¿Cuántas resoluciones de la Fiscalía terminaron en el TCA?
Juan Gómez, que dio los detalles a Domenech, dijo que el número es bajo
Fue el 15 de setiembre cuando Juan Gómez compareció al Parlamento como fiscal de Corte adjunto —faltaban tres semanas para la renuncia de Jorge Díaz. Lo hizo en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas, y fue allí que el senador Guillermo Domenech —presidente de Cabildo Abierto— cuestionó la constitucionalidad de la Fiscalía General de la Nación. Pero no solo eso. Exigió también un conjunto de datos que apuntaban a conocer qué legalidad tenían varios actos administrativos del Ministerio Público, cuántos de estos habían terminado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y cuántas revocaciones se habían dictado contra la institución hasta el momento.
No era algo nuevo. La visita de Gómez a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores fue una nueva oportunidad para que Domenech insistiera con críticas que han sido casi una bandera de Cabildo Abierto —partido del que el senador es fundador—, y que tuvieron su clímax en julio de 2020, cuando solicitaron la destitución inmediata de Díaz.
Por entonces, los cabildantes cuestionaron que el fiscal de Corte dispusiera una investigación administrativa que tenía por objetivo dar garantías a una fiscal que había sido cuestionada públicamente por participar en actividades partidarias. Domenech dijo que esa decisión de Díaz había sido la “gota que rebasaba el vaso”, y que entre otras cosas el pedido de Cabildo era en “aras de la independencia de los fiscales”.
Díaz siguió en su cargo hasta su renuncia el 5 de octubre, pero para ese día Domenech ya tenía la cantidad de resoluciones del organismo que terminaron en el TCA y cuántas de estas fueron negativas para la institución, porque Gómez fue personalmente hasta el despacho del legislador a entregarle los datos.
Estos —que constan en una simple hoja, a la que accedió El País— indican que hubo 20 “resoluciones de la Fiscalía que han dado lugar a accionamientos” ante el TCA, siete de las cuales terminaron en su anulación; es decir, casi una tercera parte del total. Asimismo, hay dos situaciones en las que los
Fueron 20 las resoluciones que se impugnaron y siete se anularon.
funcionarios iniciaron “acciones de reparación”, y otras nueve “acciones de nulidad ante el TCA” que todavía se encuentran en curso.
La valoración que hicieron Gómez y Domenech al respecto es radicalmente distinta, algo por lo demás esperable.
Así, a criterio del actual fiscal de Corte las cifras no merecen mayor preocupación. “Son números que lo que en definitiva me dicen es que son pocos los casos, y además me parece algo común a la institución”, evaluó el jerarca en diálogo con El País. Y agregó: “Es un nivel atendible en función de la complejidad de la propia Fiscalía, que tiene múltiples actos administrativos. Cada vez que un fiscal es trasladado puede dar lugar a un recurso, aunque no necesariamente siempre ha ocurrido así”.
Del otro lado, Domenech señaló que “el número de asuntos (impugnados) es relevante dada la escasa antigüedad que desde el punto de vista institucional tiene la Fiscalía General de la Institución”, que es un servicio descentralizado desde 2015. Pero no es solo eso, continuó.
“Más que la cantidad, creo que lo que importa es la calidad de los juicios, los motivos que inspiraron esos juicios, y que unos cuantos casos hayan terminado con sentencia condenatorias”, opinó. Y aunque la información no discrimina qué tipo de actos administrativos son los referidos, el senador de Cabildo hizo hincapié en la necesidad, a su entender, de que los concursos de ascenso “estén dotados de todas las garantías necesarias que aseguren la transparencia y objetividad”. Es que según él estos “relegan a los fiscales con experiencia a favor de fiscales recién llegados”, lo que produce —concluyó— que en los hechos
“haya un desprecio por la carrera funcional y por fiscales de gran jerarquía e imparcialidad”.
POSTURA DEL GREMIO. El presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, dijo a El País que el gremio no tiene en agenda este tema, pero que su posición nunca será oponerse per se a que los fiscales sean sumariados. “Porque eso sería negar que seamos sometidos a responsabilidad; sí vamos a pregonar que estén todas las garantías dadas y no se utilicen sumarios o investigaciones como forma de amedrentar a fiscales”, declaró.