Reclaman investigar muerte de general
Naciones Unidas exigió ayer miércoles una investigación independiente por la muerte en prisión del general venezolano Raúl Baduel, quien fuera ministro de Defensa de Hugo Chávez.
“Lamentamos profundamente la muerte en detención de Raúl Baduel. Llamamos a Venezuela que garantice una investigación independiente”, escribió en Twitter la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció el martes la muerte de Baduel, indicando que el general murió por complicaciones del COVID-19 después de recibir tratamiento médico y la primera dosis de la vacuna.
No obstante, familiares de Baduel, que se enteraron con el anuncio en redes, niegan que el general tuviera el virus.
“El régimen asesinó a mi amado y valiente papá @Raulbaduel”, escribió la hija, Andreína Baduel, en Twitter. “Recientemente tuvimos la fe de vida de él, ES FALSO que tenía COVID-19”. Siendo comandante de una base en Maracay, Baduel ayudó a restituir a Chávez tras el golpe de Estado de 2002 que lo sacó brevemente del poder. En 2004 fue nombrado comandante general del Ejército y, en 2006, ministro de Defensa.
Pasó a retiro en 2007, año en que se convirtió en adversario del chavismo al manifestarse contra una reforma a la Constitución promovida por Chávez. En 2009 fue detenido bajo cargos de corrupción y purgó una pena de casi ocho años. Tras salir en libertad en 2015, fue nuevamente encarcelado en 2017 acusado de conspiración contra el actual presidente Nicolás Maduro, que lo destituyó de la Fuerza Armada y degradó.
Dos de los hijos de Baduel también han sido arrestados bajo señalamientos de conspiración, el primero de ellos Raúl Emilio, que está ahora en libertad. Josnars Adolfo Baduel fue detenido por su presunta participación en una incursión marítima en mayo de 2020 conocida como “Operación Gedeón” que buscaba la salida de Maduro. Sigue arrestado.
Con la muerte de Baduel, ya son 10 los presos políticos que fallecen bajo custodia desde 2015, según el abogado Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal dedicada a defender presos políticos.