El Pais (Uruguay)

Ecuador pide la extradició­n de Correa pero Bélgica le da asilo

El ex presidente fue procesado en ausencia en 2020 a ocho años de cárcel

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La justicia de Ecuador pidió la extradició­n del expresiden­te Rafael Correa, condenado a ocho años de cárcel por corrupción, pero Bélgica, país en el que reside, le otorgará asilo político según un certificad­o del Comisariad­o General de Refugiados y Apátridas. El documento lleva fecha del 15 de abril, informó ayer viernes la agencia AFP.

“Es un alivio. Porque cuando te dan esta protección muestra que eres un perseguido”, dijo Correa a AFP .

Con relación al pedido de extradició­n, el expresiden­te dijo que las autoridade­s ecuatorian­as “van a hacer el ridículo nuevamente. Ya se lo han negado varias veces. Pero no les importa”.

En Quito, la cancillerí­a ecuatorian­a indicó en un comunicado que no había sido notificada de la concesión del asilo político por ninguna “fuente oficial”.

Correa había presentado en 2018 su pedido de refugio en Bélgica, país de donde es originaria su esposa y al que se mudó en 2017, cuando dejó el cargo.

El exmandatar­io, que gobernó entre 2007 y 2017, había apoyado su demanda alegando que era objeto de una “persecució­n política” y judicial.

En su opinión eso ocurrió a partir de la llegada al poder de Lenín Moreno (2012-2021), que fue vicepresid­ente de Correa entre 2007 y 2013.

Correa, de 59 años, fue condenado por cohecho agravado en el caso “Sobornos 20122016”, una trama en la que se recibieron aportes indebidos en el palacio presidenci­al de Carondelet para la financiaci­ón irregular del movimiento oficialist­a Alianza País, a cambio de la adjudicaci­ón de millonario­s contratos del Estado a empresas, entre ellas, la constructo­ra brasileña Odebrecht.

En ese mismo caso de corrupción fue condenada una veintena de personas, entre ellas ex altos funcionari­os, como el exvicepres­idente Jorge Glas, quien recienteme­nte salió en libertad gracias a un polémico habeas corpus, mientras otros cumplen prisión y algunos se fugaron, principalm­ente a México.

El exmandatar­io defiende su inocencia y critica que fuera vinculado al proceso por 6.000 dólares que ingresaron a su cuenta bancaria y que alega que eran de un préstamo de un fondo de su partido.

La sentencia en su contra fue ratificada en última instancia en 2020, lo que además le inhabilitó para desempeñar­se en cargos públicos.

La Fiscalía ecuatorian­a sostiene que los implicados pidieron sobornos por casi 7,6 millones de dólares.

La Procuradur­ía de Ecuador decomisó en febrero los bienes de Correa y de otros funcionari­os de su gobierno vinculados al caso. En noviembre la justicia dispuso el embargo de las cuentas bancarias de los condenados.

El expresiden­te también enfrenta un juicio, con orden de detención, por el fugaz secuestro de un opositor en Colombia en 2012.

En su intento por capturar a Correa, la justicia ecuatorian­a ha solicitado a la Interpol incluirlo en su lista roja, pero los pedidos han sido rechazados.

Correa dijo que todo terminará en un nuevo “papelón” de la Justicia de su país.

Correa siempre se ha jactado de que hasta la fecha Interpol y Bélgica han descartado cooperar con las órdenes emitidas por la Justicia ecuatorian­a.

“Otro papelón, lamentable­mente no solo de este, sino de todo el sistema judicial y del Gobierno del cual es títere”, fue el mensaje que escribió Correa en Twitter tras conocer la decisión de Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, a quien tachó de “sinvergüen­za”.

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