Pedirán $ 17 millones para no cerrar oficinas en el interior

■ Había sido un error administrativo, pero la circular de la Suprema Corte de Justicia que se hizo pública a mediados de agosto del año pasado indicaba el cierre de 20 juzgados de paz en el interior del país. Esto había alarmado a varios diputados de la coalición de gobierno que, además de denunciar la situación públicamente, solicitaron una reunión con los ministros de la corporación, que lidera Tabaré Sosa desde la Presidencia y que los recibió con celeridad.

Tras la intervención de los legisladores, y la aclaración de la SCJ de que la intención no era cerrar 20 oficinas sino solo cuatro, la medida quedó sin efecto, pero con un compromiso de los diputados de proporcionar los recursos necesarios —o colaborar en la búsqueda de mecanismos de financiación alternativos— para que la SCJ no tuviera que planificar otra vez eventuales cierres, algo que por otra parte viene ocurriendo ya hace varios años. De hecho, en la misma circular, la Corte daba cuenta de las dificultades económicas que ya afronta para mantener estas oficinas en Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres.

Para la Rendición de Cuentas actual, la Corte pedirá entonces $ 17 millones extra, que es lo que necesitaría para salir de este problema y, en principio, los diputados que el año pasado intercedieron para evitar estos cierres —en el supuesto de que en las pequeñas localidades estos juzgados muchas veces son la única vía de acceso a la Justicia— apoyarán el planteo de los ministros. El diputado colorado Conrado Rodríguez, por ejemplo, dijo a El País que promoverá “un refuerzo presupuestal para que se puedan mantener abiertos estos juzgados”.

Algo similar manifestó el representante blanco Mario Colman, mientras que el también nacionalista Juan Rodríguez dará su apoyo, aunque antes pedirá información actualizada sobre la gestión de las oficinas en cuestión.