Importación de frutas y verduras en el banquillo
PEn los primeros ocho meses del año el Ministerio de Ganadería autorizó 1.270 permisos para traer frutas y verduras desde el exterior. Pero hay decenas de solicitudes rechazadas o que se vencen antes de recibir la autorización. ¿Por qué? Cumple más de dos décadas un sistema por el cual gobierno y productores evalúan qué frutas y verduras se importan, en función de la disponibilidad de producción local. Es un ámbito donde el Ejecutivo recibe asesoramiento de las gremiales para monitorear el abastecimiento y precios. Y para luego otorgar la Solicitud de Autorización Fitosanitaria de Ingreso de Productos Vegetales (Safidi).
Remo di Leonardi, secretario de la Confederación Granjera y protagonista de manifestaciones que a fines de la década de 1990 lograron cortar con un sistema más libre, explicó que el régimen “favorece al consumidor” porque “si desaparece la producción nacional, desaparece la soberanía”. Pero un ejecutivo de una cadena de supermercados, que pidió no ser identificado, afirmó que el sistema es poco transparente: “Hay unos tipos que deciden qué entra y que no”.
Se iba la década de 1990 y Uruguay estrenaba un nuevo sistema electoral con elecciones internas, nacionales y segunda vuelta. Y la crisis económica ya estaba a la vuelta de la esquina. Aquella, al final del segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, fue una protesta histórica del campo en la capital. Tuvo “características inusitadas por su rapidez, por su profundidad y por el consenso que suscitó en todo el espectro de las entidades gremiales del sector”, según dice el sociólogo Diego Piñeiro en el libro En Busca de la Identidad. La Acción Colectiva en los Conflictos Agrarios de América Latina.
El 13 de abril de 1999 una marcha —promovida originalmente por productores del norte, a la que luego se sumaron gremiales de todo el país— llegó hasta el Palacio Legislativo, con entre 10.000 y 30.000 participantes en múltiples columnas, según las distintas estimaciones. Se vieron caballos, carros, tractores, camionetas 4x4 y ómnibus. Luego siguieron al Edificio Libertad, donde no fueron recibidos por Sanguinetti, pero sí por el entonces secretario de Presidencia Elías Bluth. A eso le siguió un paro en el abastecimiento de frutas y verduras que duró 72 horas y manifestaciones en todo el país en solidaridad con los granjeros en lucha.
El conflicto era multicausal y, en el marco de una situación de crisis que se acercaba para el agro uruguayo, uno de los tantos temas de fondo, recuerda Piñeiro, era que los precios internos estaban “jaqueados” por las importaciones de productos desde los países vecinos. Lo que venía de afuera tenía precio más bajo que la producción local por la “sobrevaluación” de la moneda uruguaya.
Una consecuencia que generó aquella movida es que se cortó con la importación liberada de frutas y verduras. Así lo recuerda Remo di Leonardi, actual secretario de la Confederación Granjera, director de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo (UAM) pero también protagonista de las mencionadas manifestaciones de fines de siglo: “En aquella época nos estaban arrasando con productos importados y de contrabando. Entraban productos de todo tipo y color sin controles. Argentina y Brasil ya eran productores de mucha escala y con costos muy menores a los nuestros”.
Los tomates importados entraban al mismo precio que acá salía producirlos, afirma Di Leonardi cuando se le pide un ejemplo. “Fue una historia muy fuerte y pesada”, dice hoy.
El gobierno creó entonces una comisión conformada por representantes del Poder Ejecutivo y de los productores para analizar el stock de la producción local y controlar qué se podía importar y que no, como forma de cuidar al mercado nacional. “La idea era que eso no compitiera en forma desleal con el producto uruguayo y para eso la única forma es proteger la producción”, sostiene Di Leonardi.
Y el sistema quedó hasta hoy.
