EL TRASFONDO OPERACIÓN OCÉANO
En la pantalla del celular de Nicolás C. hay tres números grandes en el centro de círculos de colores. Esos números son 26, 87 y 452. Es una app que se llama Cuenta Atrás: el 26 son la cantidad de días que faltan para que termine el primer mes de prisión domiciliaria parcial, 87 refiere a la cantidad de días para cumplir toda la pena en su hogar y 457 son las jornadas que faltan para que culmine todo.
Es uno de los condenados por la famosa Operación Océano, el caso de explotación sexual de menores más grande en la historia del país y el más mediático desde la vigencia del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Él, que era el rey de la noche, lleva desde el viernes 13 una tobillera electrónica y dice que ahora, al menos, puede dormir. Nicolás sostiene que es inocente, y se comió “un garrón”, aunque firmó un papel reconociendo su culpabilidad.
Ya hay otros ocho imputados que acordaron con Fiscalía un juicio abreviado, hay 13 personas que fueron sobreseídas, cuatro casos que eran investigados serán archivados y hay 11 hombres que juran su inocencia y pretenden demostrarlo en un juicio oral y público, que posiblemente se realice a fines de año o recién en 2023.
La investigación que en mayo de 2020 conmocionó al país por el número de víctimas y por las tandas de hombres adultos que iban siendo imputados —entre los que había empresarios, políticos, docentes, profesionales y hasta un exjuez de menores— por la entonces fiscal del caso Darviña Viera hoy es, a juicio del fiscal de Corte subrogante Juan Gómez, un ejemplo de cómo se hacen “bien las cosas”. Gómez ha repetido en los últimos días las palabras “seriedad”, “responsabilidad” y también “humildad”. Abogados defensores como Ignacio Durán, en cambio, y no sin sorna, prefieren decir que el mentado océano terminó siendo “un charquito”.
EL CASO HOY. El jueves 12, un día antes que expirara el plazo, la fiscal de Delitos Sexuales, Mariana Alfaro, le presentó a la jueza María Noel Tonarelli una acusación fiscal de 79 páginas. Allí pidió entre tres y seis años de cárcel para 11 acusados en Operación Océano, un caso que tiene una veintena de víctimas y que contó con la declaración anticipada de siete de ellas.
En el documento, la fiscal señala que uno de los acusados realizó “prácticas sadomasoquistas” y “utilizó un látigo” contra una víctima. Otro de los imputados levantó en la calle a una adolescente internada en un hogar del INAU y mantuvo relaciones con ella durante una semana a cambio de un lugar para dormir y comer. Luego la dejó en una plaza. Tal como publicó El País el miércoles pasado, también existieron pagos de hasta 300 dólares por encuentros y promesas de paseos en barco, viajes en helicópteros y escapadas a Punta del Este. Una de las víctimas tenía 13 años.
Tras la investigación, que demandó un año, más su prórroga de un segundo año, ahora el caso se aproxima a una etapa intermedia, donde la defensa tendrá 30 días para contestar la acusación fiscal. Diez días después, una audiencia de control de acusación analizará las pruebas presentadas. Una resolución judicial autorizará unas y otras no, y luego sí, con las pruebas admitidas, se desarrollará el juicio oral y público, explicó el abogado Juan Raúl Williman, defensor de 10 víctimas.
Ahora bien, 17 personas (16 hombres y una mujer) quedaron “limpios”, tal la sumatoria de 13 sobreseimientos y cuatro casos de personas que no habían sido formalizadas, y cuyos casos fueron archivados. De ahí la imagen del “charquito” de Durán, quien cree que fue más un “circo mediático” con linchamientos que otra cosa.
El fiscal de Corte Gómez no lo ve así: “Una causa con tantas personas involucradas iba a necesitar el auxilio del tiempo para su progreso. El análisis que hago es la responsabilidad de la Fiscalía General de hacer las cosas correctamente, con humildad y responsabilidad. Cuando asumí dije que esperaba que se hicieran las cosas correctas, y se llegara a un juicio oral y público, al que se va a llegar, y en el medio hubo algunos (juicios) abreviados”.
