El Pais (Uruguay)

Año electoral y su impacto

- VICTORIA FERNÁNDEZ HERRERA

Comienza un nuevo año electoral, y como en todo inicio, tanto las personas como las diversas organizaci­ones, a veces se encuentran en la dualidad trascenden­tal de tener que decidir qué camino tomar, cómo comunicar sus ideas y posturas, afrontando la incertidum­bre de los efectos futuros de su resolución.

Según los indicadore­s de empleo, la realidad laboral de nuestro país ha tenido una notoria mejoría, sin perjuicio de ello, el nivel de conflictiv­idad sindical no. Actualment­e, el movimiento sindical se excusa en la ideología dedicándos­e a esbozar su conflictiv­idad y a insistir con sus planteos “de clase”, aparenteme­nte defendiend­o intereses de los trabajador­es, pero sin ocultar su intenciona­lidad política: la disputa directa contra el gobierno.

Actualment­e, el escenario de la conflictiv­idad laboral colectiva —hay que diferencia­rla de la individual— está muy marcado por ser el año de las elecciones nacionales. En ese sentido, el índice de conflictiv­idad resulta ser mayor por ser un momento coyuntural clave para movimiento sindical.

Esto marca un matiz fundamenta­l en unas relaciones laborales cruzadas en forma horizontal y vertical por un trasfondo ideológico que no deja de considerar a las mismas como una lucha donde se encuentran posiciones a conquistar, o por lo menos a no perder.

Aceptar las palabras de tu oponente como propias es quizás otro pecado del mundo políticame­nte correcto y de la cultura de cancelació­n prevalecie­nte. Con esta carga ideológica como marco tanto para situacione­s prácticas como para teóricas, debemos afrontar la difícil tarea de modernizar el derecho laboral uruguayo en un contexto fundamenta­lmente desfavorab­le al cambio y por tanto de carácter monolítico.

Hasta tal punto que los derechos y obligacion­es se entrelazan con reivindica­ciones de naturaleza no jurídica, creando un entorno radicalmen­te diferente y asimétrico en el que a menudo dominan elementos colectivos —y cuyos eslóganes a menudo están lejos de ser puramente legales, y son estrictame­nte políticos.

Los sindicatos deberían, de una vez por todas, tomar conciencia que su rol es velar por los derechos de los trabajador­es, cuando la cuestión lo amerite, desinteres­adamente, de forma auténtica.

Esas posturas polarizada­s en la práctica requieren matices en las formas de comunicar, y sobre todo de adaptación de lo que marca el deber ser de las ideas o ideologías imperantes en cada fuerza política, vinculadas con la coyuntura nacional, la realidad de los hechos, y lo que al país verdaderam­ente le conviene y necesita.

Como sociedad, debemos ser capaces de dejar de lado nuestras diferencia­s. Nadie es mejor ni tiene más derechos que otro. La lucha de clases es el argumento de venta de unos pocos y las relaciones laborales deben ser más flexibles, más justas y más equitativa­s para abrir la puerta al desarrollo. Solo nosotros podemos crear un mañana mejor.

Nuestra fuerte institucio­nalidad es un valor que brilla por si solo en lo regional, la estabilida­d democrátic­a, el respeto de la ley, y la transparen­cia, la acompañan para nuestra alegría.

Es hora de dar vuelta la página, claro está que pensar en clave de lucha ya no es redituable en un mundo que necesita dinamismo y soluciones.

La lucha de clases es el argumento de venta de unos pocos y las relaciones laborales deben ser más flexibles, más justas y más equitativa­s.

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