Se aprobó la reglamentación de las “empresas B”
Deben cumplir con objetivos de impacto social y ambiental
■■El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó con fecha 26 de abril, el decreto reglamentario que busca darle un marco legal a las sociedades y fideicomisos de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), lo que se conoce como “empresas B”, o también denominadas de triple impacto: social, económico y ambiental.
Estas empresas son las que tienen como objetivo contribuir a la formación de sociedades más humanas, sustentables y que buscan la creación de valor económico, social y medioambiental.
En tal sentido, según lo dispuesto por la Ley 19.969, aprobada el 23 de julio del año pasado, el decreto estableció una definición de la sociedad BIC como una persona jurídica (constituída bajo alguno de los tipos societarios mencionados en la ley), que además de recibir de los socios aportes para aplicarlos al ejercicio de la actividad económica organizada, incluyan en su objeto social el generar un impacto positivo social y ambiental en la comunidad (…) medible y verificable.
El artículo 2 estableció que el beneficio “debe incluir, como mínimo, un objetivo social y ambiental, además del fin de lucro”. Asimismo, las actividades “deben desarrollarse en el marco de un plan estratégico, enfocado al objetivo del beneficio, el cual debe ser elaborado y aprobado por el órgano competente de la entidad”.
Según un informe elaborado por la consultora KPMG, la normativa definió “un régimen de control y transparencia” en el que se establece “la obligación de confeccionar un reporte anual que acredite las acciones llevadas a cabo por la entidad para cumplir el impacto positivo social y ambiental”.
Además, la reglamentación dispuso que el reporte “deberá ser de acceso público y ser presentado en un plazo máximo de seis meses desde el cierre de cada ejercicio anual de la entidad, al organismo que la reglamentación determine”, según consignó KPMG.
La Auditoría Interna de la Nación (AIN) será el órgano competente ante el cual se deberán registrar los reportes anuales de las sociedades y fideicomisos BIC.
Entre las atribuciones de la AIN se menciona: recibir y registrar el aporte anual de las sociedades BIC, expedir constancia de registro del reporte anual, promover la descalificación de oficio ante el juez competente, requerir opinión técnica, comunicar incumplimientos al organismo competente. Las autoridades pueden definir la pérdida de la categoría de sociedad BIC ante incumplimientos de obligaciones, entre otras causales.
El proyecto había sido impulsado por el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, con el objetivo de regular este tipo de empresas y darles un marco legal.