Un “Océano” de dudas
Dos años duró la investigación de la “Operación Océano”, un caso que generó ríos de tinta y de indignación en Uruguay. Lejos del frívolo festejo de observadores y activistas, el caso sigue generando incomodidades. Al menos entre quienes tienen alguna inquietud sobre el funcionamiento y las garantías del sistema penal uruguayo. Y el rumbo de su sociedad.
Para empezar, de 33 personas que fueron involucradas en la trama originalmente, 20 fueron implicadas en delitos. Pero eso no significa que todas sean culpables. Nueve “arreglaron” en juicio abreviado, de los cuales algunos no aguantarían más seguir en el limbo y prefieren asumir alguna pena menor. Once irán a juicio, donde algunos pueden aun resultar inocentes.
O sea que alrededor de la mitad de los implicados será culpable de algún delito. Todo el resto ha tenido que pasar dos años bajo la lupa pública, viendo sus nombres escrachados en las redes sociales, y con daños irreparables a sus vidas.
¿Es ese un promedio aceptable? Honestamente, no lo sabemos.
MARTÍN AGUIRRE
Habría que comparar con otros países. Pero no deja de resonar en la cabeza, sobre todo cuando se recuerda el tono mesiánico y de reforma social con que se ha actuado e informado en este tema, las palabras del abogado Santiago Alonso: “Se cometieron demasiados errores desde la Fiscalía y esto complicó una investigación que se podría haber resuelto de otra manera y más rápido”.
Un caso emblemático es el de la única mujer implicada, cuyo pecado fue ser pareja circunstancial de un señor que ofrecía cuartos en alquiler para encuentros sexuales. Pecado que le costó desde el trabajo, hasta la custodia de sus hijos.
Un segundo tema incómodo que surge al finalizar la investigación es que no queda clara la conexión entre todos estos casos tan diferentes. ¿Por qué fue la “Operación Océano”? ¿Se buscaba eliminar con un golpe la explotación sexual de menores? Todo empezó con una víctima que se relacionaba con adultos desde que era menor. Pero da la impresión que después ya se metía cualquier cosa. ¿Alguien cree que esto será un antes y después en la forma (muchas
La Fiscalía presentó la acusación formal de la llamada “Operación Océano”, un caso que sigue dejando dudas y preguntas incómodas.
veces perversa, sí,) en que se manejan las relaciones sexuales en la sociedad uruguaya? Pero, sobre todo, ¿es el rol de un fiscal usar su potestad penal para interpelar la moralidad de una sociedad?
Esta causa también fue tal vez la primera así, tan ostentosa, con el nuevo proceso penal. Un proceso que ha cambiado radicalmente el rol de los fiscales, que hoy en día deben tener un papel mucho más activo, determinante y mediático. ¿Están preparados para ello?
Lo mismo se puede decir de los medios, y de la sociedad en general. Por ejemplo, como bien explicaba el abogado Juan Raúl Williman esta semana, periodistas y ciudadanos en general asocian lo que hoy se llama “formalización” con el “procesamiento” en el código viejo, y que era poco menos que una condena anticipada.
La realidad es que eso ya estaba mal antes, y de hecho fue uno de los motivos del cambio de Código. Pero ahora es todavía peor, ya que antes para procesar tenía que haber al menos “semi plena prueba” de la culpabilidad de la persona. Hoy la formalización requiere mucho menos evidencia, y por lo tanto, significa un nivel mucho menor de probabilidad de culpa del acusado. Y, sin embargo, vemos todos los días a gente que “escracha” (sobre todo en las redes) a los formalizados como si fueran culpables definitivos.
Algo peor. Se puede ver a periodistas festejando a quienes hacen eso como si fueran adalides de los valores morales y profesionales, cuando el decir eso mismo en un medio de prensa formal, implicaría sin dudas una denuncia por difamación.
Hay otras dudas que desata todo esto. ¿Cómo pudo un señor que en sus ratos libres realizaba prácticas sadomasoquistas con menores de edad llegar a ser nada menos que ¡juez de menores!? ¿Por qué una chica de 16 o 17 años, sin necesidades económicas ni familiares, se acuesta con adultos por dinero? ¿Por qué un tipo con familia, profesional, tiene necesidad de pagarle por sexo a una chica que podría ser su hija? ¿O su nieta?
Ahora bien, estos son casos puntuales e individuales. A fin de cuentas, si con una fiscal sacando un video público llamando a denunciar lo que fuera, se termina con menos de 20 personas implicadas, ¿por qué este caso ha sido tan emblemático?
¿Será el morbo? ¿Será que es la punta del iceberg de algo más grande? ¿O será que las víctimas, el sistema penal, el aparato mediático, ha sido manipulado por algunos para intentar cuestionar la moralidad actual y la forma en que la sociedad procesa sus relaciones sexuales, mucho más allá de las edades implicadas?
No es que esa moralidad no pueda o deba ser cuestionada. El problema sería usar el sistema penal, de cuya credibilidad depende en buena medida la paz social en un país y el honor y libertad de sus habitantes, para activismos muy alejados de sus fines originales.