Lasso y Castillo, dos presidentes en la cuerda floja
En Ecuador las protestas cumplen dos semanas
■■ El ecuatoriano Guillermo Lasso y el peruano Pedro Castillo son los dos presidentes de la región que buscan por estas horas conservar sus cargos. En el caso de Lasso, el Congreso debate una moción para destituirlo en medio de violentas protesta indígenas; en tanto Castillo declara hoy lunes por un caso de presunta corrupción que podría desencadenar un pedido de destitución.
Para sacar a Lasso, la oposición necesitará 92 de los 137 votos posibles en el Congreso de Ecuador. Por su lado, Castillo deberá convencer a una comisión parlamentaria de que no tiene nada que ver con la investigación que le abrió la fiscalía peruana por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por una causa que involucra a su entorno político y familiar.
Mientras que en Ecuador el presidente Gullermo Lasso enfrentó el fin de semana un debate maratónico en el Congreso sobre su destitución, el presidente de Perú, Pedro Castillo, será interrogado hoy por acusaciones graves en su contra, lo que también podría desencadenar un pedido de destitución.
Los dos gobernantes están contra las cuerdas y les podría costar el cargo, incluso en los próximos días.
A Lasso se le acusa de responsabilidad en la “conmoción interna”, que dejaron trece días de sangrientas protestas indígenas en su país.
A Castillo lo señalan por presunta corrupción, más específicamente, delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por una causa que involucra a su entorno político y familiar.
En ambos casos se han gatillado los procesos para ser destituidos, aunque de continuar en sus cargos igual tendrán en común estar al frente de gobiernos altamente cuestionados, en países donde la ingobernabilidad hace mella.
ECUADOR. El Congreso de Ecuador debatió ayer, por segundo día consecutivo, sobre la conveniencia de destituir al presidente Lasso, luego de casi ocho horas de deliberaciones en una sesión virtual el sábado, en las que participaron gran parte de los diputados que componen el Parlamento.
La bancada de Unión por la Esperanza, afín al expresidente izquierdista Rafael Correa (2007-2017), acusó a Lasso de la “grave crisis política y conmoción interna” que sacude al país desde el 13 de junio, con manifestaciones y bloqueos.
En ausencia del jefe de Estado en la sesión, el secretario jurídico asumió la defensa del exbanquero. “Los asambleístas (...) buscan desestabilizar la democracia”, declaró el abogado Fabián Pozo como antesala del debate.
Unos 14.000 indígenas protestan en Ecuador, indignados por el elevado costo de vida y la pobreza que castiga a sus territorios agrícolas.
En Quito, marchas claman por alivios como disminuir el costo de los combustibles y una moratoria de los créditos bancarios para los campesinos.
No obstante las protestas violentas que tuvieron lugar en algunos puntos estratégicos del país, Lasso ordenó el pasado sábado el fin del estado de excepción, bajo el cual impuso un toque de queda nocturno y militarizó la ciudad.
La destitución del mandatario requiere 92 de los 137 apoyos posibles en el Congreso.
Después de los debates, los diputados tendrán un máximo de 72 horas para votar.
De ser aprobado, el poder lo asumirá el vicepresidente, Alfredo Borrero, y se llamará a elecciones presidenciales y legislativas para el resto del período (hasta 2025).
Las protestas indígenas de las últimas semanas son las más largas de la historia reciente en Ecuador. En ellas, han muerto cinco manifestantes y se cuentan cientos de heridos entre uniformados e indígeneas, liderados por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).
Lasso culpa del caos al presidente de esta organización, Leonidas Iza.
El conflicto ha puesto en riesgo la producción petrolera del país, con una baja de más del 50% desde que estalló el conflicto, según cifras oficiales. Antes, se producían en promedio 520 mil barriles diarios.
La prolongada rebelión indígena ha afectado la producción de la estatal Petroecuador y las demás empresas, como la china Petrooriental.
Entre el abanico de reclamos, destaca sobre todo la reducción del precio de combustibles que encareció los fletes en las regiones agrícolas. Los campesinos aseguran cosechar a pérdida.
Desde el Vaticano, el papa Francisco llamó ayer a la calma a todas las partes en ese país ante la sangrientras protestas indígenas registradas en las últimas semanas.
“Sigo con preocupación lo que está sucediendo en Ecuador (...) Solo con el diálogo se podrá encontrar, espero pronto, la paz social”, dijo.
PERÚ. Por su lado, el presidente de Perú, Pedro Castillo, recibirá hoy a una comisión del Congreso para ser interrogado por primera vez sobre su caso de presunta corrupción.
La comisión del Congreso, dominado por la oposición derechista, había citado a Castillo para el 21 de junio, pero el interrogatorio se postergó a pedido del gobernante.
El caso que ha puesto al presidente bajo la lupa de los legisladores es el mismo por el cual lo indaga la fiscalía, un hecho sin precedentes en la justicia peruana.
La fiscalía investiga a Castillo sobre el consorcio “Puente Tarata III”, que busca determinar si un exministro de Transportes, seis legisladores, un exsecretario general de la Presidencia y dos sobrinos de Castillo integraban una supuesta red criminal encabezada por el presidente para conceder un contrato de obras públicas.
Castillo ya respondió a un primer interrogatorio ante la fiscalía hace dos semanas.
Otros cuatro investigados del entorno de Castillo están prófugos tras una orden de prisión preventiva contra ellos.
La comisión tiene previsto presentar al pleno del Congreso el informe de su investigación en una semana. Si es aprobado, se abre la vía para que Castillo quien cumplirá un año en el poder el 28 de julio- afronte un nuevo pedido de destitución.
El Congreso ha fracasado en dos intentos de destituirlo, el último de ellos en marzo, cuando en un juicio político relámpago cosechó solo 55 de los 87 votos necesarios.
Ayer, Benji Espinoza, abogado Castillo, declaró que acudirá a los fueros superiores, e incluso supranacionales, para apelar la decisión judicial que dio marcha libre a la investigación fiscal contra el mandatario y conseguir que se anule esa pesquisa. (Con información de EFE y AFP)