El “plan único” de reestructura de deudas y “lo que vendrá después”
Diez días después de lanzado el plan de reestructura de deudas al consumo, las consultas suman 316 mil y se han pactado más de 44 mil acuerdos de refinanciación por 34 mil personas. A su vez, 110 mil deudas de menor porte se eliminaron. La iniciativa de la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito (ANEAC) y de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), “es una oportunidad única”, asegura Bárbara Máinzer, Directora Ejecutiva de ABPU. A la hora pactada para la entrevista, el feriado del 18 de julio, Mainzer estaba cerrando los términos de un acuerdo con el clearing mientras evacuaba dudas a otros actores e interesados en acceder al sistema. “Está funcionando todo muy bien —asegura— y es una gran oportunidad para empezar a hacer cambios en el mercado financiero”. Se refiere a dar un fuerte impulso a la educación financiera, pero además modificar la categorización de los deudores en el sistema. Asume también que “hay cosas en el mercado que no están bien”, cuando se le pregunta sobre información engañosa al consumidor u hostigamiento de los estudios que persiguen deudores. Le entusiasma pensar en que “mucha gente se sume al plan y pocos reincidan”. A continuación, un resumen de la entrevista.
—¿Qué valoración hacen de los primeros días del plan?
—Muy positivamente. Más de 316.000 personas ingresaron a la página, disponible 24 horas; más de 34.000 personas reestructuraron unas 44.000 deudas. Esto muestra la vocación y la voluntad de la gente por pagar, pero también que la gente se dio cuenta que es una oportunidad única y lo tienen que aprovechar.
Las deudas que se eliminaron, por ahora, son casi 110.000. Paralelamente, más de 80% de aquellos que reestructuraron hasta el momento tienen deuda con una sola institución. Hay un importante número de deudas menores a 20.000 pesos y un 96% de las cuotas son menores a 5.000 pesos. De ellas, la gran mayoría es menor a 2.000 pesos, dado que se buscó ofrecer un número de cuotas que permitiera que el valor de cada cuota sea accesible. El 60% de las cuotas elegidas son menos de 6, y sólo 8% de las refinanciaciones fueron en más de 18 cuotas. Hasta el momento, supera nuestras expectativas.
—¿Cómo nació esa iniciativa?
—A mediados del pasado año, me llamó telefónicamente Alejandro Grasso, presidente de ANEAC y me contó que tenía esta inquietud. Después de la pandemia, Grasso estaba preocupado por la forma en que había crecido la morosidad en las compañías de créditos al consumo y entendía que había que hacer algo. Yo hacía poco que había asumido como directora ejecutiva de ABPU; me pareció una muy buena idea. Poco después nos reunimos con el presidente del BCU, Diego Labat, que nos comprometió todo su apoyo. También se sumó el respaldo de Defensa del Consumidor, del MEF. A partir de ese momento, empecé a llamar a los demás bancos y a los estudios que compran carteras de créditos, invitándolos a participar. Teníamos que juntar muchas cabezas, estar todos en esta iniciativa. En el caso de los bancos está la menor parte de las carteras de créditos al consumo, pero era importante que estuvieran en una solución de esa magnitud, por poco que significara para sus carteras.
—La población más vulnerable, generalmente no toma créditos bancarios…
—Exacto, el porcentaje es ínfimo. Los créditos que otorgan los bancos son de mayor cuantía en promedio y a población con mejor calificación crediticia. Y eso se refleja en la morosidad: en crédito al consumo, los bancos tienen una morosidad promedio de 3%, y en las financieras es casi diez veces más.
—¿Cómo se dio el ingreso de los estudios que compran carteras?
—Los adherentes a la propuesta son los bancos y las financieras. Entre los estudios especializados en gestión de deudores morosos, logramos sumar a tres de los más importantes, pero no como adherentes. Se sumaron, pero no son firmantes del acuerdo original. Y si bien debieron ajustarse a la propuesta de reestructura que planteamos como general, hay una diferencia en las deudas que eliminan. Mientras bancos y administradoras eliminan deudas menores a cinco mil pesos, ellos lo hacen con deudas menores a mil pesos.
—¿Qué vínculo tiene una propuesta de estas características con la iniciativa de Cabildo Abierto sobre “deuda justa”?
—Nosotros nos manejamos por fuera del ruido político. Hay preocupación sobre este tema desde hace mucho tiempo. En un país donde a nivel macro no hay problemas de sobreendeudamiento, es claro que existe un enorme problema a nivel de ciertas personas y familias, las más vulnerables.