El proceso abreviado —previsto en el nuevo CPP, vigente desde noviembre de 2017— implica que los acusados asuman su culpabilidad a cambio de una pena que puede ser hasta un tercio más baja que la que obtendrían si fueran condenados en un juicio oral. Eso, en el papel, porque algunos imputados que firmaron el abreviado se siguen diciendo inocentes.
El exfiscal de Corte, Jorge Díaz, se pronunció la semana pasada en Twitter: “En el proceso abreviado el imputado acepta los hechos que se le imputan (se declara culpable) y el juez o jueza lo condena como autor penalmente responsable de ese delito. Lo demás es viru viru”. En la misma red social le salió el cruce Durán: “¿Usted sabe la cantidad de personas que hay en el módulo 8 de preventiva del Comcar aceptando acuerdos abreviados (renunciando a su más sagrada convicción de inocencia) pidiendo a gritos que lo firmemos ya ‘solo para salir de este infierno’? Para usted es viru viru. ¡Qué tupé!”.
Su defendido, el productor de eventos Nicolás C., explica en el living de su casa, donde cumple prisión domiciliara parcial, por qué firmó un acuerdo aceptando su culpabilidad. “Yo lo evalúo como años de vida perdidos y de (falta de) garantías para llegar a un juicio. Está en la prensa todo lo que ha pasado con esta causa. Hubo gravísimos errores donde la Justicia le dio ‘siga, siga’ a la otra parte: apareció un segundo celular y los abogados no tenían conocimiento, cambiaron los contenidos de los chats, no se tomaron en cuenta algunas entrevistas a testigos que no se incorporaron al registro, entre otras”, enumera.
La sucesión de “errores” en el registro de los documentos en la carpeta administrativa implicó que en varias oportunidades distintos defensores solicitaran la nulidad de la causa. Sin embargo, en cuanto a los contenidos de uno de los celulares de la víctima principal que no fueron incorporados, una investigación del Ministerio del Interior comprobó que había sido una omisión de unos funcionarios de la Unidad de Delitos Informáticos, que luego fueron retirados del cargo.
“Por cómo está el sistema judicial y estas fiscales, no tengo garantías. En un país serio a esta causa la habrían declarado nula”, insiste Nicolás C., quien sostiene que nunca hubo intercambio de entradas a boliches a cambio de sexo.
Durán habla de “horrores procesales” atribuibles a Darviña Viera, la fiscal que inició esta megacausa en mayo de 2020. “Horrores que, de no haber sido advertidos por varias defensas, hubiésemos ido a la declaración anticipada de la víctima sin contar con los chats contenidos en un celular. Yo prefiero seguir creyendo que fue la vorágine de la causa y lo enorme que le quedó a la fiscalía de Viera, y no a su mala fe. Pero no es admisible que los tribunales le permitan subsanar y subsanar como lo hicieron. Si yo cometo un error de ese tipo con mi cliente, hoy él estaría en una cárcel y nadie me permitiría subsanar nada. Debió haberse declarado nula toda esa actuación”, sostiene en su estudio jurídico.
Su colega Alejandro Balbi, quien junto a su hermano Carlos y Víctor Della Valle representaron a cinco de los imputados, coincide con Durán en que a Darviña Viera “la tapó la ola” y la llegada de Mariana Alfaro fue bienvenida. “Hubo un volantazo, un cambio de timón por parte del fiscal de Corte al incorporar a Alfaro y a Adriana Sampayo, la directora de la Unidad de Litigación”, dice Balbi. “Viéndolo en perspectiva, favoreció a todos”, agrega Balbi. Durán y su socio Eduardo Sasson también coinciden con la buena valoración del trabajo de Alfaro en “dar orden y prolijidad” a la investigación. Igual, ninguno de los abogados defensores cree mucho el motivo médico que esgrimió Viera para su salida del caso, y lo ven más como una penitencia.
“Ella afirmó que estaba estresada, desbordada, por la carga y la complejidad humana del caso”, dice Juan Gómez a El País.
“La Fiscalía no necesita de nada raro, irregular, mucho menos ilícito para defender sus posturas”, dice Gómez.