Indicadores de logro

Da Silveira dice que es una novedad que se asuma ese riesgo en educación.

—Cuando usted aún no era ministro de Educación criticaba que, en política educativa, el ministro tiene poca incidencia. Ahora, en este sillón del noveno piso, ¿tiene incidencia?

—En materia de diseño institucional, el ministro de Educación de Uruguay tiene una incidencia relativamente baja sobre el sistema educativo en comparación a otros países. En las sociedades democráticas es normal que las escuelas y los liceos dependan del Ministerio de Educación. Además de ese diseño, ha habido una práctica consolidada en los últimos años en la que hubo un repliegue de la figura del ministro de Educación, que iba más allá de lo que exige el diseño. Se instaló la idea de que el respeto a la autonomía implicaba que no había que hablarse.

—¿Debe leerse que usted tiene más incidencia que María Julia Muñoz?

—No voy a hacer alusiones personales. Sí digo que tuvimos la voluntad política de ver a la educación con una transversalidad que va más allá de instituciones. El documento del Plan Nacional de Política Educativa, recientemente presentado al Parlamento, intenta alejarse de esas viejas inercias. Es un documento ciudadano, razonablemente corto, escrito en un lenguaje claro y sin jerga, que presenta cinco grandes líneas de trabajo que involucran a instituciones como Ineed, INAU, Inefop, y traza metas.

—¿Qué meta le hubiese gustado incluir y dejó por el camino?

—El “si fuera por mí” es un razonamiento autocrático. Gobernar es una tarea de equipos.

—¿En qué no pudo convencer a sus equipos?

—Me cuesta identificar una cosa en particular...

—En este mismo momento, a menos de 600 metros, la Comisión Pro Referéndum está entregando las firmas para que haya un referéndum revocatorio de 135 artículos de la LUC. ¿La llamada reforma educativa está en jaque si se derogan esos artículos?

—No nos apuremos. Hay que contar firmas, depurarlas y ver si se llega a la cantidad necesaria para hacer un referéndum. Y luego, si efectivamente es así, habrá que hacer una campaña. No descarto ninguna posibilidad. Pero para nada me estoy preguntando qué pasa si hay un referéndum que anule parte de la LUC. En todo caso me estoy preguntando cuáles son las mejores maneras de defenderla. —¿Cuál es esa estrategia de defensa? —Argumentando públicamente. Si llega a haber referéndum, y si los próximos meses van a estar marcados por la campaña, no es nada que me haga sentir incómodo. Más bien diría: qué manera más uruguaya de procesar diferencias y tensiones en un contexto latinoamericano en que las diferencias y tensiones se están procesando de maneras bastante menos pacíficas e institucionales. Si el camino va a ser un referéndum, qué bueno que sea así.

—La herramienta de una ley de urgente consideración, que incluye más de 400 artículos en una única ley que, además, debe ser tratada en un plazo más breve que otros textos, ¿no va contra ese espíritu uruguayo de debate que usted defiende?

—La LUC es un instrumento legítimo y democrático. Los temas los empezamos a hablar en la campaña. Hicimos algo que no se había hecho nunca en la historia uruguaya: el texto entró al Parlamento en abril, pero lo habíamos dado a conocer a la sociedad en enero. Queríamos debate. —¿Está dispuesto a ceder horas de la televisión y las radios públicas, que dependen de su ministerio, para que esos debates se den públicamente ahora?

—Si hay referéndum, va a haber debate. Insisto: ¡qué bueno que los uruguayos dirimamos así nuestras tensiones!

—Un tema nos quedó por el camino. La LUC ha impuesto cambios en el sistema educativo, sobre todo en la gobernanza, que ustedes recogen como metas trazadas para la política educativa del quinquenio. De derogarse esos artículos, ¿no hay reforma educativa posible?

—Para nada. La reforma educativa sigue en pie con o sin LUC. El compromiso es impulsar dinámicas de cambios.

—¿Qué de esa reforma podrá observarse y materializarse para 2025?

—Basta ver el documento de Política Educativa y chequear, uno por uno, los indicadores de logro. Mientras en la política económica estamos acostumbrados a indicadores de logros, como ocurre con la inflación, en la política educativa no estamos acostumbrados a eso. Es una novedad que un gobierno asuma el riesgo. Si logramos la mitad, habremos tenido la mitad del éxito, y si logramos un 5% habremos tenido escaso éxito.

—¿Los centros “modelo” María Espínola son la clave que se fija la administración para alcanzar las metas?

—Es un instrumento fundamental: lo era antes de la pandemia, lo sigue siendo ahora y lo seguirá siendo. Es la respuesta a un diagnóstico que compartimos quienes tenemos responsabilidad en materia educativa. Eso incluye el fortalecimiento de la autonomía de los centros. Uruguay está en una postura muy extrema. Somos, según estudios comparativos, uno de los países más centralizados del mundo en gestión educativa. Muchas de las decisiones no se toman en los centros, sino en las oficinas de autoridades.