No nos olvidemos que el negocio financiero pasa por poder prestar y cobrar, no por intereses imposibles de pagar y tener deudas incobrables. La oportunidad es ahora porque se logró coordinar con todos y además, muy importante, estamos en condiciones de desplegar medidas que ayuden a que esto sea una solución y no un parche. Además, esto no se acaba aquí…
—¿Qué quiere decir?
—Vamos a anunciar otras medidas complementarias. Es muy buena cosa que, como ya ha anunciado ANEP, Uruguay comience a adoptar la educación financiera a escala nacional en el sistema educativo. Las instituciones financieras vamos a apoyar y participar en todo.
Por otra parte, estamos haciendo cambios en el reporte al clearing y también a la central de riesgos del BCU. Cambios que permitan que, cuando la persona empiece a pagar, eso se refleje en la calificación. Que pueda pasar a una categoría de refinanciado con retraso, y cada cuota que se pague se pueda ver en su calificación. Que sea un incentivo, y que además comience a recuperar su vínculo con el sistema, por ejemplo acceder a una garantía de alquiler.
—Usted ha asegurado reiteradamente que es una oportunidad única. ¿Está realmente convencida de eso?
—Tiene que ser así. Tenemos que ser muy consistentes con que el 15 de noviembre se termina, definitivamente. Si dejamos alguna duda acerca de una posible extensión, u abrir otro período, estamos incentivando a que no se pague. Ese es un comportamiento que no podemos permitir, porque ahí sí, deterioramos el mercado de crédito.
—Ahora, ¿con estas medidas no están cambiando los contratos, tal como se le señala a la iniciativa de Cabildo Abierto?
—De ninguna manera. No cambiamos los contratos. Acá se llegó a una solución donde se focalizó en una población muy estudiada, con una coordinación muy importante, respetando el orden jurídico y no generando un problema en el mercado de crédito. No hay cambio las reglas del juego: una parte, el acreedor, le propone al deudor cambiar la forma de pago, y el deudor acepta o no. No se impone nada a nadie, es de común acuerdo entre partes elegir la forma en que se refinancia la deuda. No es lo mismo. Una cosa es una solución consensuada y otra diferente una solución impuesta, que termine haciendo daño.
—Un elemento que notoriamente no está en esta solución es topear las tasas…
—De ninguna manera. Cuando uno mira el contexto internacional, países similares a Uruguay tienen el mismo problema de endeudamiento y peor. ¿Qué país no tiene el problema que tenemos nosotros? Colombia, que puso topes de tasas, por ejemplo. ¿Qué hizo? En el mercado formal sólo se presta a la gente buena calificación crediticia y todo lo demás se desplazó al mercado informal, que tiene otras tasas completamente diferentes y otros métodos de pago completamente distintos. Fue un descalabro. La evidencia en ese sentido es abrumadora. Es importante ver que, medidas de este tipo, de corte populista, no tienen prácticamente apoyo entre los profesionales de la economía y tampoco a nivel parlamentario.
—Pero es cierto que en el país las tasas de interés son muy altas.
—Son muy altas, sin duda. Pero tienen una explicación. Generalmente se ven en las financieras. Es muy común ver morosidad de más de 30% en las compañías de crédito al consumo; una morosidad de ese nivel precisa una tasa de 43% sólo para recuperar el capital en términos nominales; a eso hay que sumarle el costo operativo, que en créditos chicos pasa a ser muy alto, puede ser hasta 30 puntos de crédito de sobre el monto prestado. Además, el capital tiene un costo de fondeo, fácilmente de 10, 12%. Agreguemos los impuestos. Estamos en un nivel altísimo, sin haber puesto ningún porcentaje de rentabilidad aún. No es tan fácil como decirlo.
—¿Qué hacer para que esas tasas no sean tan onerosas? —Lo que pasa es que las tasas altas son la consecuencia de otro problema y no la causa. Ese problema es la fragilidad del empleo, ingresos bajos e inestables.
El otro problema que está detrás, como ya lo hablamos, es la falta de educación financiera. Desde las instituciones financieras, sobre el empleo no podemos trabajar, pero sí sobre la educación y las oportunidades. Eso es lo que intentamos hacer.
Sabemos que hay gente que quizás se sume a esta iniciativa pero en poco tiempo vuelva a reincidir. Lamentablemente. Hay personas que toman crédito de buena fe y luego, situaciones inesperadas, los dejan fuera. Apostamos fervientemente a que una parte importante de las personas no reincidan y esa va a ser la medida del éxito de este plan, que muchos refinancien y muchos no reincidan.
No cambiamos los contratos: una cosa es una solución consensuada y otra una impuesta, que termina haciendo daño.