Jutep enjuicia con dureza al Antel Arena
Se violaron “principios de buena administración financiera”
■■ Un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep) difundido ayer por la tarde, determinó que en el proceso de inversión y de construcción del estadio Antel Arena se violaron “principios de buena administración financiera” y de “transparencia y publicidad”, valores que están plasmados en el Código de Ética de la Función Pública, y en un decreto de 2003. Además, la junta anticorrupción estableció que la gestión de este proyecto, buque insignia de la gestión de Carolina Cosse en Antel (20102014), incurrió en “falta administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que puedan corresponder”. Estos conceptos fueron aprobados por todo el directorio del organismo, lo que incluye a la presidenta Susana Signorino (que responde a Cabildo Abierto), el vicepresidente, Guillermo Ortiz (del Partido Nacional) y el vocal, Jorge Castro, que representa al Frente
Amplio. “Salió por unanimidad”, destacó en ese sentido Signorino, en diálogo con El País.
Las autoridades de Antel, por su parte, anunciaron que elevarán estos elementos a la Fiscalía, incorporándose a la denuncia penal que está en proceso.
No hubo un “apego irrestricto al principio de legalidad”; no se respetaron los “principios de buena administración financiera” ni los de “transparencia y publicidad” que están plasmados en el Código de Ética de la Función Pública, y en un decreto de 2003. En la obra del estadio multipropósito Antel Arena, construido por decisión de Carolina Cosse —al frente de la empresa estatal entre 2010 y 2014—, se violaron esas normas y se incurrió en “falta administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que puedan corresponder”, según concluyó ayer la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep).
Este organismo, más conocido como junta anticorrupción, analizó a su vez las conclusiones de la auditoría que el actual directorio de Antel encargó a la firma Ecovis meses atrás, y que en junio concluyó, entre otras cosas, que la construcción costó US$ 120 millones, el triple de lo que la actual intendenta de Montevideo había anunciado en 2015, cuando dijo que iba a costar US$ 40 millones.
El fallo de la Jutep fue firmado por los tres integrantes del directorio, lo que incluye a la presidenta Susana Signorino (que responde a Cabildo Abiertos), al vicepresidente Guillermo Ortiz (del Partido Nacional) y al vocal Jorge Castro, quien representa al Frente Amplio. “Salió por unanimidad”, destacó en ese sentido Signorino, en diálogo con El País.
Consultada sobre las conclusiones que considera más relevantes, dijo que a priori identificaba cuatro. La primera, “que se tuviera como regla general las compras directas, cuando en realidad deben ser una excepción”. La segunda, que la administración frenteamplista hubiera declarado la reserva de las actuaciones durante 10 años, disposición que fue anulada por el hoy presidente de Antel, Gabriel Gurméndez. Y luego resaltó “la diferencia entre el gasto proyectado y el gasto efectivo”, y que la inversión en una construcción de estas características excedía los cometidos orgánicos de Antel, “lo cual es algo muy delicado”, dijo la jerarca.
De acuerdo al informe de la junta anticorrupción que fue divulgado ayer por la tarde —y que toma como insumo principal los hallazgos de Ecovis—, “la obra supuso un sobrecosto de US$ 63.221.147 respecto a lo previsto originalmente”. Esa cifra toma como referencia “la última versión del Plan de Negocios al que tuvo acceso el auditor externo (que data de marzo de 2015), que había estimado la inversión en US$ 56.500.000”, 16 millones más que la primera proyección. El informe también recuerda que se registró una “pérdida para la administración que arroja la obra dentro del período auditado” que alcanza los US$ 3.748.408.
DEFICIENTE. Sobre final de la documentación, la Jutep hace una enumeración con las principales irregularidades en todo el proceso de construcción de este complejo multifuncional, que desde su inauguración en 2018 ha sido utilizado para espectáculos musicales, artísticos, eventos deportivos y como una de las principales sedes de vacunación contra el COVID-19 en Montevideo.
La junta afirma que el proyecto que en su momento defendió y llevó adelante Cosse no contó con una “buena administración”
bajo ningún punto de vista: tanto en materia de “gestión financiera como en el uso de los procedimientos idóneos para alcanzar los fines”. Y la “buena administración”, según expuso el organismo, es un “precepto constitucional”, un “derecho de todo administrado” y un “principio rector básico que debe inspirar a todo administrador público”.
La Jutep cuestionó a continuación que Antel siguiera adelante pese a las reiteradas observaciones que hizo el Tribunal de Cuentas, que se comprometieran gastos “sin crédito disponible en forma frecuente”, y que no se hubiera “ajustado la actuación a las normas de administración financiera en lo relativo al manejo de dineros públicos”.
También se criticó en forma enfática —como lo destacó la propia Signorino— que se decretara “infundadamente” la reserva de la información vinculada a este emprendimiento y que se “hiciera caso omiso a los
señalamientos de órganos especializados que alertaron sobre la improcedencia de esa reserva”.
Por todo esto, a lo que debe sumarse la constatación de “las pérdidas que arroja el complejo desde su inauguración y que pone en duda la efectividad en el obrar del administrador”, es que la Jutep llegó a la conclusión de que “la gestión general del proyecto ha sido deficiente”, además de que se vulneraron “las normas de conducta ética”.
Y argumenta, explayándose en lo anterior y en conceptos empleados en forma reiterativa a lo largo del informe: “El apartamiento a normas de rango constitucional, legal y reglamentario (...) así como el desapego de Antel a sus dictámenes, resultan evidencias suficientes para sostener la existencia de un proceder contrario a derecho y a las normas y principios de buena administración, estrechamente vinculados a la ética en el ejercicio de la función pública”.