OTRO PROBLEMA: ¿QUIÉN PAGA LA DESTRUCCIÓN DE INCAUTACIONES?

■ Cada vez que las intendencias realizan una incautación, presentan una denuncia al Poder Judicial. Los medicamentos se mantienen en custodia hasta que el juez ordena liberarlos y entonces de forma periódica se destruyen. ¿Pero quién paga? Desde la Intendencia de Canelones dicen que, cuando la cantidad es pequeña, ellos cubren el costo y que cuando el volumen es mayor le corresponde al Ministerio de Salud Pública (MSP), al menos así se venía haciendo hasta el cambio de gobierno. En tanto, desde la Intendencia de Montevideo plantean que “la destrucción es un problema porque es muy costosa”, y que es la comuna la que carga con ese peso. Al respecto, desde el MSP explican que en la Ley de Presupuesto de 2020 se estableció que quien debe pagar es el infractor, “previa autorización judicial”. El asunto es que la destrucción de los medicamentos es de las más costosas del mercado. Desde octubre de 2019, la regulación prohibe enterrar los descartes de medicamentos como disposición final, sino que deben incinerarse. Los blísters, en tanto, se trituran y son depositados —igual que las cenizas— en el relleno de seguridad de la Cámara de Industria. Solo dos empresas tienen los hornos adecuados para este procedimiento. Entonces, si antes esto se resolvía pagando la tasa municipal de 3.000 pesos por tonelada, ahora vale entre 150 y 170 pesos el kilo. María Fernanda Liston integra la dirección de Farmared, que opera desde 2007 el Plan de Eliminación Segura de Medicamentos. Por un lado, retiran y destruyen los residuos de los laboratorios, pero también colocan urnas en distintos puntos, como farmacias, para depositar medicamentos y envases, proceso que pagan los laboratorios. “Si tirás el blíster en el contenedor no tendrá el proceso adecuado”, dice, “y si tirás las pastillas al inodoro generará una gran contaminación del agua”. Por el momento, la tasa de recuperación es de apenas 23%. El gobierno espera duplicarla para 2025.