El fracking otra vez en el debate
El gobierno decidió aprobar una moratoria por diez años, pero espera informe científico y técnico
El gobierno aprobó moratoria y espera informes técnicos.
Vecinos del norte del país están preocupados con la idea de volver a pasar por lo mismo que hace cuatro años: la simple posibilidad de que exista el fracking en Uruguay los pone en alerta. En diciembre de este año culmina el plazo de la moratoria amparada en la Ley 19.585, que prohibe el fracking en todo el territorio uruguayo por cuatro años. “No estamos contra el fracking porque sí. No queremos algo que afecta bienes naturales como el agua, la tierra, el aire. Dentro de unos años los combustibles fósiles serán cosa del pasado y el valor del agua y de lo que uno come van a ser mucho más importante”, dijo a El País Roberto Xavier, integrante del Grupo de Vecinos de Tacuarembó por el Medio Ambiente.
Tras un intercambio entre la Presidencia y los ministerios de Industria y de Ambiente, se llegó a un acuerdo para que haya una nueva moratoria, esta vez por diez años. Así lo comunicó el 5 de julio Gerardo Amarilla, subsecretario del Ministerio de Ambiente en su cuenta de Twitter.
Amarilla explicó a El País que “está la decisión política tomada, con la anuencia del presidente de la República de extender la moratoria por el plazo de diez años. Supone la prohibición de explotación de hidrocarburos con fractura hidráulica por ese plazo en el territorio nacional, incluyendo la plataforma marítima”.
Todavía se está a la espera del informe que emitirá la Comisión de Evaluación Científica y Técnica sobre Fractura Hidráulica (Cnect), un requisito que se desprende de la ley vigente. Sin embargo, Amarilla sostuvo que la posición ya está “bastante jugada” y que data del período pasado —en 2016, cuando Amarilla era diputado, presentó un proyecto de ley para prohibir el fracking—. En la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Ambiente ya se “celebra” la decisión de proteger al país por una década.
La comisión técnica —funciona bajo la órbita del MIEM y está integrada por representantes de esa cartera, MVOT, Ministerio de Ambiente, Universidad de la República, Congreso de Intendentes, Academia Nacional de Ciencias, Red Uruguaya de ONGS Ambientalistas— deberá presentar el documento antes de fin de año. Según dice la ley, será una evaluación final sobre el uso del fracking o “la continuidad de la prohibición”. Allí incluirán recomendaciones, así como una puesta a punto del estado actual a nivel internacional. Se incluirán cuáles son las mejores prácticas desarrolladas hasta ahora y mecanismos para mitigar los riesgos asociados.
“Como todas las tecnologías, evolucionan en el tiempo. Nuestro informe es una foto del estado de situación, que no quita que después las cosas cambien, como cambia toda la tecnología, todo el tiempo”, informó la ingeniera agrónoma Alicia Torres, una de las integrantes de la Cnect por parte del MIEM. La experta detalló que una de las principales preocupaciones está asociada al uso excesivo de agua y que en algunos lugares del mundo con suelos frágiles se han registrado temblores.
En Uruguay, si bien no se aplicaba fracking, ya se practicaban exploraciones de hidrocarburo. En 2019 se aprobó un decreto que habilita estas prácticas que, dijo Amarilla, se siguen haciendo. “Creo que deberíamos terminar con la búsqueda de petróleo en un mundo donde es mucho más valiosa el agua dulce como recurso”.
Bruna Borba, maestra de Piedra Sola (localidad en el límite de Paysandú y Tacurembó), contó que en 2016 una empresa se acercó a algunos vecinos para avisarles que iban a hacer exploraciones, pero que no hubo mucha más conversación. La información que obtuvieron fue por el contacto de organizaciones sociales de Paysandú y Tacuarembó. “Vinieron diciendo que iban a dar trabajo a la localidad, hablaban del petróleo como una riqueza. Todo el mundo pensó en el trabajo. Estábamos encantados”.
Pero las exploraciones fueron hechas por trabajadores de afuera formados para manipular la maquinaria requerida. Ahora que se acerca el final de la prórroga, Borba, sus vecinos y organizaciones de otros departamentos vuelven a preocuparse.