—Si la distribución del dinero no contempla realidades territoriales, ¿la descentralización aumenta la inequidad?

—¿Qué hay que descentralizar? Hay cosas que sí y cosas que no. No hay que descentralizar el financiamiento, porque eso se traduce en barrios con liceos más ricos y barrios con liceos más pobres. También hay que mantener centralizado el establecimiento de metas y las evaluaciones. De lo contrario, podría tenerse alumnos clase A y alumnos clase B. En cambio, sí puede descentralizarse la gestión cotidiana de los establecimientos, el modo en que se alcancen las metas.

—El centro educativo que usted fundó, el Impulso, recibió solo en 2020 más de $ 85 millones por donaciones especiales. Toda la ANEP no recibió siquiera $ 2 millones bajo ese mismo instrumento en que el Estado renuncia a recaudar dinero. ¿Esa no es una inequidad y una descentralización de las finanzas públicas?

—Sería inequitativo si fuera el único mecanismo de financiamiento. Si se combinan con otras vías posibles y se compensan, no necesariamente.

—¿Deben las arcas públicas financiar la educación privada?

—(Silencio). No es un tema que esté planteado. (Otro silencio). La respuesta a esa pregunta varía de un país a otro. No forma parte del plan de gobierno ni está planteado a corto plazo.

—Pero cada tanto surge el debate...

—No me interesan mucho esos debates ideológicos. Tenemos suficientes problemas sobre la mesa.

—¿Es un debate ideológico o, en tiempos de vacas flacas, es también un debate económico práctico?

—En lugar de embarcarnos en discusiones sobre modelos de financiamiento alternativos, el gran punto es qué podemos hacer con los recursos que disponemos. No hay que confundir la discusión teórica con el ejercicio de gobierno. El que cree que el gobierno se puede ejercer con la misma lógica en que se participa en el debate académico, va a causar todo tipo de problemas. El debate académico ocurre bajo una sana irresponsabilidad: lo que importa es explorar ideas, puntos de vista. El ejercicio de gobierno se realiza, antes que nada, bajo el principio de responsabilidad. Hay que tratar de mejorar las cosas que existen y que funcionen mejorar las cosas que ya vienen funcionando.

—Hablando de los recursos que se disponen: usted impulsó auditorías en el MEC, ¿tiene nuevos resultados?

—Hubo una investigación que terminó en la presentación de resultados a Fiscalía, hace ocho meses, y ahora es Fiscalía quien tiene que determinar si existe o no algún tipo de responsabilidades. Cosas que se detectaron, como faltante de mucho dinero, hacían que tuviéramos que presentarlo a Fiscalía. Otras investigaciones detectaron desorden y poco cuidado, pero no necesariamente se identificaron responsabilidades que ameriten ir a la Justicia. —¿Hay más auditorías?

—Hay una cosa más.

—¿Sobre qué?

—Esperemos. En estas cosas hay que ser prudentes. Está en juego la reputación de personas y ámbitos institucionales. No hay que hablar en público hasta estar seguro. Eso sería una irresponsabilidad e, insisto, el gobierno se basa en el principio de la responsabilidad.

—En la “irresponsabilidad” del debate académico, para seguir con sus conceptos, usted ha defendido la idea de que sea obligatoria la educación, pero no la escolarización. Ahora, en la “responsabilidad” del gobierno, ¿está afín?

—No hay ningún debate en Uruguay sobre la obligación ni está en la agenda de este gobierno incluir ningún debate ni modificación en esa materia.

—¿Le hubiese gustado que esté sobre la mesa?

—No. No creo que sea un debate que conecte con los problemas importantes que tiene la educación uruguaya en este momento.

—La LUC puso fin a los consejos desconcentrados. ¿Cómo evalúa el nuevo funcionamiento?

—Además de los cambios, es interesante ver lo que no ocurrió. Los críticos de la LUC pronosticaron consecuencias horribles, sin embargo, la LUC lleva meses en vigencia y lejos de catástrofes se introdujeron los cambios sin inconvenientes. Está funcionando bien y se ha ganado en agilidad de un montón de decisiones.

—La coincidencia de ese cambio en la gobernanza con la investigación de docentes que se manifestaron contra la LUC, con la investigación de las licencias sindicales, con la investigación de los inspectores que apoyaron a la fórmula Martínez-villar, ¿hace difícil el puente entre el gobierno y los sindicatos de la educación?

—No me parece que estemos en una situación de especial conflictividad. Hay puntos de roces como hay siempre en una sociedad libre. Tenemos los niveles de conflictividad esperables en una sociedad libre.

Si hay referéndum, va a haber debate. ¡Qué bueno que dirimamos así nuestras tensiones!”. Con los sindicatos tenemos los niveles de conflictividad esperables en una sociedad libre”.