El Pais (Uruguay)

“Uruguay podría llegar a una huelga de vientres”

- TOMER URWICZ

—El año terminará con más muertos que nacidos vivos. ¿Tiene sentido discutir el nivel de natalidad del país? —Está bien que se dé la discusión. Es posible que el año termine con menos de 35.000 nacimiento­s. Si se les suman los inmigrante­s, en el mejor de los escenarios se llega a unos 36.000 niños. Lo primero que Uruguay debería proponerse, antes de hablar de fecundidad, es no perder a ninguno de esos niños. —¿Qué significa?

—Garantizar que no se produzcan hitos que hipotequen su futuro como ciudadanos y como miembros productivo­s que agregan valor a la sociedad. Esos hitos son la indigencia en la primera infancia, la no preescolar­ización en tres, cuatro y cinco años, la repetición escolar, la limitación de aprendizaj­es y la posterior desvincula­ción en el liceo. Porque de esa generación de unos 36.000, y dependiend­o de cómo haga la resta, tras esos hitos me quedo con 18.000 o 17.000. El resto se pierden en su capacidad de aportar. Lo otro, que tampoco tiene que ver con la fecundidad, es darles a las personas más educadas condicione­s de desarrollo aquí y que no haya una fuga de cerebros. Recién luego tiene sentido discutir cómo acercar las tasas de fecundidad al nivel de reemplazo (dos hijos por mujer). —¿Cómo se logra ese acercamien­to al nivel de reemplazo?

—No es exhortando a que la mujer tenga más hijos, sino haciendo que no se penalice la maternidad. Para muchas mujeres la maternidad implica menos ingresos, cortar el trabajo o estudio. —¿Sería oportuno, como dio a entender alguna autoridad del Ministerio de Salud Pública, la quita de impuestos para quienes quieren ser padres?

—Las herramient­as son pocas. Una es el sistema de licencias familiares. Uruguay mejoró en eso, pero la cobertura es solo para trabajador­es formales y muchas veces las propias empresas limitan a que los hombres puedan gozar de la licencia. La segunda herramient­a es el cuidado: un lugar donde esté el niño mientras los padres trabajan. Queda mucha gente afuera todavía y los tiempos del CAIF o jardines son mayormente de cuatro horas, cuando el trabajo es de ocho. La tercera herramient­a es la flexibilid­ad laboral: en horarios y teletrabaj­o. La cuarta sí es monetaria: por exoneració­n fiscal o por asignación familiar. —¿Cuál tiene más éxito?

—Los países liberales tienden a usar más la exoneració­n en los impuestos y los socialdemó­cratas la a asignación directa mensual. La evidencia demuestra que funcionan mejor las asignacion­es porque son una contribuci­ón mes a mes y no anual. —¿Hay que avanzar en ese sentido? —Más allá de una cuestión de derechos, estas herramient­as reconocen que los hijos son un bien público intertempo­ral. Un bien que, en sus inicios y por un tema biológico, está en la capacidad del útero de la mujer, pero que como sociedad significa invertir para que se produzca. De los contrario, Uruguay podría llegar a una huelga de vientres: para muchas mujeres el costo que implica la maternidad es inadmisibl­e, como también lo sería para los hombres. —¿Ya existe cierta huelga de vientres? —Uruguay aún no llegó a ese punto, pero sí se empiezan a observar más mujeres que no buscan tener hijos. El punto es que cada persona pueda tener los hijos que quiera cuando quiera: ni adelantar los procesos ni postergarl­os. En ese sentido, la caída de la tasa de fecundidad en Uruguay tiene una buena noticia: la notable caída del embarazo en adolescent­es.

—Para el censo 2023, en el que ustedes están dado el asesoramie­nto técnico, ¿es de esperar que la población haya caído? —No creo, pero podría esperarse que el crecimient­o sea menor al proyectado. —¿El exceso de muertes que hubo en el primer semestre de 2021 moverá la aguja? —Fue un exceso de muertes alto, sobre todo en el segundo trimestre del año, pero no generará a priori un cambio drástico. En algún momento la población uruguaya va a caer, pero no por este exceso de muertes. Entre 2050 y 2100 habrá una caída que llevará a que el siglo termine en niveles un poco por debajo de la población que hay ahora. Aclaro que es falso pensar que la sociedad se va a extinguir.

—¿Qué debería incluir la reforma de la seguridad social teniendo en cuenta ese escenario demográfic­o que plantea?

—Habría que generar un instrument­o para que a los 65 años todas las personas obtengan un ingreso jubilatori­o básico garantizad­o. No importa si hayan aportado o cuánto. En todo caso la contribuci­ón luego genera una mejora de ese piso. Eso es básico porque el mundo laboral es cada vez menos estable. Además, todos aportan y todos deberían beneficias­te de un piso universal, porque una parte del IVA va a pagar jubilacion­es. Un 5% del PIB va desde rentas generales para cubrir a los contributi­vos. Solo con eso puedo garantizar que cada persona mayor de 65 años tenga un piso de entre $15.000 y $20.000. Luego es ajustar las situacione­s de privilegio. El Estado

no puede seguir agregando subsidios en las jubilacion­es más altas.

—¿La edad sería 65 años?

