Marinos muertos en el Cerro: asesino irrumpió por la puerta
Jefe de la investigación lo señaló en expediente sobre triple crimen
Después de dos años del triple crimen de los marinos en el puesto de guardia “La Antena”, el misterio de cómo ingresó al lugar el homicida, el exmarino Jonathan Bragundi, se develó.
Horas después de ser capturados, Bragundi relató a la fiscal de Homicidios, Mirta Morales, que ingresó al puesto de guardia por la ventana del baño, sustrajo el arma del infante de Marina, Juan Manuel Escobar Acosta, quien dormía, y luego caminó hasta la sala del puesto. Allí sorprendió a los otros dos militares, Alan Rodríguez y Alex Guillenea y los ultimó a tiros. Regresó rápido a la habitación donde se encontraba Escobar Acosta y lo asesinó con seis disparos casi a quemarropa.
“Eran ellos o yo”, dijo Bragundi, quien fue condenado a 29 años y seis meses de cárcel por los homicidios.
A pedido de familiares directos de Escobar Acosta, los abogados Guillermo Chiribao y César Enrique Silva iniciaron, el 26 de noviembre de 2020, una demanda reclamando al Ministerio de Defensa US$ 290.000 por daño moral y $ 11,4 millones por lucro cesante, unos US$ 240.000.
El 28 de octubre de este año, el juez de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno, Gabriel Ohanián, condenó al ministerio a pagar US$ 150.000 a la familia por entender que existió responsabilidad en el hecho del Ministerio de Defensa. Para el magistrado, no hubo recorridas ni comunicaciones durante nueve horas entre el puesto de guarida “La Antena” y la central de Infantería de Marina.
El Ministerio de Defensa apeló el fallo de Ohanián señalando que la responsabilidad corresponde a un hecho de las víctimas y no del Estado.
Argumentó que, por ejemplo, el marino Escobar Acosta debía tener su arma lista para disparar mientras dormía y evitar así que Bragundi les sustrajera la pistola Glock con la que mató a Guillenea, a Rodríguez y después a él.
Luego el abogado del Ministerio de Defensa brindó una información desconocida hasta el momento: las recorridas o comunicaciones hacia el puesto de guardia “jamás hubiesen impedido el desenlace final si partimos de la base que los propios infantes fueron los que permitieron el ingreso a un agente externo y ajeno a la función, todo esto en contravención con las obligaciones impuestas por mi mandante (la Armada)”.
Ante la jueza penal de 44° turno, Diovanet Olivera y la fiscal Mirta Morales, el encargado de la investigación y director de la Dirección de Hechos Complejos, Antonio da Silva, dijo en audiencia: al llegar al puesto de guardia “se observa que la puerta no estaba forzada ni la ventana”. Y agregó que ese detalle para los investigadores indica que el único medio para ingresar “fue el haberle franqueado el acceso” a Bragundi.
El jerarca policial expresó que el equipo investigador manejaba una información de un hecho ocurrido en el 2019 donde una persona apodada “el Siberiano” había escrito en Facebook su interés por robar las armas a los militares que estaban en el puesto “La Antena”. Por eso el entonces comandante de Infantería de Marina, Marcos Saralegui, dispuso un refuerzo de la guardia —pasaron a ser de dos a tres— y ordenó la aplicación de un protocolo con llamadas periódicas y recorridas entre el puesto y la central de la Infantería de Marina.
En su respuesta a la apelación realizada por el Ministerio de Defensa, los abogados Chiribao y Silva, en representación de la familia de Escobar Acosta, afirmaron que no en vano se había dispuesto reforzar la guardia.
“Pero por sobre todo y quizá trascendiendo el punto de vista jurídico y apelando al sentido humano, es reprochable por ofensiva la teoría que ensaya el Estado para irresponsabilizarse”, sostuvo el escrito de ambos abogados penalistas.