Reforma previsional
Santiago Pérez Bentancort | Montevideo
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En las elecciones generales de este año, el plebiscito de la reforma previsional será más importante que las propias elecciones. Para entender esto conviene que el votante promedio tenga un conocimiento básico de la economía detrás del sistema previsional de reparto, propuesto por el Pit-cnt, y los sistemas de pensiones privados.
La reforma consistiría en fijar en 60 años la edad jubilatoria, igualar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional y eliminar las AFAP. Algunos de los tantos problemas que el economista Hernán Bonilla, presidente del CED, destacó de la reforma son la prohibición del ahorro individual, el necesario incremento de la presión fiscal, el aumento del déficit público y la consecuente inestabilidad macroeconómica que pondría en riesgo el grado inversor de Uruguay.
Asimismo, el economista Ignacio Munyo, director ejecutivo del Ceres, sostiene que la propuesta “interrumpe toda la energía que tiene el Uruguay para avanzar”. Concuerda que el inminente aumento de los gastos por mayores pasividades tendría un impacto negativo en materia de mayores impuestos y mayor déficit público a niveles insostenibles.
Es fundamental entender la importancia del ahorro privado para el bienestar económico. Una mejor calidad de vida requiere mayor y mejor disponibilidad de bienes y servicios, para lo cual es necesario mayor inversión en bienes de capital. Las inversiones eficientes requieren de ahorro previo que haya sido generado de manera genuina por privados y que sea administrado en un marco de libertad y propiedad privadas.
La icónica frase del profesor Miguel Anxo Bastos ilustra este único camino viable para el crecimiento económico: “capitalismo, ahorro y trabajo duro”. La reforma propuesta por el Pit-cnt ataca estos tres pilares, proponiendo que el denominado “sistema de reparto” del BPS sea único, aplicándose coactivamente.
El canciller alemán Otto von Bismarck, primer partidario del sistema de seguridad social basado en el reparto, lo había dejado claro en la década de 1880: el objetivo de este sistema es volver a las personas dependientes permanentemente del Estado. El camino de la seguridad social es un camino de servidumbre que lleva a la pobreza.
En palabras del profesor Jesús Huerta de Soto, la seguridad social ni es segura ni es social. No es segura, debido a que no hay ninguna garantía jurídica de que el día de mañana se vayan a percibir las jubilaciones prometidas. Tampoco es social, debido a que hay contribuyentes con salarios comparativamente bajos que aportan a las jubilaciones de contribuyentes con salarios más altos.
La única solución a las crisis del sistema de seguridad social es acabar con el sistema de reparto e instaurar un sistema de previsiones completamente privado. Algunos críticos pensarán que es acabar con el Estado del bienestar, pero es devolverle la responsabilidad de las jubilaciones a los ciudadanos.
El problema de la transición a un sistema previsional privado es intrageneracional: habrá una generación de contribuyentes que tendrá que pagar dos veces. ¿Estará dispuesta dicha generación a hacerlo? Increíblemente, la historia y la experiencia de otros países han demostrado que sí.
El caso del Reino Unido en los años 1970, por ejemplo, no estará tan cerca de la realidad actual de Uruguay, pero sirve de ejemplo para ilustrar que las personas podrían estar dispuestas a seguir aportando a la seguridad social a cambio de permitirles retirar su parte correspondiente, siempre y cuando estén plenamente informadas. Para ello se requerirá una eficiente ingeniería financiera y una amplia educación, además de reformas estatales e impositivas que amortigüen el efecto sobre el costo de vida.
La importancia del resultado del plebiscito de la reforma previsional se resume en sus efectos a largo plazo para el bienestar económico individual y la coyuntura macroeconómica y financiera de Uruguay. Queda en evidencia que hace falta mucho trabajo para consolidar un sistema previsional eficiente, a sabiendas que las reformas necesarias son políticamente incorrectas pero garantizadoras de un futuro económico mejor.