Dilatan ley sobre los desalojos
El proyecto redactado por Elsa Capillera, diputada de Cabildo, fue objetado por Vivienda
Un proyecto de ley para frenar los desalojos hasta 180 días después de finalizada la pandemia que presentó la diputada Elsa Capillera, de Cabildo Abierto, está “encajonado” por no contar con el visto bueno del gobierno. El proyecto suspende los desalojos a los que sufrieron una disminución salarial al menos del 40%, y habilita que paguen el 50% de sus ingresos.
Un proyecto de ley para frenar los desalojos hasta 180 días después de finalizada la pandemia que presentó la diputada Elsa Capillera, de Cabildo Abierto, quedó en suspenso por no contar con el visto bueno del gobierno de Luis Lacalle Pou.
Esta iniciativa, que se suma a otras dos anteriores que ya había impulsado el Frente Amplio con el mismo objetivo, está “encajonada” en la Comisión de Vivienda de Diputados y todo indica que no se aprobará.
En líneas generales el proyecto plantea suspender los lanzamientos para los que se encuentran en “estado de vulnerabilidad socioeconómica” como consecuencia de la pandemia. Dentro de ese rango se incluyó a los que sufrieron una disminución de ingresos del 40%, o más, para que paguen un alquiler que represente el 50% de sus haberes.
Hay dos aspectos que no conforman al gobierno: frenar los desalojos “hasta 180 días después de finalizada la pandemia” y la rebaja del precio de los alquileres en los casos antes mencionados. Lo primero porque supone que el Estado se haga cargo de lo que perderán los propietarios y lo segundo porque se entiende que hay personas que viven de lo que reciben por el arrendamiento.
Estos reparos fueron comunicados en una reunión, hace unos 10 días, a los miembros de la coalición por la propia ministra de Vivienda, Irene Moreira, integrante de Cabildo Abierto al igual que Capillera.
La diputada reconoció a El País que “el mayor problema (del proyecto) es el referido a cuándo cesa la pandemia”. Si bien la legisladora se mostró favorable a bajar el plazo (si fuera necesario para alcanzar un acuerdo) a 90 días, admitió que hasta ahora no se ha encontrado una solución.
“No sé si mucho no se entendió el proyecto o capaz en mi inexperiencia no lo hice defender bien”, afirmó la diputada. Señaló que como en el Parlamento se estudia la Rendición de Cuentas y el Poder Ejecutivo se comprometió a buscar una salida para los que viven en Santa Catalina “se esperará un poco” antes de colocarlo a votación en Cámara.
En esa línea declaró: “Ahora estamos con todo el tema de la Rendición de Cuentas y queremos ser como prudentes y esperar un poquito para ver cómo se acomodan las cosas”.
Además, consideró que durante el invierno la ley vigente ya protege a las familias con niños para que no puedan ser desalojadas de sus casas. Por lo que en este momento consideró que no se debe apurar una votación, como pretendió hacer el Frente Amplio el pasado miércoles 14 en sala.
La oposición pidió tratar como “grave y urgente” uno de los proyectos presentados para frenar desalojos, lo que no consiguió por falta de votos de la coalición.
Desde la bancada oficialista, indicaron a El País que hubo “descoordinación” cuando se decidió impulsar un proyecto para frenar desalojos, porque no se trabajó en conjunto con la ministra de Vivienda.
Consultada sobre el punto, Capillera dijo que la iniciativa fue redactada por ella y su abogado. “Lo elaboramos nosotros, después estuvieron de acuerdo todos, pero el tema es la fecha de la pandemia, es decir cuándo termina”, acotó.
La diputada de Cabildo indicó que estos reparos planteados por Vivienda también fueron compartidos por el Partido Nacional y colorados. “Tienen razón nadie sabe cuándo termina la pandemia”, reconoció.
Dijo que, si se llega a un acuerdo con las personas de los asentamientos ubicados en la zona de Santa Catalina y mejora la situación económica, capaz que “hasta no es necesaria” la iniciativa. “No sé sí daría para seguir el tema, estamos monitoreando la situación”, acotó.
Consultada sobre el proyecto en cuestión, la diputada nacionalista Carmen Tort dijo a El País que mantiene “diferencias con los plazos” que se disponen para evitar desalojos y cómo se tramitaría el asunto a nivel judicial. “El tema de la suspensión de lanzamientos de asentamientos no soluciona el problema porque en realidad lo que se aplica es una ley penal de usurpación”, explicó.
Asimismo, consideró que una suspensión generalizada de los desalojos “generaría un caos judicial” si no se estudia bien cada caso. “Nosotros pensamos que el proyecto de Capillera se había hablado con el ministerio porque ella es del mismo partido que la ministra”, señaló Tort.
Dijo que en una reunión con la delegación de Vivienda se quedó en hacer una devolución sobre la iniciativa, algo que todavía no sucedió. Lo que sí quedó en claro que no se lleva la parte del proyecto que habla de la “finalización de la pandemia”, por no saber cuándo será.
“ENCAJONADO”. Por su parte, la diputada del Frente Amplio Cecilia Cairo (MPP) dijo a El País (que por parte de la oposición) se presentaron en marzo dos proyectos que frenan los desalojos y en mayo se empezó a hablar con Capillera para acordar un texto en común. Esto mismo fue comunicado en prensa tanto por Cairo como por Capillera.
En los primeros días de junio, desde el Partido Colorado se plantearon algunas dudas sobre el plazo de 180 días que disponía el proyecto de Capillera. El 10 de junio, la coalición comunicó al FA que estaba esperando una respuesta del Poder Ejecutivo y hasta entonces no llegara no podían votarlo.
Este mes de julio, como se siguió sin una contestación, el FA decidió hacer el planteo de asunto político “porque el proyecto está siendo encajonado”, afirmó Cairo. “Estamos en un limbo porque no dicen: ´no lo vamos a votar´, pero en los hechos según el Poder Ejecutivo en setiembre tendríamos la inmunización de rebaño por lo que esta ley deja de tener sentido”, concluyó.
“No sé si no se entendió el proyecto o no supe defenderlo bien”, dijo Capillera.