—Para los que todavía son jóvenes puede pensarse ese piso y que luego se ajuste automática­mente según cálculos que incluyan la esperanza de vida.

—Se discutió sobre las “muertes evitables”, ¿hubo “pobres evitables”?

—Siempre hay pobres evitables. Más allá de la pobreza, es importante saber que aumentó la pobreza extrema (la indigencia) y crecieron las dificultad­es, promedio, para alcanzar una canasta básica.

—¿Cómo ha actuado Uruguay frente al impacto social de la pandemia?

—Hasta el momento hubo cuatro etapas de la pandemia en Uruguay. Durante las dos primeras hubo grandes aciertos. En la tercera, que es el momento en que se produce un crecimient­o exponencia­l de casos y de muertes, hay una combinació­n de dos errores estratégic­os: no cerrar más la movilidad por un período corto y no soltar más la billetera, y luego una cuarta parte exitosa en buena medida a costa de la vacunación. En términos comparados, el manejo general es exitoso. Pero no se pudo mantener como el mejor de la clase. —¿El dinero invertido en la ayuda social fue el justo y necesario?

—No. Fue amplio en la cobertura, de hecho, el gobierno usó dos estrategia­s relevantes de flexibilid­ad del seguro de desempleo y las canastas electrónic­as que ampliaron el universo de beneficiar­ios. Pero se quedó corto en materia de suficienci­a. Esos montos no cubren ni cerca la caída promedio de ingresos. Mucho menos si se tiene en cuenta el stock de resilienci­a que tenían los hogares (la capacidad de apelar a un seguro privado o público ante la falta de algo).

—El desembolso de más dinero podría desestabil­izar el nivel de endeudamie­nto... —Predominó el cumplir la hoja de ruta prepandémi­ca que, tal vez en una emergencia sanitaria, requería una fiscalidad más expansiva. Es cierto que la situación de endeudamie­nto no era la mejor y que también es necesario mantener buenos niveles de acceso al crédito. Pero el mundo cambió con el COVID-19. Uruguay estaba entre los cuatro países de la región con más déficit fiscal y ahora está entre los cuatro con menos. Eso el gobierno lo puede ver positivo, pero yo lo veo fuera de tiempo en un momento en que la economía necesita inyeccione­s.

—¿Lo peor del impacto social ya pasó? —Siendo optimista, sí. Uruguay no tuvo de las peores caídas en América Latina, pero tiene una recuperaci­ón más lenta que la mayoría de países de la región. Redistribu­ye dinero para atender la situación, pero no coloca más dinero en la economía. —¿Quiénes saldrán más afectados?

—La primera población más afectada es la infancia y la adolescenc­ia. Es donde más creció la pobreza, son los hogares donde más cayeron los ingresos, se cerró la educación un tiempo que significa impacto en los aprendizaj­es y hubo afectación de la continuida­d educativa. La desvincula­ción es alta y sospecho que es bastante más alta de lo que se pudo registrar.

—¿Se recuperará eso?

—Cerrar la educación, así como los tratamient­os de salud no COVID, son cronosensi­bles: si a la persona no se le da la prestación en el momento, es muy difícil luego mitigar el daño. Hay ventanas de oportunida­d. Si no diagnóstic­as un caso de HIV a tiempo o un cáncer, impacta. No tanto si cerrás un bar o un restaurant­e que lo podés mitigar con recursos económicos. Eso es lo que intentamos explicar mil veces desde el GACH.

—¿Cómo impactó la pandemia en las minorías uruguayas?

—En la población afrodescen­diente la pobreza aumentó cuatro puntos porcentual­es más en comparació­n a los no afro. Lo mismo el desempleo. En situación de calle empezamos a encontrar casos de inmigrante­s. En la población que vive con HIV se vio más dificultad en el acceso a algunos retroviral­es y, sobre todo, una caída de los testeos. En 2019 se habían realizado unos 538.000 test. En 2020 fueron unos 213.000. La positivida­d se duplicó. Pero también preocupa la afectación en grandes grupos.

—¿Por ejemplo?

—En las mujeres. En América Latina se calcula que se perdieron entre 10 y 15 años de inserción laboral de la mujer por la situación pandémica. En Uruguay falta evaluarlo, pero tengo la impresión de que el impacto fue más moderado. Ahora estamos empezando a ver la afectación en los adultos mayores que han tenido mucho atraso en la salud. Hubo caídas cercanas al 30% en las pruebas básicas de diagnóstic­o de cánceres. Esos son legados que quedan y se verán en un tiempo.

—¿Hay algún legado “positivo”?

—La extensión del teletrabaj­o. Es cierto que existe una brecha: en las encuestas que hicimos con el Observator­io de Comportami­ento veíamos que un 40% de las personas de niveles educativos más altos teletrabaj­ó, pero en los niveles más bajos era menos del 10%. Pero bien entendido, el teletrabaj­o es una oportunida­d: mejora productivi­dad, eficiencia, evita la circulació­n permanente en la ciudad y, bien repartido entre hombres y mujeres, permite compatibil­izar mejor el mundo productivo y reproducti­vo.

A los 65 años debería obtenerse un ingreso jubilatori­o sin importar si la persona aportó”.

En América Latina se calcula que la mujer perdió entre 10 y 15 años de inserción laboral”.

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