Sendic y Jara declaran como indagados por las pérdidas de Gas Sayago
También comparece en la misma calidad Gonzalo Casaravilla
Ocho exjerarcas de UTE y de Ancap declararán como indagados y como testigos ante la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, por supuestas irregularidades en la construcción de la regasificadora de Gas Sayago.
A pedido del fiscal Luis Pacheco, Mainard citó como indagados al exvicepresidente de la República y expresidente de Ancap, Raúl Sendic y al expresidente de UTE, Gonzalo Casaravilla. Con la misma calidad, también fue citada la expresidente de Ancap y exgerente general de Gas Sayago, Marta Jara y el expresidente de UTE, César Briozzo. Todos los citados como indagados ocuparon cargos en la administración frentista.
La jueza Mainard convocó como testigos a los exdirectores blancos de UTE, Enrique Antía y Luis Pereyra y al exdirector colorado en ese ente, José Amy. En la misma calidad testificará el exdirector Nacional de Energía, Ramón Méndez, integrante del Frente Amplio.
Mainard resolvió el 24 de septiembre pasado las convocatorias de los ocho exjerarcas. Las audiencias se realizarán entre el 21 y el 27 de este mes.
Los abogados Jorge Barrera, asesor de UTE, y Diego Durand, vicepresidente de Ancap, consideraron que en la obra de la regasificadora existieron hechos de apariencia delictiva que podrían configurar abuso de funciones.
En este momento, en el juzgado especializado de Crimen Organizado hay cuatro denuncias penales sobre la regasificadora. El expediente, iniciado en 2013, tiene más de 1.500 hojas. En 11 días crecerá aún más.
A pedido del fiscal Luis Pacheco, la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, resolvió el 24 de setiembre pasado la citación de ocho exjerarcas de Ancap y UTE en calidad de indagados o como testigos para audiencias que se realizarán entre el 21 y el 27 de este mes.
En calidad de indagados fueron citados el expresidente de Ancap Raúl Sendic, el expresidente de UTE Gonzalo Casaravilla, el exvicepresidente de esa empresa César Briozzo, y la expresidenta de Ancap y exgerente general de Gas Sayago, Marta Jara.
Al declarar como indagados, los cuatro jerarcas del gobierno frenteamplista deberán concurrir al juzgado asistidos por abogados.
Sendic será defendido por el penalista Gumer Pérez. Según supo El País, Jara solicitó un abogado de oficio y Casaravilla aún no presentó el nombre de su defensor. Tampoco se sabe si Briozzo ya designó a su asesor legal.
En calidad de testigos fueron citados los exdirectores blancos de UTE Enrique Antía —hoy intendente de Maldonado—
y Luis Pereyra, y el exdirector colorado José Amy. En calidad de testigo también declarará el exdirector nacional de Energía del gobierno anterior, Ramón Méndez.
Mainard y Pacheco preguntarán a indagados y a testigos los pormenores de un negocio millonario fallido.
Como la denuncia de Salle data de 2013, la investigación de las supuestas irregularidades en la construcción de la regasificadora se rige por el sistema acusatorio del viejo Código de Proceso Penal, donde es el juez y no el fiscal quien dirige la investigación.
“ERRORES EN LAS CUENTAS”. El 20 de junio de 2020, ya en el actual período de gobierno, el directorio de UTE resolvió la contratación de la consultora Pricewaterhouse-coopers (PWC) para que realizara una auditoría sobre la gestión de Gas Sayago. El objetivo era registrar todos los gastos contables de Gas Sayago desde su creación en 2010.
La auditoría de PWC señaló que la obra de la regasificadora generó pérdidas para el erario público de US$ 213 millones. Y detectó gastos elevados en tarjetas corporativas, en gimnasia y masajes, viajes, hoteles y en alimentación, entre otros.
El informe realizado por PWC respecto del proyecto de la regasificadora señala la existencia de hechos que “vulneran diversas normas jurídico penales” tuteladas en el capítulo “Delitos contra la Administración Pública” del Código Penal. Uno de ellos es el abuso de funciones.
Una opinión muy distinta sobre las políticas energéticas del gobierno anterior manifestó el exdirector de Energía. Méndez dijo a El País que gobiernos frentistas invirtieron US$ 6.000 millones para transformar la matriz energética del país. “Eso le genera un ahorro de US$ 500 millones por año a Uruguay”, dijo el exjerarca .
Méndez rechazó el discurso del oficialismo al señalar que “no hubo pérdidas” en Gas Sayago. “Hay que hacer bien las cuentas. Hubo gastos e inversiones. Pero las pérdidas fueron de una empresa privada (el consorcio GNLS y Marubeni). El Estado uruguayo no pagó esas pérdidas”, dijo.
Y agregó: “Pero (el actual oficialismo) solo pone en las cuentas los gastos de Gas Sayago. No toma en cuenta los US$ 100 millones que entregó GNLS para retirarse de la obra”.
El abogado penalista Gumer Pérez, asesor legal de Sendic, recordó que el hoy oficialismo denuncia la obra de la regasificadora cuando en el pasado apoyó esa iniciativa. “Se busca sacar un rédito político”, dijo.
Al ser consultada por El País sobre su citación, Marta Jara respondió que no tenía nada para decir.
Las audiencias judiciales se realizarán entre el 21 y el 27 de este mes.
LAS DENUNCIAS. En 2013, el abogado Gustavo Salle, hoy jubilado, presentó una denuncia penal en el juzgado de Crimen Organizado solicitando que se investigara la supuesta “estafa” incurrida por el gobierno de José Mujica (Frente Amplio).
Seis años más tarde, dicho juzgado recibió el aporte de las conclusiones de la primera comisión parlamentaria que se conformó para analizar las pérdidas millonarias que ya se habían registrado en 2016, un año después de paralizadas las obras en Puntas de Sayago. Esa fue la segunda denuncia.
El 9 de julio de este año, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, y el abogado penalista Jorge Barrera presentaron la tercera denuncia penal por supuestas irregularidades en Gas Sayago. A la salida del juzgado, Barrera afirmó que en el proyecto de regasificadora hubo un “perjuicio económico grave” para el Estado con fondos públicos por la “sucesión de actos arbitrarios” que se pudieron haber interrumpido en el proceso de la obra. Y agregó que la auditoría sobre los gastos e inversiones de Gas Sayago encargada a PWC encontró “hechos con apariencia delictiva”.
“Sumado el perjuicio económico, la sucesión de actos arbitrarios y los hechos de apariencia delictiva, por imperio del artículo 177 del Código Penal, la UTE tenía la obligación de realizar la denuncia penal porque si no incurría en omisión”, afirmó Barrera.
El 16 de julio de este año, el vicepresidente de Ancap, Diego Durand, concurrió al juzgado especializado en Crimen Organizado a entregar un escrito sobre eventuales irregularidades en la administración de fondos en Gas Sayago. Se trató de la cuarta denuncia sobre la regasificadora. “Entregamos a la Justicia algunas facturas que demuestran hechos arbitrarios y perjuicios a la administración pública”, insistió Durand en referencia a facturas de las entradas para ver el partido de Uruguay-perú. Fueron utilizadas por personal de Gas Sayago.