Reducción del encarcelamiento a través de reformas legales

En las Reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes, conocidas como las “Reglas de Bangkok”y aprobadas en 2010, se reconoce que “cierto número de mujeres delincuentes no plantean un riesgo para la sociedad y que, como ocurre en el caso de todos los delincuentes, su encarcelamiento puede dificultar su inserción social”. La regla 57 enfatiza la necesidad de “elaborar medidas opcionales y alternativas a la prisión preventiva y la condena, concebidas específicamente para las mujeres delincuentes, teniendo presente el historial de victimización de muchas de ellas y sus responsabilidades de cuidado de otras personas``.

En el marco de la implementación de esas Reglas, en 2011 Costa Rica revisó su ley nacional de drogas para integrar en ella una mayor proporcionalidad de las penas y una perspectiva de género. Así se redujo la duración de las penas de cárcel entre las mujeres vulnerables acusadas de introducir drogas en prisión. La reforma no solo las benefició a ellas, sino a toda la familia, garantizando penas más proporcionales: de 3 a 8 años de prisión, cuando sea autora o participara en la introducción en establecimientos penitenciarios de sustancias tóxicas y cumpliera una o varias de las siguientes condiciones: se encontrara en condición de pobreza, sea jefa de hogar en condición de vulnerabilidad; tenga a su cargo personas menores de edad, adultas mayores o con cualquier tipo de discapacidad que signifique dependencia; sea una persona adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad.

Antes de la reforma, las personas detenidas y condenadas por delitos relacionados con drogas recibían penas de 8 a 20 años de prisión.

De las 780 mujeres encarceladas, 511 –un 66% de la población carcelaria femenina– estaban privadas de libertad por infracción a la Ley de Psicotrópicos. Alrededor de 150 (una cuarta parte) cumplían sentencias por introducción de drogas a un centro penitenciario. De este grupo, el 24% tenía entre 18 y 25 años y el 39% entre 25 y 35, es decir, la mayoría eran jóvenes. El 95% manifestaron tener hijos e hijas a cargo sin el apoyo paterno. Su encarcelamiento estaba creando una ruptura significativa del lazo familiar y comunitario. Posteriormente a la aplicación de la reforma, las mujeres encarceladas por introducción de drogas a un centro penitenciario fueron liberadas paulatinamente. Todas ellas compartían el mismo perfil social y educacional: la mayoría tenía escasa o nula escolaridad, procedían de contextos marginados con una falta de oportunidades tanto educativas como laborales, sin posibilidades de obtener buenos empleos.

Al salir de la cárcel muchas de ellas se integraron a un programa innovador de apoyo social –la“Red Interinstitucional”que busca la restitución de los derechos vulnerados de las mujeres vinculadas con el sistema penal.