando equipos que permitan las mediciones de oxígeno, o abriendo ventanas y puertas.
“Es algo así como una apertura controlada para fiestas, eventos y espectáculos públicos”, explicó a El País el intendente de Salto. Además, ninguna de estas actividades puede durar más de cuatro horas para evitar contagios de COVID-19.
Desde el gobierno se solicitó a las intendencias reforzar las tareas de fiscalización en los diferentes departamentos. “Nos pidieron en nuestros territorios ponernos al frente del control”, afirmó Lima en referencia a los operativos que serán coordinados con los comités departamentales de emergencia.
El Poder Ejecutivo enfatizó en el mensaje de cuidar el cumplimiento de los protocolos para así evitar un rebrote y una marcha atrás de las aperturas. La interrogante sigue siendo el ingreso de nuevas variantes desde otros países, por lo que Satdjian comunicó que se está evaluando justamente la posibilidad de administrar una tercera dosis a la población ya vacunada para reforzar la inmunidad contra el COVID-19.
RENDICIÓN. Por otro lado, el Congreso de Intendentes decidió solicitar al Ejecutivo retirar el artículo 207 de la Rendición de Cuentas, que habilita al gobierno a descontar fondos de las administraciones departamentales por el costo de los realojos de los asentamientos.
El artículo había generado malestar en los intenden-tes de todos los partidos políticos, por lo que se pidió ahora conformar un grupo de traba-jo con el gobierno para dirimir las diferencias. Vidalín opinó días atrás que debía de ser un “error” la inclusión de este tema en el proyecto, porque desde su punto de vista “es inconstitucional”. Este tema será abordado en los próximos días.