Oposición acuerda juicio político a Piñera
Diputados de la oposición acordaron ayer martes presentar una acusación constitucional (juicio político) contra el presidente chileno, Sebastián Piñera, luego de conocerse un presunto conflicto de interés por la venta de una minera publicado en papeles de Pandora.
Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), encabezada en Chile por los medios Labot y Ciper, la familia Piñera estuvo involucrada en la venta del polémico proyecto Minera Dominga a uno de los mejores amigos del mandatario, todo en una operación que se habría concretado en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.
Piñera y su familia habrían sellado la compraventa de su participación en el proyecto, que amenaza gravemente un importante santuario natural en la zona norte de Chile, con un pago de tres cuotas, la última de las cuales estaba sujeta a que no avanzara la protección ambiental del lugar donde se instalarían las faenas mineras y portuarias.
“Por infringir el principio de probidad (artículo 8 de Constitución) y comprometer el honor de la Nación la acusación constitucional contra Sebastián Piñera va”, señaló en sus redes sociales la diputada del Frente Amplio chileno, Camila Rojas.
“Nuestro ánimo y espíritu es que este libelo acusatorio sea presentado la próxima semana, y haremos todos los esfuerzos para que eso ocurra efectivamente”, declaró el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, desde el Congreso.
Por su parte, el parlamentario de la Democracia Cristiana Gabriel Ascencio afirmó que su partido también está disponible para apoyar el documento acusatorio, pese a que en horas previas el diputado Matías Walker propusiera primero una comisión investigadora.
De aprobarse, sería el segundo intento de juzgar políticamente a Piñera, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por violaciones de derechos humanos en medio de las masivas protestas de ese año.
Una vez conocidos los antecedentes publicados en los papeles de Pandora, el Ejecutivo salió a negar cualquier conflicto de interés, argumentando que Piñera desconocía las operaciones de sus empresas producto de un fideicomiso ciego.
“Los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos, fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017 y además fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia”, señaló además el jefe de Estado.
La frontera fue cerrada al paso de vehículos en agosto de 2015 por orden del régimen venezolano y la circulación de personas quedó suspendida tras la ruptura de relaciones con Colombia decidida por Maduro el 23 de febrero de 2019, cuando el líder opositor Juan Guaidó intentó ingresar desde Cúcuta una caravana de ayuda humanitaria.
En Cúcuta, capital del departamento colombiano de Norte de Santander, había expectativa pezar “un proceso ordenado” pero sin prisas, y dijo que incluso se podrían reabrir los servicios consulares suspendidos desde 2019 cuando Maduro expulsó a los diplomáticos colombianos de ese país.
“Estamos abiertos a que si hay las condiciones y si hay las garantías se pueda restablecer ese servicio consular, pero, obviamente, sobre la premisa de que existan todas las garantías en materia de seguridad”, aseguró Duque.