Que la gente sea libre de elegir
Cada vez que surge una controversia por una decisión referida a un organismo del Estado, correspondería preguntarnos algo: ¿Para quien se gobierna? ¿Para bien de los ciudadanos o para fortalecer caprichosamente los entes autónomos? Muchos prefieren esta última opción aunque perjudique y dañe los intereses de los uruguayos comunes.
Los sindicatos son los primeros en hacerlo, al punto que han convertido (y pervertido) la consigna “las empresas públicas son nuestras” en algo muy diferente a lo que todo el mundo piensa. Hacen creer que con el “nuestras” se refieren a todos los uruguayos, pero en realidad están diciendo que son de ellos, de los sindicalistas, de nadie más, y por lo tanto actúan en consecuencia.
Está sucediendo con la decisión del gobierno de autorizar a operadoras de TV por cable para que vendan Internet.
Enseguida salieron los que entienden que eso es un vil ataque a Antel, que hasta ahora tenía el monopolio de ese negocio. Vuelve la retórica de que se toman decisiones propias del neoliberalismo,
Diputado del Partido Nacional de un gobierno hambreador que defiende los intereses de la oligarquía. Ni por un minuto son capaces de considerar que el gran beneficiado es quien usa estos servicios. En otras palabras, la gente. Ella ahora podrá elegir el que le guste más. Y que para que el cliente (porque eso es lo que es) elija bien, todos (incluido Antel) deben esforzarse para ofrecer el mejor servicio.
Esta decisión del gobierno cumple con un fallo de la Suprema Corte de hace algunos años, cuando el Frente Amplio todavía estaba en el gobierno. Por lo tanto, gustará o no, pero esto había que hacerlo y de haber sido reelegido el Frente también hubiera debido adoptar la misma medida. Además, como bien dijo el presidente Luis Lacalle Pou, ella “beneficia al consumidor, a la competencia”. Pero claro, eso es lo que los conservadores de izquierda rechazan: la competencia. Temen que ella desnude su propia incompetencia para manejar, como responsables y como trabajadores, una empresa estatal. Que los obligue a trabajar mejor, a ser más eficaces. Sin competencia, cualquiera gana.
Cuando hace unos años se desmonopolizaron los seguros, sindicatos y dirigentes de izquierda pronosticaron el fin del Banco de Seguros del Estado. Sin embargo, éste debió ajustarse a una nueva realidad y más allá de algunos sacudones iniciales, salir adelante. Mientras esto ocurría, la gente era libre de elegir qué seguros tomaba.
¿No es esa la mejor alternativa? Hace unos meses similar ruido se había generado cuando la Ley de Urgente Consideración (LUC) incluyó el concepto de “portabilidad numérica”. Esto implicaba que si un cliente quería que otra empresa le brindara su servicio de teléfono celular, podía mantener su número. La medida apuntaba a la comodidad del cliente, no a la de la empresa. Mucha gente había querido pasarse a otro servicio, pero no lo hacía porque eso implicaba un número nuevo y por lo tanto, volver a recrear todos sus contactos como si empezara de cero.
La ley se hizo pensando en la gente, en los usuarios, en los clientes, no en las empresas. Y estaba bien que así fuera.
Sin embargo, tanto el sindicato como el Frente Amplio salieron al cruce de esa medida, argumentado que eso le haría enorme daño a Antel.
¿Tan poca fe le tenían esos sindicalistas a la empresa donde trabajaban, a su propio trabajo en ella?
“El Frente Amplio se rasga vestiduras por Villa Española pero esconde avasallamiento de Orsi en Parque del Plata.” Alfonso Lereté
Esta decisión del gobierno cumple con un fallo de la Suprema Corte de Justicia de hace algunos años. Gustará o no, pero esto había que hacerlo y de haber sido reelegido el Frente también hubiera debido adoptar la misma medida.
Si una empresa no puede abandonar su protegido monopolio y enfrentar la competencia, es porque es frágil, porque no está bien concebida, es cara y no funciona bien. El temor de los sindicalistas dejaba en evidencia un dato curioso: ellos parecían conocer bien una supuesta realidad de Antel y de algún modo estaban reconociendo que la forma en que trabajaban sus afiliados en dicha empresa no satisfacía a sus clientes, que si no se pasaban a otra empresa era porque los inconvenientes para hacerlo eran demasiados. Eliminadas esos inconvenientes era inevitable un masivo éxodo a la competencia.
No sucedió. La ley no fue derogada, la portabilidad numérica se impuso, mucho gente se cambió, pero no en perjuicio de Antel.
Tal vez sus clientes le tenían más confianza a la empresa estatal que quienes trabajan en ella.
En definitiva, y esto es lo que importa, la LUC no pretendía privilegiar a la empresa pública a costa de perjudicar a sus clientes, sino que quería beneficiar a los uruguayos para que fueran libres en sus decisiones respecto a que servicio elegir. Es lo que un gobierno debe hacer: pensar en la gente.