De hecho, dos décadas más tarde, desde el sector productivo siguen sosteniendo que es la forma de defender la producción nacional frente a países de la región con costos de producción y combustible más baratos y mano de obra más informal. Es más, los productores afirman que, si no existiera este mecanismo, muchos se fundirían. “Desaparecen”, dice un productor que pide no ser identificado. Otro referente afirma: “Poner a competir a un productor uruguayo con un argentino o paraguayo con reglas de libre mercado es condenarlo al fracaso. No hay forma”.
Pero no todos opinan eso. Como veremos más adelante, para otros, sobre todo desde el rubro importador, se trata de un sistema “turbio”, poco transparente y que se presta para la especulación. En el medio, el consumidor, que debe pagar más o menos según la época y encuentra frutas y verduras de distinta calidad.
El nombre original y casi espontáneo de aquel ámbito que ya lleva más de 20 años fue “mesa de Afidi”, por el permiso que se llama Solicitud de Autorización Fitosanitaria de Ingreso de Productos Vegetales (Safidi) y que regula los aspectos sanitarios para ingresar la mercadería al país, aunque de fondo está el mencionado control de la cantidad que se permite o no traer de cada producto para no afectar la producción local. Es una traba junto a, por ejemplo, el IVA que se paga para importar frutas y verduras, según algunos analistas. Hoy el ámbito se llama Comisión Asesora de Abastecimiento del Mercado Interno (Caami), allí participan las diversas gremiales de productores junto a representantes del Ministerio de Ganadería. Se reúne en forma periódica, pero “no existe en los papeles, no tiene formalidad”, dice a El País una fuente del sector.
El funcionamiento de esta comisión no es del todo público porque cerrar el ingreso de importaciones es un sistema de protección que va contra los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), aunque lo hagan muchos países. Por eso mismo, argumentando que es “un tema muy delicado” y hasta “ilegal” a nivel internacional, varios productores y referentes del sector productivo hablan en forma anónima para este informe
Se trata de un viejo dilema, que todas las administraciones han intentado transparentar sin mucha suerte. En la práctica es un ámbito en el cual el Ejecutivo recibe asesoramiento de las gremiales para monitorear el abastecimiento y los precios en el mercado local. En base a eso se habilita o no la importación de productos en base a los pedidos sobre la mesa por oportunidades de negocio, ya sea porque “el precio de acá
está alto o el de afuera es bajo, porque la calidad de acá no es buena o la cantidad es escasa”, admite un referente del sector.
El presidente de la Confederación Granjera del Uruguay, Erick Rolando, explica que la comisión asesora al ministerio sobre cómo viene la producción “y punto”, pero “después qué hace el Estado con los datos es cosa de ellos”.
En los primeros ocho meses del año, por ejemplo, llegaron al país 1.270 viajes autorizados, por un total a 46.604.540 kilos, según información oficial a la que accedió El País (ver aparte).
Si una fruta o verdura no se produce acá, la importación se libera en forma automática si cumple con los requisitos. Si hay producción local, el panorama cambia y se evalúa cada permiso, que es gestionado por intermediarios, que son despachantes de aduana. El trámite debe realizarse ante la Dirección General de Servicios Agrícolas para todos los productos de origen vegetal. En algunos casos, como con el ajo (ver aparte), hay sorteos.
“LOS HACEMOS BOLSA”. A unos metros del despacho del nuevo ministro de Ganadería Fernando Mattos en el edificio de Constituyente, el director general de la Granja, Nicolás Chiesa, recibe a El País y dice que en esto no hay misterio y que lo fundamental es asegurar la soberanía alimentaria.
Y entonces pone un ejemplo:
—Si mañana dejamos que todos los importadores traigan ajo y hacemos bolsa a los productores de ajo de acá, ¿qué pasa? Van a dejar de producir y, como hay que traerlo de muy lejos, la gente va a terminar pagando más caro.
El Safidi, resume, es un permiso donde Uruguay le pide al importador que cumpla con determinadas normas sanitarias, como estar libre de determinadas plagas.
