Caen 50% las imputaciones de policías por corrupción
El descenso se dio entre el último año del exministro Eduardo Bonomi y el primero de Jorge Larrañaga
La corrupción es un problema tan inherente al hombre como imposible de erradicar en su totalidad, pero es posible reducir su incidencia, sobre todo cuando este fenómeno afecta instituciones particularmente sensibles, como la Policía Nacional.
Por eso se la combate y, como han hecho otros gobiernos desde 1985 a la fecha, el actual ha dado explícitos mensajes de confrontación directa, tras los cuales —como directa consecuencia o no, eso lo dirán próximos análisis— el primer año de gestión del nuevo gobierno se cerró con algo más de la mitad de policías imputados que los que hubo en el último de la gestión anterior.
“Caiga quien caiga es la línea que vamos a seguir para apartar al mal policía”, había dicho el fallecido ministro del Interior, Jorge Larrañaga, en agosto de 2020, luego de que se descubriera que el jefe de la brigada de drogas de San José colaborara con el narcotráfico.
En los hechos, entre el 1º de marzo de 2019 y el 29 de febrero de 2020 —el final de la gestión del exministro Eduardo Bonomi— fueron imputados por delitos de corrupción un total de 22 efectivos policiales, cuando en los primeros 12 meses de la administración de Larrañaga terminaron en la Justicia 12 funcionarios policiales.
La información se desprende de datos procesados por la Fiscalía General de la Nación, a los que accedió El País mediante un pedido de acceso a la información pública, cuya respuesta aclara que debe tenerse en cuenta que “es posible que existan investigaciones en curso que no hayan arribado aún a la etapa de formalización” de la indagatoria penal, por los que ambas cifras pueden ser mayores.
La respuesta no incluyó datos de años anteriores, como también se solicitó, porque solo se cuenta con cifras sistematizadas desde febrero de 2019.
REACCIONES. Una primera lectura de estos datos permite inferir al penalista Andrés Ojeda, abogado del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), que la baja también puede indicar una disminución de las imputaciones por abuso en procedimientos u operativos —una crítica que ha sido constante por parte del Frente Amplio—, ya que entre los delitos definidos por la Fiscalía como ilícitos relacionados a la corrupción (ver aparte) se encuentran el abuso de funciones, muy común en imputaciones por uso excesivo de la fuerza, y el abuso contra los detenidos.
“Me alegra que bajen los delitos de corrupción, y si en la nómina de los delitos está incluido el abuso de funciones, erróneamente utilizado para castigar policías en el marco de operativos, también podríamos concluir que hay menos abusos policiales”, dijo Ojeda.
Por su parte, para el coordinador del Programa Integral de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, esta baja se podría explicar por lo que ella denomina una política de “ajuste de tuercas” en la disciplina, la que advierte fue transmitida por los bandos superiores a los subalternos durante la administración de Luis Lacalle Pou.
Andrés Ojeda: “También podríamos concluir que bajaron los abusos policiales”.
LAS PENAS. La información proporcionada por Fiscalía también contiene datos relativos a las medidas preventivas aplicadas al comienzo de las investigaciones, y las penas impuestas en los casos en que hubo condenas.
La cárcel como medida cautelar se dispuso en el caso de 10 policías, algo menos que la tercera parte de todos los imputados.
El monto promedio de las penas de prisión en los dos años analizados fue de 60,9 meses, bastante superior al tiempo de penas alternativas a la prisión, como libertad a prueba (tres meses), libertad vigilada (5,2), y un régimen mixto de cárcel y otras medidas (16,8).