Ni para esto

Unos 200 mil uruguayos viven hoy en asentamientos irregulares. Dicho así, no suena tan mal. Ni tan grave. Parece una situación menos lacerante. Y, por tanto, también menos urgente de encarar.

Pero la realidad es otra. Mucho más cruda. Se trata de 200 mil compatriotas que viven en medio de la mugre, de desechos de todo tipo o directamente de la basura. Uruguayos hacinados en “cuchas” precarias, con techos y paredes de cartón y chapa que recogen donde pueden. De gente que no sabe lo que es el saneamiento o una ducha caliente. O una vereda. A la que nadie le levanta la basura. Ni le alumbra las calles.

Niños que crecen en condiciones que deberían dolernos, a todos, en el alma. Y ancianos que pasan sus últimos años entre el barro y la tierra. Uruguayos todos que muchas veces comen gracias a la mano tendida de una iglesia, una organización social, un sindicato o un grupo de personas que sienten el deber moral de ayudar a quienes más lo necesitan.

Durante décadas el sistema político ha ignorado esta realidad. Algunos —la enorme mayoría— han mirado para otro lado. Han preferido no ver. Otros han alentado la ocupación ilegal de tierras, y luego han abandonado a su suerte a quienes se asientan en esos predios. Y no han faltado delincuentes que han hecho su agosto vendiendo tierras ajenas. Y abogados que defendieran lo indefendible.

Finalmente, un presidente de la República se ha comprometido a trabajar para comenzar a cambiar esta realidad. Y ha embarcado a su gobierno en una iniciativa que, con fondos que se dedicaban al Instituto de Colonización (con sus 31 gerentes muy bien pagos y una actividad que sería bueno que alguien se pusiera a investigar para saber qué destino terminan teniendo las tierras que el Estado compra para esos “colonos”), alimenta un fideicomiso que permitirá regularizar en cuatro años un número muy importante de asentamientos y empezar a modificar la vida de muchos de los uruguayos que viven en esas condiciones tan precarias.

El compromiso se tradujo en una acción concreta en esta última Rendición de Cuentas. Ya no será una simple promesa de campaña, como tantas que en este tema venimos escuchando desde el siglo pasado. Finalmente habrá recursos y decisión política para cambiar la vida de miles y miles de uruguayos.

¿Cómo se entiende que el sistema político todo no se haya encolumnado detrás de esta iniciativa?

¿Cómo comprender las múltiples trabas que algunos (pocos) legisladores del Partido Nacional pusieron al presidente de la República para votar a favor de esta iniciativa?

¿Cómo se explica la postura de Cabildo Abierto y el propio Partido Colorado, socios del gobierno, con los que hubo que negociar hasta último momento para que este programa de regularización de asentamientos no naufragara?

¿Cómo justificar que el Frente Amplio haya votado en contra de una política que va a mejorar en los próximos cuatro años la calidad de vida de decenas y decenas de miles de uruguayos?

¿Ni siquiera en esto, que debería ser una causa nacional, es posible que todos voten juntos y exista una política de Estado?