—Pero, más allá de lo sanitario, también se analiza si acá se produce o si hay faltante de lo que se pide, ¿no?
—Es un atenuante más, eso ayuda a decidir. Hay permisos automáticos, que el sistema da rápido. Pasa con las bananas. Pero otros se analizan caso a caso. Igual en general siempre se habilita y se trae.
—Ahora, si yo quiero traer algo que acá se produce y hay buena cantidad, no me lo van a dejar pasar.
—No protegemos. Miramos y hablamos. Hace poco había un pedido de 13 viajes de coliflor. Y acá en invierno se produce abundante coliflor. Lo miramos: “Esto va a generar ruido”, dijimos. Pero ta, se les otorgó. Y no lo trajeron. Porque el importador no trae para perder plata. Y hoy los precios de frutas y verduras nacionales están muy bajos, en pisos históricos por superproducción, como en la cebolla o los zapallos. Se trae en momentos puntuales cuando acá escasea y pega una subida de precios.
—¿Pero cuán discrecional es el sistema a la hora de decidir si se otorgan permisos?
—Intentamos que no haya discrecionalidad. Este sistema es viejo y nosotros hemos intentado mejorarlo, pusimos un técnico que da información a las gremiales. Trabajamos con la asociación de despachantes, lo transparentamos.
—Si se libera, ¿el consumidor no se vería beneficiado con un precio menor?
—No. ¿Cuándo el consumidor uruguayo compra barato? Cuando acá hay una sobreoferta y muy buena plaza abastecida con productos nacionales. Si no hay producto nacional, es cuando se paga caro. Ahora la cebolla está a 200 y pico de pesos la bolsa, más barato que eso no se puede pagar. La gente casi no puede cubrir sus costos de producción.
—¿Pero cuán seguido dicen que no? —Salvo que haya un trancazo fuerte de acá, interno, no es normal decir que no. Acá lo más importante es que la plaza esté abastecida...
—Y cuidar al productor local... —Exacto, esa es la idea. Quisiéramos encontrar un sistema mejor, pero no es fácil, porque tenés que jugar con las mismas reglas que los socios de la región. Es una medida espejo.
—¿Se maneja parecido en todos lados? —Andá a intentar mandar un camión de manzanas a Buenos Aires. Ni locos. Los productores no te dejan y te prenden fuego. Hace poco estuve en Salto: sería grandioso colocar en Concordia la producción muy buena de frutillas. No te digo en Buenos Aires. Es solo cruzar 30 kilómetros. Y no hemos podido.
—El Mercosur ahí no funciona mucho. Chiesa hace un silencio y admite: —Con Argentina siempre fue difícil. Pero veamos qué opinan los que estuvieron en lugares similares a Chiesa en gobiernos anteriores. El colorado Martín Aguirrezabala fue ministro de Ganadería al final del gobierno de Jorge Batlle, entre 2003 y 2005. Hoy dice a El País que en su período se intentó usar el Safidi “con la mayor objetividad posible” pero que a veces “la situación de mercado se maneja como elemento central”, lo que en sí “distorsiona algo que debería ser solo un permiso sanitario”. Eso va contra su visión “ideológica” más proclive a “abrir todo”, pero dice que se explica por las asimetrías de tipo de cambio con los vecinos en el Mercosur, por lo cual “hay que tener un cuidado bárbaro” para “no destruir un sector en un día” ya que en la región se produce “a la mitad del precio”.
De todos modos, la tendencia, a juicio de Aguirrezabala, debería ser a facilitar el comercio y reconocer solo las trabas sanitarias que se justifiquen, mientras se tiende a una “granja competitiva”.
El frenteamplista Ernesto Agazzi (Movimiento de Participación Popular) asumió cuando se fue Aguirrezabala: primero como subsecretario de José Mujica en 2005 y entre 2008 y 2009 como ministro. Y considera que es un tema donde siempre ha habido una “puja de intereses en la que el gobierno toma la decisión”. Entonces recuerda: “Era una cosa turbia que no se manejaba con claridad, y tenían mucha participación los intermediarios. Me acuerdo de las papas, que presionaban para dejar importar o no en función del negocio”.
