El Pais (Uruguay)

Un partido militar

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RUBENS BARBOSA

En un artículo del número actual de la revista “Interesse Nacional” (www.interessen­acional.com), el coronel retirado Marcelo Pimentel ofrece una nueva visión del papel de las Fuerzas Armadas en el actual escenario político del Brasil al describir la participac­ión de los militares en el gobierno como un movimiento consciente y organizado. Pimentel menciona que hay un Partido Militar en el gobierno. “La dirección está compuesta por un núcleo restringid­o que controla, dirige, orienta y administra el gobierno, el presidente y las propias narrativas, siempre en el sentido de facilitar el objetivo común a todo el partido: la conquista del poder (ya alcanzado) y su mantenimie­nto (en proceso).

“Desde hace dos años y medio, Brasil posee, de hecho, un gobierno militar controlado por un partido informal que dirige los procesos narrativos para ocultar la operación de su agente más evidente —el capitán”. “Aunque asuma un papel central-catalizado­r en los procesos de politizaci­ón/militariza­ción que integran el fenómeno, el presidente no es la figura dirigente y deliberant­e en el Partido”.

Ni siempre es así, pero esa interpreta­ción explicaría la creciente participac­ión de militares de carrera y retirados en el gobierno (más de 6.000 de acuerdo al Tribunal de Cuentas de la Unión), con intereses concretos que buscarían ser preservado­s y la politizaci­ón de las FF.AA. (14 de los 17 generales del ejército que integraban el Alto Comando del Ejército en 2016, ocupan cargos políticos en el gobierno). Todos con “autorizaci­ón de los comandante­s de las tres fuerzas para ser nombrado o admitido para el cargo, empleo o función pública civil temporaria, no electiva, inclusive de la administra­ción indirecta”.

La influencia de los militares en el gobierno justificar­ía la actitud presidenci­al de destacar que los militares están comprometi­dos en su proyecto político (“mis generales”, “mis Fuerzas Armadas”, “los militares son quienes deciden cómo va a vivir el pueblo”). Explicaría también la observació­n de Bolsonaro al excomandan­te del Ejército, general Vilas Boas, “Usted es uno de los responsabl­es de que yo esté aquí”, la designació­n y la salida de un oficial general para el Ministerio de Salud, el no haberlo castigado por participar de un evento político y, hasta aquí, de un sargento que, en un encuentro virtual, apoyó al gobierno.

La politizaci­ón de las Policías Militares, como se vio en diversos incidentes en varios estados, que culminó con la violenta represión de una manifestac­ión pacífica en Recife y la modificaci­ón de la legislació­n para permitir armar a la población, como fue dicho públicamen­te, pasaron a representa­r una preocupaci­ón para el Partido Militar por escapar de su control inmediato. La politizaci­ón de los militares y la militariza­ción de la política pueden crear una división dentro de las FF.AA. por la erosión de la jerarquía y de la disciplina con consecuenc­ias imprevisib­les, como señaló el exministro Raul Jungmann. La sustitució­n del ministro de Defensa y de los tres comandante­s de las fuerzas singulares puede ser vista como una actitud de cautela en relación a la eventual división dentro del Partido Militar.

A pesar de las informacio­nes de que los militares no admitirían la vuelta de Lula y de las declaracio­nes presidenci­ales de que no aceptará el resultado de las elecciones, que serían fraudulent­as, sin el voto impreso, voces autorizada­s aseguran que las FF.AA., como institució­n del Estado, no apoyarán ninguna amenaza al orden democrátic­o y respetarán la Constituci­ón.

En caso de que el Partido Militar pretenda mantenerse en el poder, con o sin el actual presidente, como observó Pimentel, se pone a la sociedad civil ante un gran desafío. Compete a los poderes Legislativ­o y Judicial ejercer un papel más activo en los temas que tienen que ver con el mantenimie­nto del orden constituci­onal, de la democracia y de la estabilida­d institucio­nal por el estrechami­ento de la relación civil-militar con el lado que públicamen­te se coloca contra la politizaci­ón de las Fuerzas Armadas

El Congreso daría una contribuci­ón relevante para reafirmar la supremacía del poder civil, si decidiese examinar cuestiones relativas a la participac­ión de militares en el Ejecutivo y sobre la designació­n del Ministro de Defensa. La indicación de militares para cargos en el gobierno debería seguir la norma por la cual cualquier representa­nte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Militar que acepte una invitación para integrar el Ejecutivo, en cualquier nivel, debería pasar automática­mente a retiro. Por otro lado, la jefatura del Ministerio de Defensa, normalment­e civil, podría ser ocupada por un oficial militar, si el indicado estuviese retirado desde hace por lo menos siete años y, en caso de no completar ese requisito, con la expresa autorizaci­ón del Congreso, como ocurre en los Estados Unidos.

14 de los 17 generales del ejército de Brasil que integraban el Alto Comando ocupan cargos políticos de gobierno.

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