El Pais (Uruguay)

Un nuevo tiempo político

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Todo hace presumir que sus proponente­s han conseguido las firmas necesarias para habilitar el referéndum. Si bien aún falta su verificaci­ón no parece que el descarte, que hasta ahora nunca ha alcanzado a más de un diez por ciento de adherentes, llegue a alterar el resultado. Ello significa que el país ingresará en un diferente tiempo político, a su vez coincident­e con el presumible final de la fase aguda de la pandemia, lo que supondrá una agenda política de mucha mayor dinámica y diversidad.

Cabe observar in límine, que si el recurso tuviera éxito y la LUC resultara derogada, ello no impediría que el actual gobierno, volviera a sancionarl­a por vía legislativ­a. Eso mismo, como dijimos en nota anterior, fue lo que hizo el Frente Amplio con la denominada Ley de Caducidad, derogada en el Parlamento por una mayoría de su partido, desconocie­ndo dos referéndum que por voto popular habían ratificado su vigencia. Una herejía que el actual gobierno, dada su apreciació­n del derecho y su respeto a la voluntad popular, es seguro que no cometerá.

Volviendo a la realidad, es compartibl­e que este no sea el momento más propicio para adelantar resultados. Todo es aún incierto. No obstante, la empresa Cifra ya publicó una encuesta pronostica­ndo que si hoy se votara el recurso sería derrotado por una mayoría del 9% de los electores, un porcentaje algo menor, pero bastante cercano, a la ventaja que los partidos integrante­s de la coalición multicolor obtuvieron en las últimas elecciones nacionales. Ello refuerza la impresión que lo que importa para decidir, más que el contenido de la Ley, es la pertenenci­a partidaria de los ciudadanos. Aún cuando en Montevideo, donde en las elecciones nacionales triunfó la izquierda frentista, ahora se impone, por un pequeño porcentaje, la opción por mantenerla vigente. Una anomalía que merece pensarse.

De todos modos y más allá de estos adelantos aún preliminar­es y sin desatender el gran porcentaje de indecisos —más del 20% de la muestra—, algunos factores de fondo hacen presumir que la derogación no será fácil. El número de delitos sigue disminuyen­do en el país. Un resultado en el que muy probableme­nte hayan incidido, entre otros factores, los variados cambios legales introducid­os por la LUC que la ciudadanía reclamaba imperiosam­ente. Sin que se conozcan menoscabos a los derechos ciudadanos originados por ellos. Algo similar ocurre con la educación que nadie ignora que requiere transforma­ciones estructura­les de fondo, algunas de las cuales ya se adelantaro­n en esta Ley. Los últimos informes PISA, con sus tristes resultados, vuelven a reiterar esta sempiterna problemáti­ca que exige no volver atrás. Cuando es primordial seguir innovando; no contribuye a ello un plebiscito sustentado en una clara reacción conservado­ra.

Esto no significa que en el plano estrictame­nte legal los impugnante­s no tengan pleno derecho a aferrarse al pasado. Todo indica que estar invirtiend­o sus orígenes y tradicione­s, es su actual vocación. En los hechos, no les será simple hacerlo. El pueblo reclamó un cambio de rumbo y se pronunció en consecuenc­ia, concederlo aún a disgusto, hubiera sido una muestra de grandeza y de madura oposición. Cualidades que hasta ahora no se hicieron presentes.

El pueblo reclamó un cambio de rumbo y se pronunció en consecuenc­ia.

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