Cuestionan cambios en biodiesel
Paganini aseguró que bajaría el precio del gasoil al derogarse obligatoriedad de mezcla
Cabildo Abierto cuestionó
■■ los cambios legales, que eliminan la obligación de mezclar un porcentaje mínimo de biodiesel en los combustibles que distribuye Ancap. La comisión de expertos que analizó el sistema de combustibles, llegó a la conclusión de que conviene eliminar el mínimo del biodiesel, en la medida en que lleva a un aumento del precio. “Nuestra preocupación son los puestos de trabajo y el tema medioambiental”, afirmó el diputado Álvaro Perrone.
Tratar a fondo” con el ministro de Industria, Omar Paganini, el artículo de la Rendición que elimina el 5% de mezcla obligatoria de biodiesel para el gasoil. Ese fue el pedido que hizo Cabildo Abierto al resto de la coalición.
Según la argumentación del Ministerio de Industria esto permitiría una rebaja de $ 1,5 por litro en el precio del gasoil y de no aprobarse la propuesta se vería afectada la competitividad del sector productivo.
Sin embargo, el artículo 156 encontró reparos no solo en el Frente Amplio, sino también en filas de la propia coalición. “Vamos a pedir tratar a fondo este tema con el ministro de Industria”, dijo a El País el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, integrante de la Comisión de Hacienda. Lo que pretende averiguar es cuántos son los empleos que se pierden por el cierre de la planta de ALUR de Capurro. “Nuestra preocupación son los puestos de trabajo y el tema medioambiental, porque los biocombustibles evitan la contaminación y hay compromisos asumidos en el Mercosur”, explicó Perrone.
El legislador aclaró que en este momento no se está planteando retirar el artículo, pero si de la reunión surge que el tema no está bien definido se analizará esa posibilidad o se solicitará el desglose de la Rendición de Cuentas y el tratamiento aparte en Comisión de Industria
Uno de los aspectos que preocupa a Cabildo es el contrato vigente con Cousa, que vence en 2028, lo que generaría costos para el Estado en caso de cancelarse la producción.
El pasado martes en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados, Paganini defendió las modificaciones en materia de los biocombustibles. Los mismos se rigen por la ley 18.195, que fija un mínimo de 5% de biocombustibles para el etanol a mezclar en las gasolinas y para el biodiesel a fusionar con el gasoil.
La comisión de expertos (creada por la LUC) que analizó el sistema de combustibles, llegó a la conclusión de que conviene eliminar el mínimo del biodiesel, en la medida en que implica un recargo del orden de $ 1,5 en el precio del gasoil, señaló Paganini de acuerdo a la versión taquigráfica de la reunión.
La planta de ALUR —donde se produce el biodiesel— da empleo a 40 personas y utiliza cereales, soja y colza. De manera que, en vez de comercializarse a ALUR estos productos se pueden vender en el mercado internacional, acotó Paganini.
“A los agricultores no les va a cambiar absolutamente nada”, aseguró sobre el impacto de la medida propuesta en la Rendición. En cambio, dijo, los productores sí se ven afectados por tener que pagar el gasoil más caro. “Nos parece que el impacto productivo es negativo y el impacto social es muy pequeño”, concluyó.
El ministro consideró que es muy diferente lo que sucede con el etanol, porque en la planta de ALUR de Bella Unión —donde se procesa la caña de azúcar— trabajan unas 2.500 personas (de los cuales 500 son permanentes). Además, hay 80 empleados en la planta de Paysandú que también se verían afectados. Por lo que refrendó el compromiso del presidente Luis Lacalle Pou de mantener la producción.
“Entendemos que el impacto social de bajar la mezcla de etanol sería muy grande, en particular en una determinada zona del país. Mientras que, el impacto de no mezclar el biodiesel es completamente absorbible, ya que involucra pocos puestos de trabajo que pueden ser redistribuidos”, insistió.
“¿Qué pasa con los puestos de trabajo industriales en la planta de Cousa?”, preguntó en la comisión el diputado del MPP Sebastián Valdomir. Y dijo que, de acuerdo a datos que maneja, serían más de 300 los trabajadores afectados.
El ministro pidió “poner las cosas en su lugar”. Explicó que Cousa gana US$ 110 millones por año y le factura US$ 9 millones a ALUR. Entonces, aseguró que “si hay algún riesgo” dentro de la plantilla de Cousa “no son 350 ni a palazos”.
Paganini enfatizó en que ALUR no es una herramienta de subsidio al agricultor de soja, “porque sería una locura tener una política de ese tipo”. “Nunca se planteó y no es lo que se hace. Entonces, salir por ese lado me parece que es errar un poquito el bizcochazo”, afirmó en alusión a los planteos de legisladores del Frente en el sentido de que el sector agrícola podría verse perjudicado.
Con respecto al contrato firmado con Cousa, al que calificó de “generoso”, explicó que se respetará o se negociará una salida. “Efectivamente tendrá un costo, pero en el mediano plazo salimos del problema”, aseguró Paganini.
El ministro insistió, entonces, en que “no hay destrucción del empleo” porque son fácilmente reubicables los funcionarios. Añadió que los puestos de trabajo de los agricultores “no están en discusión” y los de Cousa “seguramente la empresa también los va a poder manejar y tampoco serán muy abundantes”.