Andrés Berterreche, subsecretario de Ganadería en la época de Agazzi y ministro al final del gobierno de Tabaré Vázquez, tiene “recuerdos lejanos y violentos” de reuniones con productores, importadores y acopiadores en media estación para intentar llegar a un difícil consenso respecto a cuánto se permitía importar ante la escasez de determinadas frutas y verduras. “El sistema es bastante complejo, había mucha sensibilidad”, afirma Berterreche, quien aclara que no habla por lo que sucede hoy, realidad que desconoce. Admite que debería haber más “cristalinidad” pero también advierte: “No tenemos que ser más puristas que el resto del mundo”.
PLATOS ROTOS. Un ejecutivo de una cadena de supermercados, que pide no ser identificado, dice que el problema viene desde hace décadas y que es la ley la que protege el mecanismo. “Es todo muy turbio y poco transparente: hay unos tipos que deciden qué entra y que no”, se queja.
En su caso, “cada muerte de obispo” les dan alguna autorización pero muestra los registros que indican que la mayoría de las solicitudes fueron rechazadas o directamente se vencieron sin respuesta. “Los que pagan los platos rotos son los que después tienen que pagar más caro el tomate”, dice el empresario, aunque su versión choca con la de los productores y la del gobierno, que argumenta que una liberación de permisos no necesariamente redundaría en una baja en los precios.
Di Leonardi dice que este sistema que nació a fines de la década de 1990 no hizo más que “favorecer al consumidor” porque “si desaparece la producción nacional, desaparece la soberanía”. Y asegura que lo mismo pasa en los países vecinos: “Brasil y Argentina hacen lo mismo. Todos los países del mundo tienen una barrera pararancelaria. El que crea lo contrario, vive en otro planeta, no tiene idea de qué habla. ¿Cómo competimos con Argentina con el combustible a mitad de precio? Y encima estamos expuestos al contrabando”.
Luis Carbone, presidente de la Asociación de Productores y Compradores de la UAM), afirma que el Safidi tiene un único objetivo claro: cuidar la economía del consumidor. “Si hay productos que faltan acá, se habilita que se traigan y se regula el precio. Pero mirá que el costo de lo importado siempre es mayor, nunca es barato”, afirma Carbone, que sigue una tradición familiar. Es hijo y nieto de productores uruguayos.
“El sistema cuida la producción nacional ante una superoferta tremenda”, dice Carbone. ¿Si es poco transparente? “No es por sacarle la cola a la jeringa, pero cuando conocidos han pedido permisos para traer cosas de afuera, se los han otorgado”, responde y pide dejarla por esa.
Rolando, de la Confederación Granjera, asegura que hay importadores que traen productos “perdiendo plata” y cree que eso puede ser por el IVA: “Con la producción importada se puede descontar el IVA y se puede remarcar, y por eso a veces quieren traer en plena cosecha”.
Otro productor que pide anonimato dice que hay “comisionistas” que importan o compran del mercado interno según convenga. Pregunta quién controla a los intermediarios, ya que a su juicio el productor “es el que gana menos de la cadena” productiva. “Es un negocio millonario, hay gente que se ha hecho rica trayendo producciones de afuera”, afirma.
Y, entonces, lanza una advertencia a quien quiera escuchar: “Si dicen que el año que viene sacan las Safidis, yo pongo a la venta todo y no invierto un peso más porque no voy a poder competir con Argentina y Brasil. Saco todo”. Los granjeros, confía, se mueven por pocas cosas. “Una es si les quieren sacar las Safidis, ahí sí que se ponen en pie de guerra”.
Andá a intentar mandar un camión de manzanas a Buenos Aires. Ni locos. Los productores no te dejan yte prenden fuego”.
Nicolás Chiesa, director general de Granja