Cuatro proyectos: una lluvia de ideas para salvar a la frontera
Principalmente son legisladores oriundos de ciudades fronterizas los que se pusieron el desafío al hombro. En marzo, Nicolás Lorenzo, diputado frenteamplista por Artigas, presentó un proyecto que propone una autorización por nueve meses para la compraventa de mercaderías en los free shops por un máximo de 300 dólares mensuales. Además, prevé una devolución del Imesi y del IVA para las compraventas de micro, pequeñas y medianas empresas hasta por 12 meses, que podrá extenderse. A su vez, plantea tarifas preferenciales para los servicios públicos de estas empresas.
El proyecto de Cabildo Abierto tiene puntos de contacto. El senador Guillermo Domenech explica que, a través de la creación de una comisión de comercio fronterizo, se llevaría un registro de la variación de precios sobre el cual se autorizará una devolución del Imesi y/o del IVA para los productos designados en las mipymes de la zona. “El consumidor final contaría con una tarjeta emitida para este propósito, pudiendo pagar en efectivo o con medio electrónico. La devolución será para el cliente y se transferirá a los comercios a través de retenciones”, explica.
Con el ánimo de generar “una vecindad más accesible para los pobladores de la frontera”, el senador colorado Germán Coutinho (exintendente de Salto) propone crear una tarjeta verde de importación para empresas con un año de antigüedad, menos de 19 empleados y aportes al día. El tope de importación (solo para mercadería permitida) sería de 487.000 pesos. Se pagaría una tasa de 5% a Aduanas, para cuyos funcionarios prevé un premio por productividad. También propone una tarjeta de exportación, exoneración de IVA para servicios turísticos y una reducción de los costos en BPS y en servicios públicos.
Por último, el senador nacionalista Sergio Botana (exintendente de Cerro Largo) cree que “a los informales hay que darle la oportunidad de legalizarse, y a los legales hay que eliminarle la competencia desleal”. ¿Cómo? Mediante una patente de introducción de mercadería autorizada para su comercialización o consumo. Podrán acceder comercios formales y ciudadanos que puedan comprobar que este es su medio de supervivencia. El valor mensual no excederá los 438.300 pesos. Se pagará una tasa del 6%. El comercio debería ser solo entre las zonas fronterizas y su control quedaría en manos de Aduanas, para cuyos funcionarios prevé incentivos.