Laudos, alquileres y cucos
Uruguay tiene un problema de fondo. La hegemonía cultural impuesta por el Frente Amplio y sus socios sindicales en las últimas décadas, sobre todo en las elites políticas y mediáticas, nos impone un corsé ideológico que hace casi imposible ajustar nuestra realidad a los cambios que experimenta el mundo. Hay dos episodios recientes que muestran el fenómeno en toda su magnitud.
El primero tiene que ver con un cambio incluido en la Ley de Urgente Consideración en el régimen de alquileres. Allí se prevé un nuevo sistema, a convivir con el tradicional, en el cual el arrendador y el arrendatario pueden acordar libremente un contrato más precario, para el cual no se requiere cumplir con el engorroso y pesado sistema de garantías que rige a los convenios habituales. Pero por otro lado, también se prevé plazos de desalojo más breves.
Se trata de una flexibilidad que el mercado de arrendamientos uruguayo exige a gritos hace años. El sistema habitual, creado con una lógica paranoide y perversa de que quien arrienda es un malvado, deseoso de echar a su inquilino a la primera de cambio, exige inagotables requisitos para poder desalojar a un mal pagador. La consecuencia ha sido que las exigencias de garantías que piden los propietarios es tan grande que mucha gente no accede.
¿Por qué piensa el lector que habiendo tanta demanda de vivienda, hay tantas viviendas vacías? Porque si yo, arrendador, no me aseguro que quien entra a mi propiedad tiene “espalda” de sobra para pagar, me arriesgo a pérdidas millonarias antes de poder desalojar a alguien que no cumple. Este nuevo sistema simplemente viene a ofrecer una alternativa, muy similar a lo que se da en otros países del primer mundo, que habilita a quienes no tienen garantías suficientes, puedan acceder a una vivienda.
Pero las críticas unánimes de operadores políticos y mediáticos, han vestido esto como una especie de delito contra la humanidad, un capítulo de Oliver Twist, donde los pobres serán echados a patadas de sus hogares por los crueles propietarios a la primera de cambio.
El segundo episodio gira en torno a un nuevo proyecto de la Cámara de Industrias, que habilitaría que en ciertos casos, las empresas puedan contratar gente por períodos breves, pagando un 70% del laudo salarial del sector.
La intención del proyecto es clara y benévola. En una situación pospandemia, donde las empresas comienzan a recuperarse pero son reacias a contratar gente para no verse encorsetadas en el rígido sistema actual, se trata de abrir una válvula de escape para que algunos pierdan el miedo y puedan dinamizar el mercado laboral.
Porque aquí ocurre algo similar a lo que pasa con los alquileres. Son tan complicadas y caras las normativas que regulan los salarios, y sobre todo los despidos, que el empresario hoy a veces prefiere brindar un peor servicio, o no apostar al crecimiento, con tal de no “clavarse” con empleados que tal vez mañana no puede pagar, y que si los tiene que despedir, los costos pondrán en riesgo el futuro de su emprendimiento.
Vale señalar un detalle. Hay cientos de miles de trabajadores en la informalidad, hay miles de desempleados desesperados por trabajar, cuya mirada no está reflejada en los ámbitos de negociación salarial, donde los representantes de los trabajadores luchan por quienes ya tienen trabajo. Pero no por quienes quedaron fuera del sistema.
El corsé ideológico impuesto por el Frente Amplio y sus socios sindicales, hace casi imposible ajustar nuestra realidad a los cambios que experimenta el mundo.
Alcanza ver la presentación del presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía, en el programa matinal de canal 12, para comprobar lo negativo de cierta concepción ideológica, demasiado homogénea entre casi todos los que lo interrogaban. Todo giró en torno a una severa interpelación, como si Antía estuviera pidiendo bajar el sueldo a quienes ya trabajan, una desconfianza exagerada de si esto no sería una estratagema para pagar menos, y exigiéndole una especie de acto de fe, sobre los motivos detrás de su planteamiento.
Los comunicadores, igual que la elite sindical, parecen no querer ver que en los pasados cinco años, antes de la pandemia, con el sistema actual que parece maravilloso, se perdieron 50 mil puestos de trabajo en Uruguay. Al igual que han crecido los asentamientos irregulares, por gente que no tiene garantías para poder alquilar una vivienda. Estas propuestas podrán tener defectos, pero al menos buscan tomar el toro por las astas de un problema mayúsculo que tiene el país. Y que mientras no nos saquemos la venda ideológica que sigue haciendo creer a algunos que la sociedad es una guerra fratricida, no los vamos a poder solucionar.