UTE acusa a Gas Sayago
Presenta denuncia penal contra la gestión de la obra de la regasificadora.
■■ La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, acompañada por el abogado Jorge Barrera, presentó ayer una denuncia penal sobre supuestas irregularidades en la gestión de la obra de la regasificadora ubicada en Puntas de Sayago.
A la salida del Juzgado Penal, Barrera dijo que en el proyecto de regasificadora hubo un “perjuicio económico grave” para el Estado con fondos públicos por la “sucesión de actos arbitrarios” que se pudieron haber interrumpido en el proceso de la obra.
Según el profesional, la auditoría sobre los gastos e inversiones de la empresa Gas Sayago, encargada a la consultora independiente Pricewaterhousecoopers (PWC), encontró “hechos con apariencia delictiva”.
“Sumado el perjuicio económico, la sucesión de actos arbitrarios y los hechos de apariencia delictiva, por imperio del artículo 177 del Código Penal, la UTE tenía la obligación de realizar la denuncia penal porque si no incurría en omisión”, afirmó el penalista.
Por su parte, Emaldi dijo que, en base a la evidencia del informe de la consultora PWC, “está documentado” que el proyecto “no era viable” desde su inicio y que hubo cuatro instancias claves en que el proyecto pudo detenerse.
La jerarca detalló esas cuatro instancias. La primera fue cuando Argentina en 2012 dejó claro que no participaría del proyecto. La segunda, cuando en 2015 el contratista principal abandona la obra por incumplimiento y paga garantía de 100 millones de dólares.
La tercera, marcó, fue “cuando habiendo fracasado el contratista principal y meses después también las obras del dragado y el gasoducto, se siguen contratando consultoras para reformular el proyecto”. Y la cuarta fue cuando “se intenta buscar un socio y se acerca Shell a las conversaciones y finalmente se desvincula”.
Además, señaló que “como está en la evidencia del informe de Price, la demanda local no justificaba la existencia de ese proyecto con esos volúmenes”.
Emaldi dijo que estos y otros hechos están “detectados y detallados” en el informe de Price, que tiene 600 páginas.
Según la consultora privada, el emprendimiento de Gas Sayago implicó una pérdida de 213 millones de dólares, los cuales se financiaron con 113 millones de dólares aportados por el Estado a través de los accionistas UTE y Ancap, y con los 100 millones de dólares generados por el pago de una garantía por incumplimiento de obra.