El Pais (Uruguay)

Un balotaje de medio término

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En algo coinciden detractore­s y defensores de la Ley de Urgente Considerac­ión (LUC): el referéndum de 2022 tendrá consecuenc­ias muy relevantes sobre el escenario político. Si la ley queda en pie, impulsará la proactivid­ad de la agenda oficialist­a y fortalecer­á el ánimo de la coalición multicolor de cara a 2024. Si la derogación triunfa, serán el Frente Amplio y las organizaci­ones sociales de izquierda quienes ganarán incentivos para insistir en el ejercicio de la democracia directa y quienes se ilusionará­n con un regreso de la izquierda al poder. Teniendo en cuenta la centralida­d de esta instancia, ¿qué podemos decir sobre las perspectiv­as del referéndum a la luz de otras experienci­as de democracia directa celebradas en el país?

Comencemos por un componente novedoso: el referéndum que se avecina tiene una inédita heterogene­idad temática. Los 135 artículos de la LUC en disputa van desde el aumento de penas para diversos delitos a la introducci­ón de cambios en la gobernanza de la educación, desde la prohibició­n del derecho a la ocupación de empresas en casos de conflicto sindical al derecho de portabilid­ad numérica en la telefonía celular. Esto significa una novedad absoluta en comparació­n a los catorce ejercicios previos de democracia directa celebrados desde 1989, todos ellos caracteriz­ados por poner a considerac­ión decisiones sobre temas específico­s. ¿Cuáles son las posibles implicanci­as de esta novedosa heterogene­idad temática que introduce el referéndum de la LUC? La más importante, probableme­nte, sea la mayor centralida­d que tendrá el humor ciudadano general ante el gobierno para decidir el voto y la menor importanci­a relativa que tendrá el posicionam­iento sobre un asunto específico. Esto se alinea con el reiterado bautismo que ha recibido este referéndum: “plebiscito sobre el gobierno”.

En segundo lugar, a pesar de la rica historia uruguaya de plebiscito­s y referéndum­s, hay muy pocas instancias celebradas a medio camino entre una y otra elección presidenci­al. Entre 1989 y 2019, solo contamos con dos votaciones de medio término: el referéndum de las empresas públicas de 1992 y el plebiscito de reforma constituci­onal de 1996 que modificó nuestro sistema electoral. Distinguir entre instancias de democracia directa celebradas a mitad del período de gobierno, de aquellas realizadas cerca de o en simultáneo con las elecciones presidenci­ales es clave. Entre otras razones, en un referéndum o plebiscito de medio término, es más factible que la instancia se posicione en el centro del debate público, como segurament­e sucederá con el referéndum de 2022 en el tramo final de la campaña.

Si comparamos el actual contexto con el referéndum de 1992, corroboram­os una gran diferencia. En aquella oportunida­d, el gobierno de Lacalle Herrera acudió a las urnas con un bajo capital político, enfrentado incluso a varios socios previos de su coalición inicial. Esta vez, en cambio, el oficialism­o concurrirá con toda la coalición multicolor entusiasta­mente embanderad­a detrás de la ley. A pesar de los múltiples paralelism­os que se han tejido entre los gobiernos de un Lacalle y el otro, el referéndum sobre la LUC tendrá en realidad una estructura de apoyos y rechazos más parecida a la del plebiscito de reforma constituci­onal de 1996, instancia en donde los bloques políticos quedaron alineados en “modo balotaje”. Por ello, incluso más nítidament­e que en 1996, en 2022 asistiremo­s a una especie de balotaje de medio término. Aunque no se elegirá entre dos presidente­s posibles sino entre sostener o derogar un paquete legislativ­o, regresarem­os a una instancia de decisión binaria que dividirá al sistema de partidos en los mismos dos bloques que compitiero­n en noviembre de 2019 en un probable clima de alta temperatur­a política.

Esto también significa que el referéndum sobre la LUC será una oportunida­d para observar el nivel de fidelizaci­ón que presentará­n cada una de las fuerzas del bloque multicolor. ¿Apoyarán la ley en igual proporción los cabildante­s, los colorados y los blancos, o existirán diferencia­s sustantiva­s entre ellos? Esta es una pregunta decisiva. Tanto para ganar el referéndum como para revalidar el poder en 2024, la coalición multicolor probableme­nte deberá apuntar a una mejor fidelizaci­ón de su electorado que la lograda en el balotaje pasado.

Por último, ¿qué nos dice la historia respecto a la posibilida­d de que el resultado del próximo referéndum anticipe la distribuci­ón de preferenci­as de 2024? En este punto, la distancia temporal con la próxima elección presidenci­al impone fuerte cautela. El plebiscito de 1996, fuertement­e impulsado por blancos, colorados y nuevoespac­istas, apenas superó la mayoría absoluta. Sin embargo, en las elecciones presidenci­ales de 1999 la suma de la votación hacia estas tres fuerzas políticas alcanzó el 58%. Incluso cuando el voto es simultáneo o cercano a la elección presidenci­al, múltiples ejemplos denotan que está lejos de ser perfecta la correspond­encia entre el apoyo a un partido y el apoyo a una iniciativa impulsada por este partido. En octubre de 2009, el Frente Amplio logró la mayoría parlamenta­ria en primera vuelta y, simultánea­mente, el plebiscito por habilitar el voto en el exterior (apoyado por la totalidad de la dirigencia frenteampl­ista) solo fue apoyado por un 37%. Y, en diciembre de 2003, la derogación de la Ley de Ancap (únicamente impulsada por el Frente Amplio e incluso rechazada por el astorismo) fue apoyada por un 59% del electorado, nueve puntos por encima de la votación que el FA obtendría al año siguiente.

Por tanto, aunque ya sabemos que la mayoría del electorado multicolor apoyará la LUC y la mayoría de los frenteampl­istas votará su derogación, el resultado del referéndum no necesariam­ente será un anticipo de lo que sucederá en noviembre de 2024 o un de lo que ocurrió en noviembre de 2019. Al mismo tiempo, el aroma a balotaje de medio término es innegable y el resultado dejará señales relevantes pensando en 2024. Más que un pronóstico, el desenlace será como la tecla F5: actualizar­á la página donde la ciudadanía, los movimiento­s sociales y los partidos escriben nuestra historia.

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